Ante la reciente aprobación en el Congreso del estado de una iniciativa de Ley enviada por el gobernador Juan Sabines Guerrero que castiga las movilizaciones sociales, diferentes organismos de defensa de los derechos humanos en Chiapas se sumaron a la campaña nacional en contra de la criminalización de la protesta social, impulsada por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos.
En menos de un mes, en Chiapas se han registrado diferentes hechos que apuntan a la criminalización de la protesta, denunciaron organismos de defensa de los derechos humanos, como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, en San Cristóbal de las Casas; Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, en Tapachula; el Centro de Derechos Indígenas (Cediac), en Bachajón; el Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos en San Cristóbal; el Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (CDLI), en Palenque y el Comité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada, en el municipio de Ocosingo.
El pasado el 17 de enero, el Congreso del estado aprobó la iniciativa del gobierno estatal para crear el delito de incitación a la violencia, que establece «Al que por cualquier medio de manera pública o privada incite a cometer un delito, o haga la
apología de éste o de algún vicio se le impondrá prisión de seis meses a tres años y multa de diez a cincuenta días de salario».
En la exposición de motivos se revelan los destinatarios de la creación de este nuevo delito, que textualmente refiere: el sujeto activo que exteriorice o materialice una conducta al manifestar por cualquier medio, pudiendo ser de manera escrita, verbal, electrónica, signos, gráficos o cualquier otro medio posible, realice de manera pública o privada, provocar el ejercicio de la violencia, de un delito o apología de estos o de algún vicio, con el propósito de causar daño físico, psicológico, emocional, para impedir el ejercicio de un derecho o del servicio público u otros análogos, en contra de cualquier persona física o moral privada u oficial.
Con esta nueva reforma al Código Penal se crea un mecanismo más de inhibición social para la denuncia y movilización ciudadana, bajo el supuesto de que al reclamar derechos afectados están incitando a la violencia, consideraron los organismos de defensa de los derechos humanos.
HECHOS
El pasado 30 de enero, elementos de la Policía Estatal Preventiva desalojaron a un grupo de indígenas que realizaban un plantón afuera de las oficinas de la Secretaría de Pueblos Indios (Sepi). La protesta de las y los indígenas, pertenecientes a la Alianza de Organizaciones y Partidos Políticos para el Desarrollo y Defensa de los Derechos de las Doce Lenguas Indígenas, reclamaba pacíficamente la destitución del titular de la dependencia estatal.
El 31 de enero, fue detenida la caravana de vehículos de la Organización de Maiceros de la región Centro de Chiapas que participó en la concentración de Tuxtla Gutiérrez en el marco de las movilizaciones de protesta contra la apertura del paquete agropecuario del Tratado de Libre Comercio (TLC).
En el operativo, policías estatales, en coordinación con elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y de Agencia Federal de Investigaciones, detuvieron a Pedro Matusalén Vázquez, originario de la comunidad de Nicolás Ruiz. Al anochecer el campesino fue liberado bajo la advertencia de no volverse a meter en nada y decirle a sus compañeros que no volvieran a venir porque a la próxima serían más.
El 5 de febrero, uno de los principales oradores en la movilización campesina que se celebró en Tuxtla Gutiérrez el pasado 31 de enero, Felipe Hernández Yoena, fue detenido por policías estatales, quienes lo acusaron de los delitos de motín y rebelión. La detención se dio en la cabecera municipal de Venustiano Carranza, donde Hernández Yoena labora como maestro de matemáticas.
Sus compañeros campesinos recibieron otra advertencia al decirles que el problema del TLC era federal, que no tenían por qué manifestarse en Chiapas, que el gobernador no quería manifestaciones ni problemas en el estado.
El mismo 5 de febrero, policías estatales y municipales desalojaron a habitantes de las colonias Pomarosa, Miravalle, Villareal, y Canteras de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez mientras se manifestaban frente al palacio de gobierno para exigir seguridad en su zona, pues recientemente fue atacada una monja en un paso peatonal ubicado cerca de estas colonia, sin que nadie pudiera auxiliarla porque el paso peatonal estaba tapado con publicidad.
Al respecto, el alcalde de Tuxtla Gutiérrez, Jaime Valls Esponda, advirtió que va a hacer prevalecer la ley por encima de intereses personales o de grupo.
Los hechos que se han registrado en menos de un mes en Chiapas dan cuenta de la tendencia hacia criminalizar las protestas sociales y ciudadanas en la exigencia de sus derechos, manifestaron las agrupaciones sociales y organismos de defensa de los derechos humanos. Insistieron en que la protesta social es la garantía social de los derechos humanos frente a gobiernos que incumplen con garantizar los mismos.
08/SSC/GG
