Un centenar de familiares de 38 presos políticos, de los cuales cuatro son mujeres y 34 hombres recluidos en los penales de Cintalapa, San Cristóbal de las Casas y Playas de Catazajá, iniciaron un plantón por tiempo indefinido frente a Palacio de Gobierno exigiendo su liberación.
La representante de los manifestantes, Lilian Merino, explicó que 120 personas de una docena de municipios de Los Altos se desplazaron a la capital chiapaneca para exigir la inmediata revisión de los expedientes de los reos que se están recluidos en cárceles del estado.
En su mayoría indígenas, con pancartas, mantas y una carpa instalada afuera del edificio donde despacha el gobernador Juan Sabines Guerrero, exigieron respeto a los derechos más elementales de sus familiares que están en huelga de hambre desde hace más de 34 días.
Según ellos, los médicos que atienden a cuatro mujeres y 34 hombres en los penales que se localizan en los municipios de Cintalapa, San Cristóbal de las Casas y Playas de Catazajá «es extremadamente delicado porque no han consumido alimentos sólo agua y miel».
Merino Matus, añadió que las 120 personas en plantón al igual que los 38 internos piden la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que verifiquen no sólo el estado de salud, sino las condiciones de aislamiento e incomunicación en el que se encuentran. Sobre todo una de las cuatro reclusas es diabética y le han sido negados sus medicamentos.
Inicialmente, la huelga de hambre fue con 48 presos de conciencia quienes denunciaban que la anterior administración que encabezó Pablo Salazar Mendiguchía le ordenó al entonces fiscal, Mariano Herrán, encarcelar a líderes sociales, campesinos y religiosos incómodos.
En dicho proceso se les inventó delitos como asesinato, secuestro, lesiones, robo, insubordinación y ataques a las vías de comunicación, estás últimas son del fuero federal.
La intención era mantener encarcelados a todos aquellos que denunciaron actos de corrupción, abuso de poder, enriquecimiento ilícito y sobre todo abuso a sus derechos humanos.
La mayoría de los reos son simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el resto, al menos una docena son miembros de organizaciones sociales o campesinas.
El único de los presos que ha sido liberado es el religioso Zacario Hernández apenas el fin de semana. Su liberación se logró gracias a las manifestaciones que impulsaron los obispos de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, así como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, con miles de católicos de una docena de municipios de Los Altos de Chiapas.
El secretario de Gobierno, Jorge Antonio Morales Messner, se comprometió a revisar los expedientes para saber si alguno de los reos inconformes puede conseguir su liberación.
Sin embargo, este proceso podría tardar más de medio año, reconocieron autoridades del reclusorio de alta seguridad El Amate, en el municipio de Cintalapa, donde se encuentra la mayoría de las y los presos políticos.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas denunció apatía de parte del Gobierno de Sabines Guerrero porque asegura que los huelguistas son inocentes a quienes privaron de su libertad con delitos inventados por Salazar y Herrán para reprimir las protestas.
GLORIA ARENAS SE SOLIDARIZA
En tanto, desde el Reclusorio de Santa María Chiconautla, Ecatepec, Estado de México, Gloria Arenas Agis, detenida en 1999 por pertenecer al Ejercito Revolucionario Popular Insurgente (ERPI), envió una carta a los presos del Centro de Readaptación Social de Cintalapa de Figueroa, Chiapas, en respuesta al «mensaje de ánimo y dignidad que me enviaron en su carta del 18 de enero».
Afirma Arenas que ha seguido con interés la información sobre las y los presos políticos en el Amate, San Cristóbal y en Playas de Catazajá.
Les dice que los acusan de delitos comunes graves, pero «sabemos que es una maniobra jurídica para mantenerlos en prisión porque la verdadera causa de su encarcelamiento es la represión y el hostigamiento que el gobierno ha lanzado contra las comunidades indígenas y organizaciones sociales que se oponen al caciquismo y a la opresión luchando por democracia, justicia e igualdad».
Le causa profunda preocupación saber que llevan más de 40 días en huelga de hambre y ayuno, por lo cual les expresa su apoyo, como «compañeros y hermanos de lucha y que están en mis pensamientos».
La gran mayoría de nosotras y nosotros, continúa Arenas, «sufrimos de detención arbitraria y tortura pero una vez en la cárcel los maltratos cesan. En cambio, para algunos de ustedes llegar a la prisión significa además de un proceso ilegal, la continuación de la tortura y además la extorsión por parte de las autoridades del reclusorio».
