Inicio Centros comunitarios del DF no deben privatizarse: madres de familia

Centros comunitarios del DF no deben privatizarse: madres de familia

Por Narce Santibañez Alejandre

Las madres de las comunidades más marginadas de la Ciudad de México hacen uso de los Centros Comunitarios para que sus hijas e hijos puedan acceder a la educación preescolar, pero también para que ellas puedan trabajar, por lo cual es prioritaria su existencia y el reconocimiento oficial de esos estudios, mediante la publicación del Acuerdo 358 que hace obligatoria la educación preescolar para toda la niñez mexicana.

Así lo señaló hoy Leticia Chávez, representante de la Coordinadora Popular de Madres Educadoras, durante una conferencia de prensa convocada por la Red de Centros Comunitarios, la Red de Estancias Infantiles en Tierra Firme, Red Conecuitlani, Red Iztapalapa y Red Acampicht, para solicitar a la Secretaría de Educación Pública (SEP) que reconozca sus estudios de preescolar sin que tengan que convertirse en privadas, ya que el modelo es un proyecto comunitario sin fines de lucro.

Los Centros atienden principalmente a hijas e hijos de mujeres que perciben uno o dos salarios mínimos y que necesitan servicio de guardería. Estás madres perciben el salario como vendedoras ambulantes, trabajadoras de autoservicios o trabajadoras del hogar.

Alejandra Aguilar Hernández, maestra comunitaria de Magdalena Contreras, con 25 años de experiencia en el Centro Comunitario Macarena, señaló que sólo piden una cuota de recuperación de 20 pesos –que incluye alimentación– , ya que las mamás de esa zona principalmente se “dedican a lavar y planchar, son de escasos recursos”.

El Centro Comunitario Macarena, así como los otros centros, dan servicio de 8 de la mañana a 6 de la tarde, lo cual permite que las mamás puedan salir de sus trabajos, “porque las escuelas oficiales sólo laboran en dos turnos de tres horas”, enfatizó Alejandra.

NO A LA PRIVATIZACIÓN

Sin embargo, a 11 días de que inicie el ciclo escolar, 13 mil menores de edad –55 por ciento niñas— de los Centros Comunitarios no tienen garantizada la certificación de sus estudios de preescolar, pues dicha certificación la otorga la SEP para escuelas particulares, lo cual es contrario a lo que hacen las madres educadoras, pues ellas no pretenden lucrar con la educación.

Por eso exigen la publicación del Acuerdo 358, que establece dicha obligatoriedad y la certificación de los Centros Comunitarios, ya que quedaban fuera de la Ley y consiguieron estar inscritos al Programa Especial 2005-2009 del Distrito Federal, por lo cual están pidiendo que se prorrogue un año más.

Leticia Chávez destacó que la SEP no cuenta con la infraestructura para atender la matrícula total del preescolar del país, por tal, quedó sin efecto el decreto de 2002, que obligaba en 2008 cursar los tres grados de educación preescolar. Además, en 2007 la SEP recomendó a la Cámara de Diputados posponer la entrada en vigor de dicha reforma.

De esa forma, las madres de menores recursos económicos tendrían garantizada la educación para sus hijas e hijos, mediante una aportación económica adecuada con sus posibilidades, pues “el costo de los servicios particulares es de 180 pesos sin alimentos, puntualizó Leticia Chávez.

Es por ello que las más de 200 mujeres educadoras comunitarias reunidas en la Plaza Santo Domingo hoy exigieron la no privatización de los Centros Comunitarios, pues afectaría el derecho a la educación y afectaría a las madres trabajadoras.

CUMPLIERON CON LA SEGURIDAD

El ciclo pasado, 80 por ciento de estos Centros cumplieron con los requerimientos que marcó la SEP en materia de seguridad y adecuación de espacios físicos. Realizaron también avances en la certificación de la planta docente a través del Centro Nacional de Evaluación Educativa (Ceneval) o de la Universidad Pedagógica nacional, lo cual se logró con los propios recursos de las comunidades.

Después del acto, las representantes de las madres educadoras Leticia Chavéz y Teresa Córdova, entregaron sus demandas a la SEP, con una carta dirigida a Alonso Lujambio, secretario de Educación, donde exigen que no cierren los Centros Comunitarios en Iztapalapa, como pretenden las autoridades de la SEP, pues se afectarían 3 mil niñas y niños.

Para que no ocurra eso, detallaron las madres educadoras, tendrían que habilitar 116 aulas, es decir 19 planteles para el 24 de agosto, requerimiento imposible de cumplir.

También solicitan que el Consejo Nacional del Fomento Educativo (CONAFE) sea el órgano que regule la educación comunitaria y amplíe sus facultades para que llegue a comunidades marginadas y rurales.

Asimismo, demandan la asignación de un proyecto especial con recursos suficientes para apoyar el fortalecimiento de los centros comunitarias, como lo hace América Latina, Asia y Europa, que sí tienen estrategias de políticas públicas para la educación comunitaria.

09/NS/GG

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