Quedó pendiente la aprobación de una nueva Ley de la Radio y la Televisión, o de reformas a la ley vigente para el próximo período de sesiones. Y es que desde hace un año, se inició el análisis sobre el tema con la encomienda de revisar la legislación actual, las propuestas presentadas en los distintos foros celebrados a lo largo de los últimos nueve años, así como las distintas iniciativas.
Al interior de la fracción del Partido Revolucionario Institucional se conformó un grupo de trabajo para sistematizar la información y comentarios agrupados en 14 grandes temas: principios, jurisdicción y competencia; órgano regulador, régimen de concesiones y permisos; democratización de tiempos de Estado, tiempos políticos, participación social, reglas de competencia económica, seguridad jurídica, derechos de trabajadores de la radio y la TV; medios electrónicos públicos y ciudadanos, programación y contenidos; sanciones, y nuevas tecnologías.
De lo anterior se obtuvieron 37 grupos de observaciones, opiniones y propuestas, concentrándose la mayoría en el órgano regulador, los derechos de la ciudadanía ante los medios y principios fundamentales. Dado que el organismo descentralizado propuesto por un grupo ciudadano y apoyado por algunos senadores, se considera que restaría funciones a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL), la controversia es porque se propone con autonomía plena un Consejo Nacional para la Radio y Televisión, con cinco consejeros, calificándolo de inconstitucional.
Esta propuesta que se buscó se aprobara en diciembre pasado, señalaba el aumento de 30 a 60 minutos por estación al día de 06:00 de la mañana a 12:00 de la noche, como bolsa de tiempos de Estado, lo cual se ha considerado que afectaría a las empresas en sus ingresos. Al no haber consenso y aunque no hay quien se oponga a la necesidad de hacer una nueva ley ya que la actual data desde 1960, se sabe que en más de 40 años hay muchos cambios considerables de valorar, por lo que el Senado se comprometió a legislar la materia, pero sin la premura de días para negociar las posiciones.
Vemos otra diferencia entre quiénes opinan que se requiere restringir los contenidos de la programación y publicidad para evitar antologías de la violencia, y quiénes se oponen, consideran que no se puede limitar los contenidos sino que los horarios de transmisión puedan ser modificados y garanticen la protección de la infancia ante el bombardeo de violencia o de reproducción de estereotipos discriminatorios.
Esta última postura tiene una doble lectura, porque se le asigna al medio un papel de árbitro de evaluación de daños, de conocer cuándo la comunidad debe ser informada y cuándo no, además de quién debe ser protegido y quién no, lo que da la doble lectura, ya que por un lado aparece como una protección y autocensura selectiva de las informaciones.
Debido a que es un tema muy complicado y resbaladizo, incluso, desde el análisis de la ética periodística. Todo el que ha participado en el periodismo se ha visto permanentemente afectado por ese dilema: en qué momento algo es lícitamente noticia y en qué momento la noticia puede ser el vehículo de un juego determinado de intereses, en qué medida la gente tiene derecho a estar informada y en qué momento al ejercer ese derecho de informar a la gente se está trasgrediendo y violentando otros derechos igualmente legítimos.
Hay quienes opinan que como los grupos de poder económico y político han dictado las reglas, tanto en lo referente a medios como en la publicidad, sin considerar las necesidades e intereses de los grupos sociales que conforman la nación, ni el desarrollo integral del país, existe el temor de que ante la carencia de una política nacional de comunicación democrática, conlleve al aumento de la privatización trasnacional del desarrollo de las comunicaciones.
Por lo que se ha solicitado que las políticas sean trasparentes, racionales, participativas y democráticas como condición fundamental para el cambio en todas las comunicaciones, incluyendo las nuevas tecnologías, la informática, telecomunicaciones, microonda, satélites, cable, fibra óptica, televisión y video.
Como vemos, el asunto puede ser visto desde diferentes puntos, e intereses de las partes, conviene repensar el tema en abstracto y tomar una postura en general.
*Senadora e integrante de la Comisión de Equidad y Género y de la Comisión Especial que dará seguimiento a los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez.
2005/LS/SJ