Sin embargo, señala, en lugar de doblegarse, se han organizado, en lugar deenfrentar la cárcel individualmente, la enfrentan unidos y en pie de lucha. Esto les ha traído consecuencias como ser aislados en el penal, ser trasladados a otro, sufrir algún tipo de represalia, pero con todo este esfuerzo han logrado que su voz se escuche en el país y fuera de él.
Hasta las cárceles donde están recluidos presas y presos políticos, explica Gloria Arenas, nos llega información sobre la injusticia que sufren, pero también constituyen una voz que nos habla también de inteligencia, de dignidad, de ánimo, de colectividad, de valentía. La de ustedes, asegura es una voz que las presas y presos políticos escuchamos con admiración y respeto:»Ustedes son un ejemplo a seguir».
En la cárcel o en libertad, concluye Arenas, seguirán en contacto y «luchamos juntos brazo con brazo y hombro con hombro, no sólo por la libertad de las Presas y Presos Políticos, también por un Mundo Mejor donde la Libertad, la Democracia, la Justicia y la Equidad sean reales, no palabras».
MUJERES CONTRA LA DESAPARICION FORZADA
En ese contexto, las mujeres que conforman el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) denuncian por medio de un comunicado al gobierno de Felipe Calderón Hinojosa y a las fuerzas armadas del país, quienes han violado de manera sistemática los derechos humanos de decenas de familias en el estado de Michoacán, así como en otros puntos de México, con la supuesta campaña contra el «crimen organizado».
Bajo dicha campaña «han golpeado, violado a mujeres y realizado aprehensiones ilegales, hurtando pequeños pero importantes ahorros de familias pobres», afirman. La militarización del país no puede ser la solución al narcotráfico cuando ésta se encuentra al interior del mismo poder político y económico de México.
A lo largo de la historia mundial de la lucha de clases, la participación de las mujeres ha sido determinante en cada etapa de lucha de los pueblos: desde la lucha legal, jurídica, política, electoral, cultural, feminista hasta la armada revolucionaria, señalan. «Y esto ha tenido un costo alto para nosotras y nuestras familias, ya que vivimos en una sociedad capitalista y patriarcal».
En el marco mundial de las reformas neoliberales se ha provocado toda una reorganización del trabajo; entre otras, se encuentran las políticas migratorias que socavan los derechos humanos y, en particular, los derechos de las mujeres, alimentando sus condiciones de ilegalización y condenándolas a vivir en la clandestinidad, advierten.
Todo esto es avalado por los gobiernos de países receptores de mano de obra barata, siendo las mujeres la mejor fuerza de trabajo que le permite al sistema capitalista amortiguar sus crisis. Lo anterior alienta la continuidad del trabajo doméstico y la prostitución, actividades que retoman las mujeres migrantes en condiciones inhumanas, señalan.
Asumen que no puede darse un verdadero cambio en nuestro país mientras no sean eliminadas todas las formas de violencia hacia la mujer. Ningún proyecto político de izquierda puede avanzar si no se da una transformación desde lo personal y colectivo.
Y hacen un llamado a las organizaciones de mujeres; feministas, progresistas y de izquierda a cerrar filas contra la ultraderecha, a sumarse a las acciones que sean convocadas por las mujeres familiares de desaparecidos y desaparecidas en el país.
Y explican que no están para negarle el apoyo y la solidaridad a ningún familiar que luche por la presentación con vida y el castigo a los responsables de estos crímenes, no es el momento de dividirnos, dicen, es necesaria la crítica y autocrítica en nuestros propios espacios donde nos encontremos militando o bien la reflexión desde cada una de nosotras. Avanzar en nuestras luchas significa dejarnos interpelar unas a otras.
Se solidarizan, dice su comunicado con las defensoras de derechos humanos, con las presas políticas, con las trabajadoras del hogar, con la lucha incansable de mujeres por la liberación de presos y presas políticas en Euskal Herria, con todas las mujeres de América Latina; en suma con todas las expresiones de lucha que buscan una vida digna para las mujeres y la transformación de este sistema Capitalista.
Informan asimismo que esta semana están recorriendo varios puntos del estado de Chiapas a lado de Nadin Reyes Maldonado (hija de Edmundo Reyes Amaya) y Janahui Paredes Lachino (hija de Francisco Paredes Ruiz) para presentar su libro Caminos e Historias, testimonios de mujeres del FNLS.
08/MCyGG/GG/CV
