El hostigamiento laboral contra la doctora en ecología Yara Fernández Moreno, investigadora del Instituto de Historia Natural y Ecología (IHNE) en Chiapas, denunciado recientemente por ella y condenado por diversas organizaciones de derechos humanos, no es el primer acto violento cometido en su contra, pues desde junio de 2003 ha padecido hechos similares.
Yara Fernández Moreno, investigadora del IHNE adscrita al Zoológico Miguel Álvarez del Toro (Zoomat), manifestó que desde que denunció públicamente los efectos que puede ocasionar la construcción de un fraccionamiento de siete hectáreas en la zona de amortiguamiento de la reserva de El Zapotal, donde se ubica el zoológico, han tratado de cambiarla de adscripción dentro del IHNE e inclusive cesarla de su trabajo.
Desde 2001, la investigadora realiza estudios sobre el impacto que tienen las reservas naturales en las ciudades, pues existe pérdida mayor al 50 por ciento de los bosques tropicales y la extinción del 10 por ciento de las aves silvestres que había en 1970 en la reserva ecológica y sus alrededores.
Fernández Moreno apunta que la Dirección General IHNE habría intervenido para que se otorgaran permisos a la empresa Constructora Sauce SA para la construcción de un nuevo fraccionamiento de 7 hectáreas y de alta densidad poblacional en la zona de amortiguamiento de El Zapotal, con lo que se incrementarán, de acuerdo con sus estudios, los riesgos de erosión, inundaciones y cambios de clima para la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, lugar donde se ubica la reserva de El Zapotal.
La Organización Mundial contra la Tortura resalta, en un comunicado difundido en apoyo de la investigadora, que ella ha escrito trabajos que son referencia necesaria en el tema de las reservas ecológicas urbanas y ha denunciado los planes de convertir a la mencionada reserva en un destino turístico, lo cual traería un irremediable daño ecológico.
«Dentro de la institución he tenido problemas desde que decidimos conformar un sindicato, pero en lo personal la situación se agravó porque en mi calidad de investigadora hice declaraciones respecto al daño ecológico que está causando la construcción de un fraccionamiento de alta densidad poblacional cerca de la reserva», comentó la bióloga.
Además, señaló que al igual que ella otros trabajadores han sido amedrentados por conformar un sindicato. Yara Fernández, quien funge como secretaria general del sindicato apuntó que a pesar de las amenazas que han sido objeto el trámite para registrarse como sindicato sigue en curso ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y esperan que en próximas fechas puedan tener respuesta a su solicitud.
HISTORIA DE HOSTIGAMIENTO
Como lo informó Cimacnoticias el 20 de junio de 2003, desde el año 2002 la investigadorahabía sido sometida a un acoso sexual y represalias laborales por parte del entonces director del IHNE, Eduardo Morales, pero su denuncia fue ignorada por las instituciones que debían apoyarla.
En aquella ocasión, el pretexto para ser hostigada fue un permiso que pidió por motivos de salud, por lo cual Morales pretendió «cobrarse» con «favores sexuales». La investigadora enfrentó el acoso apoyada por el Movimiento de Emancipación de la Mujer (MEM). Pero el director general del INHE, Pablo Muench Navarro, quien le pidió llevar su queja por escrito, se deslindó del caso y advirtió a la investigadora que podría ser demandada por difamación por Morales Pérez, por lo que «me insinuó que mejor así lo dejara.
Como el acoso laboral continuó y bajaron su categoría laboral de investigadora a analista técnica, acudió al Instituto de la Mujer y a la Procuraduría de la Atención al Menor, la Mujer y la Familia. En la primera le aconsejaron acudir a la Procuraduría General de Justicia del Estado y en la segunda la titular del Instituto de Desarrollo Humano (de la que depende la Procuraduría) no respondió a la denuncia escrita que presentó la afectada.
En el Tribunal del Servicio Civil de Justicia del estado le recomendaron interponer su queja para proceder penalmente contra Morales Pérez argumentando que «no pueden actuar aún, porque no hay despido en contra de Fernández Moreno». Así lo hizo y la denuncia constituyó la primera que una mujer hacía en el estado por acoso sexual.
Y un año después, el 23 de junio de 2004, Cimacnoticias reportó que su caso continuaba sin resolverse, pues el juez negó la orden de aprehensión en contra de Morales, argumentando que no existían pruebas para confirmar el delito.
Yara Fernández entregó a la Mesa de Delitos Especiales y Relevantes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas cintas magnetofónicas, donde el jefe del área de investigación la amenazaba de muerte si se atrevía a denunciar, pero estas cintas «misteriosamente» desaparecieron.
«Hasta hoy, señaló en aquella ocasión, yo no tengo una resolución favorable a mi caso, sólo una nueva amenaza de muerte dirigida expresamente a mi cuenta de correo electrónico con imágenes degradantes y terribles de muertos con la tapa del cerebro volada, cadáveres en descomposición, entre otras». Y después de su queja presentó cinco denuncias más por acoso sexual en contra de diferentes personas.
DIFAMACIÓN
Y ahora, la amenaza más reciente de la que fue victima la investigadora ocurrió el 6 de febrero de 2008, cuando varias notas periodísticas que la difamaban y calumniaban fueron pegadas en su lugar de trabajo, al tiempo que fueron arrancadas las notas informativas sobre la deforestación de El Zapotal.
Como medio de coerción, contra ella fue levantada el acta administrativa UAJ/0032/07, en la Unidad de Asuntos Jurídicos del IHNE, por no haber salido de su oficina del ZooMAT y no haber dejado sus investigaciones el pasado 30 de noviembre.
Pretenden que pase a unas oficinas fuera de El Zapotal y me avisaron que me sería indicado qué otro proyecto de investigación realizaré, dice, por lo que ha pedido protección. «No es la primera vez que se ejercen medios coercitivos contra mí para intentar forzar mi salida del ZooMAT y tampoco es nuevo que suban de tono las aseveraciones contra mi persona al emitir una opinión a los medios locales.
El OMCT condenó estos nuevos actos de hostigamiento, realizados dentro un clima de frecuente acoso que han sufrido diversos movimientos sociales y defensores de derechos humanos, en particular aquellos involucrados en la defensa del medio ambiente en México.
Manifiestó su preocupación por la seguridad y por la integridad física y psicológica de Fernández Moreno y en general de todos los demás los defensores de derechos humanos en México, a la vez que solicitó a las autoridades mexicanas que tomen todas las medidas necesarias para garantizarlos.
La Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh) se sumó también a la protesta por la campaña de difamación y los actos de hostigamiento sufridos por la bióloga Fernández Moreno, a partir de que denunció la devastación de la zona de amortiguamiento de la reserva ecológica El Zapotal, en Tuxtla Gutiérrez.
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