Chiapas debe reparar daño en caso de violencia obstétrica

Mientras el gobernador del estado de Chiapas, Manuel Velasco Coello, promueve su imagen y presume avances en la erradicación de la muerte materna (MM), la familia de Susana Hernández Gómez, mujer de origen tzotzil que como consecuencia de negligencia médica y violencia obstétrica perdió la vida en octubre de 2013, sigue a la espera de justicia.
 
El avance más sustancial que ha tenido el caso es la recomendación 29/2014 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) el pasado 17 de julio, aunque sin notificar a la familia ni a sus representantes legales.
 
No obstante, la respuesta de la CNDH ante la violencia obstétrica “es frágil, no considera a las víctimas, ni las particularidades del caso”, según el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).  
 
El pasado 7 de agosto el gobierno de Chiapas aceptó la recomendación, por lo que a partir de esa fecha tiene seis meses para darle cumplimiento.
 
Utilizando el eslogan de gobierno “¡Vive Chiapas!”, GIRE –representante legal de la familia de Susana– emprendió desde ayer la campaña “¿Chiapasiónate?”, para exigir el cumplimiento de la recomendación y la reparación integral del daño.
 
La campaña también pide que se garantice que el Hospital de la Mujer de San Cristóbal de las Casas (donde perdió la vida Susana) tenga la infraestructura adecuada, personal capacitado y abastecimiento de medicinas para evitar la repetición de los hechos.
 
Chiapas es uno de los tres estados del país con mayor incidencia en MM, registrando 69 casos tan sólo en 2012.
 
LA HISTORIA
 
GIRE informó que el 4 de octubre de 2013 Susana Hernández Gómez, mujer tzoltzil de 26 años y originaria del paraje Cruztón, en el municipio chiapaneco de San Juan Chamula, acudió a ese nosocomio para atender el parto de su segundo embarazo. 
 
Susana fue acompañada de su suegra, Lucía, pero el personal médico la discriminó por no hablar español y finalmente la corrió del hospital. Con ello, toda la familia se vio obligada a esperar afuera del hospital por información sobre el estado de salud de la mujer y el producto.  
 
El personal sanitario –según la información difundida por GIRE–  la mantuvo desnuda y expuesta sobre una camilla a la vista del personal de urgencias y otros pacientes. Susana fue sometida el 5 de octubre a tres intervenciones quirúrgicas sin autorización de ella o su familia: cesárea, salpingoclasia (ligadura de trompas uterinas) y extracción de vesícula.
 
El domingo 6 de octubre Susana regresó a su casa en un ataúd. Sin dar más información durante todo el tiempo que la joven estuvo internada, el personal médico entregó el cuerpo a su familia sin acta de defunción que permitiera saber cuáles fueron las causas específicas del deceso.  
 
Además, el personal médico entregó a la recién nacida sin realizarle los procedimientos indicados, sin limpiar y sin darles las instrucciones para su alimentación y cuidado. Aunque afirmó que estaba en perfecto estado de salud, la bebé tuvo que ser ingresada en una clínica particular, pues esa misma noche presentó complicaciones al respirar y fiebre.
 
Manuel Hernández, padre de Susana y ex alcalde de Chamula, y su esposo, Romeo, presentaron el 15 de octubre de 2013 una queja ante la oficina foránea de la Quinta Visitaduría General de la CNDH en San Cristóbal de las Casas.
 
La CNDH atrajo el caso el 31 de octubre de ese año y el pasado 19 de febrero GIRE presentó una ampliación de queja y opinión técnica del caso ante la Comisión. A ello se sumó la opinión técnica médica del Comité Promotor por una Maternidad Segura en México, que concluyó que la muerte de Susana pudo haberse prevenido.
 
Nueve meses después, sin notificar a la familia ni a GIRE, el pasado 17 de julio la CNDH emitió la recomendación 29/2014, en la que pide al gobierno de Velasco Coello tomar las medidas “necesarias para reparar el daño ocasionado a los familiares de las víctimas”, aunque no especifica cuáles son estas acciones.
 
Además recomienda girar instrucciones para que las y los servidores públicos de la Secretaría de Salud del estado (Ss) garanticen que los expedientes clínicos que se generen se encuentren debidamente integrados y protegidos. 
 
En el documento de apenas 21 hojas se pide implementar programas integrales de educación, formación y capacitación sobre DH, que garanticen el trato digno a personas que habitan en comunidades indígenas.
 
Se encomienda también colaborar con la CNDH en el trámite de la queja administrativa para el proceso disciplinario dentro de la Ss de Chiapas y para tener acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, previsto en la Ley General de Víctimas.
 
Cabe destacar que existen peticiones de la familia que fueron ignoradas por la CNDH, como que el gobierno realice un pronunciamiento público reconociendo su responsabilidad por las violaciones a DH.
 
Cabe recordar que GIRE ha denunciado con anterioridad que la CNDH es “indiferente” ante los casos de violencia obstétrica, y que tiene “poca transparencia” en la forma en que da cumplimiento a sus recomendaciones.
 
Pese a ello se exige (mediante una campaña en redes sociales) al gobierno de Chiapas –cuyo mandatario estatal visitó en julio pasado la sede de la ONU en Nueva York para presumir que las políticas de salud en la entidad redujeron en “500 por ciento la mortalidad infantil”–, dar cumplimiento a la recomendación en un plazo de seis meses.
 
De acuerdo con GIRE, la justicia para la familia de Susana sólo llegará si se ofrece una disculpa pública, y se garantiza el derecho a la salud a todas las mujeres embarazadas del estado mediante la implementación de programas de salud reproductiva acordes a sus necesidades culturales.
 
También se deben garantizar los gastos educativos de la y el hijo de Susana y se les brinde la atención médica y psicológica, que el personal médico sea sancionado para que no incurra en conductas semejantes, se dé la capacitación necesaria y se repare el daño moral mediante una indemnización económica.
 
“La imagen paradisiaca del estado que aparece en las campañas del gobierno sólo es accesible para unos pocos. El slogan ‘¡Vive Chiapas!’ le aplica a unos pocos. Para muchas chiapanecas ‘¡Chiapas, adrenalina de vivir!’ –otro de los slogan turísticos del gobierno– significa sortearse la vida en el embarazo, parto y puerperio”, explica la campaña.
 
14/AZM/RMB