Los delitos cometidos contra las mujeres, las y los indígenas, la juventud y la niñez centroamericana casi nunca son denunciados pese a ser origen de la inseguridad que vive la región, la más violenta en el mundo a excepción de los países en guerra, ya que registra por lo menos 33 homicidios por cada 100 mil habitantes.
Así lo detalla un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) titulado «Abrir espacios a la seguridad ciudadana y el desarrollo»: de acuerdo con el texto, esta «invisibilización» de la inseguridad tiene origen en la discriminación social, pues el hecho de ser mujer, joven o indígena condiciona las oportunidades y la forma de actuar en sociedad.
En cuánto a la violencia contra la mujer, los estudios realizados en la región concluyen que dos de cada tres mujeres son asesinadas por razón de género, indica el documento.
De acuerdo con el estudio, el silencio en torno a estos delitos se debe en mucho a que la idea común de inseguridad ciudadana se refiere al crimen «ordinario» que sucede «en la calle», mientras que la violencia contra las mujeres ocurre, principalmente, en el hogar, dentro del ámbito de la vida privada.
Por otra parte, si bien los pueblos indígenas de América Central generalmente registran tasas de criminalidad menores que las del resto de la población, la inseguridad que experimentan provienen de los procesos históricos de expropiación de la tierra y de la violencia selectiva que sufrieron en varias naciones, entre ellas Guatemala.
Los problemas que afectan a las minorías indígenas de América Central tienen que ver con su ubicación en territorios donde la ausencia de Estado da pie a expresiones singulares de criminalidad, señala la publicación.
Por otro lado, la inseguridad de las y los jóvenes centroamericanos es dramática; la probabilidad de que una joven o un joven sea víctima de homicidio es 30 veces mayor en esta región que en Europa y 70 setenta veces superior a la de países como Grecia, Hungría, Inglaterra, Austria, Japón o Irlanda.
A esto se unen los delitos contra la infancia: muchos de las y los niños son víctimas de abusos delictivos acerca de los cuales existe poca conciencia. Ellas y ellos padecen un grave déficit de protección social: viven violencia en la calle, por abuso de las autoridades, y en el hogar. Los registros estadísticos sólo muestran los casos más violentos, mientras que los abusos físicos, emocionales o psíquicos quedan ocultos.
09/YT/LGL
