Cerca de 10 mil 300 violaciones sexuales contra mujeres y niñas

En el estado de Veracruz, entre 2010 y 2015, se registraron al menos 10 mil 295 violaciones y otros delitos sexuales en contra de mujeres y niñas, sin que ninguna de las víctimas accediera al derecho al aborto legal.
 
Según el informe que elaboró el Grupo de Trabajo que investigó la violencia feminicida en la entidad como parte del análisis para una eventual declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) –cuya solicitud se presentó en septiembre de 2015–, 487 niñas de entre 10 y 14 años de edad parieron en Veracruz.
 
Es por ello que el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y las organizaciones Equifonía, Xochiquetzal, Akelarre y Las Libres llamaron al Congreso estatal a no condenar a mujeres y niñas a embarazos forzados, que implican tortura, y a generar leyes más protectoras de su vida y salud.
 
Luego de que feministas alertaran de que en breve el Congreso veracruzano podría aprobar, en segunda vuelta, una reforma a la Constitución estatal para “proteger la vida desde el momento de la concepción”, las agrupaciones aseguraron que la propuesta arriesga la vida de mujeres y niñas.
 
En opinión de las activistas, la iniciativa de reforma constitucional al artículo cuarto, presentada por el gobernador Javier Duarte, es un retroceso frente a los avances en materia de Derechos Humanos (DH), en particular de los derechos sexuales y reproductivos.
 
En un comunicado, las organizaciones señalaron que la mayoría de estos embarazos a edades tempranas pudieron ser producto de violación, y hasta la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que las gestaciones en este rango de edad implican un riesgo inminente de muerte.
 
Otro problema grave de violaciones a DH de las mujeres y niñas, destacaron, es la falta de acceso oportuno, efectivo y seguro a servicios especializados de salud, que incluye acceso a la interrupción legal del embarazo.
 
También destacaron que a las niñas y adolescentes se les exigen requisitos adicionales a los legales y por prejuicios de servidores públicos que las criminalizan, a pesar de la existencia de causales que permiten el aborto, la interrupción del embarazo se considera un tema de política criminal y no un asunto de salud.
 
Cuando los servicios de aborto son inaccesibles o las leyes de interrupción del embarazo son restrictivas, el Estado es responsable por la violación de los derechos de mujeres y niñas. México ha suscrito una serie de compromisos internacionales en materia de DH, y su cumplimiento es responsabilidad del Estado, declararon.
 
El pasado 5 de abril, el OCNF, Equifonía y otras organizaciones presentaron otra solicitud de declaratoria de AVG por “agravio comparado”, para denunciar la discriminación, criminalización y falta de acceso a los servicios que vive la población femenina en Veracruz. 
 
Las organizaciones civiles llamaron al Ejecutivo estatal a crear un programa de interrupción legal del embarazo, para garantizar una atención oportuna, adecuada, efectiva e integral para las mujeres y niñas que lo requieran, de conformidad con un marco normativo acorde a los estándares nacionales e internacionales en la materia.
 
16/AGM/RMB