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Chiapas: presentan Observatorio de violencia social y de género

Con la finalidad de conjuntar acciones con el Gobierno del estado e instituciones publicas y privadas, se instaló en Chiapas el primer Observatorio de Violencia Social y Género, que atenderá a 22 municipios de la entidad como un sistema de acceso a la justicia para las mujeres.

Se trata del primer proyecto de observación para atender los casos de violencia social y género que impulsa la asociación civil en Chiapas “Defensoras Populares”, con recursos de Indesol a través del programa de coinversión y dentro de los objetivos 2 y 6 del Plan Nacional de Desarrollo 2007/2012 del gobierno Federal, explicó Teresa Ulloa Ziáurriz, coordinadora general de dicha agrupación.

El evento, que tuvo lugar en la Sala de Consejo de la Biblioteca Central Universitaria de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), se llevó a cabo en el marco de tres testimonios sobre mujeres violentadas: dos de violencia y uno de feminicidio, este último en la impunidad.

La presentación del proyecto, que contó con la presencia del rector de la Unach, Ángel René Estrada y Blanca Ruth Esponda, coordinadora ejecutiva del gabinete gubernamental, Ulloa Ziáurri, dijo que el proyecto busca visibilizar y sensibilizar sobre el tema de la violencia social y de género, y coadyuvar en el análisis, información y conocimiento sobre esta problemática, lo cual permita impulsar de manera coordinada con el gobierno acciones de prevención, atención y erradicación de la violencia.

El Observatorio contempla como prioridad del proyecto promocionar los derechos humanos para las mujeres yniñas, incidir en políticas públicas y promocionar la equidad de género para mujeres y hombres.

El Observatorio finca su instalación en Chiapas, como uno de los Estados con mayores niveles de desigualdad en la distribución de la riqueza, así como los mayores índices de exclusión social y pobreza, en los que se agudizan todos los problemas sociales.

Ante funcionarios, medios de comunicación y representantes de diversas organizaciones que integran el Comité Técnico, la representante nacional de Defensoras Populares destacó el trabajo conjunto para contar con datos duros, fidedignos, y el análisis para poder generar, fortalecer y mejorar no sólo la relación con la ciudadanía y la sociedad en su conjunto, sino también para poder reconstruir el tejido social, a través de la atención a problemas sociales como la violencia social y de género.

El Observatorio permitirá, dijo Ulloa, conocer causas y consecuencias que está generando la presencia del crimen organizado y el narcotráfico, que representa ya un riesgo para la seguridad de la integridad de la sociedad al diversificar sus campos delictivos que incluye el secuestro, la trata de mujeres y niñas, extorsión, la piratería y el contrabando entre otros.

Ante esa situación, que ubica a Chiapas como una entidad donde la trata de personas es una realidad, el Observatorio trabaja en 22 municipios, y cinco dependenciascomo primer contacto, entre ellas, DIF, Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE), Instituto Estatal de las Mujeres.

Con ese primer paso, se dijo, se espera poder contar con estadísticas que permitan medir el impacto de la violencia social y de género en la vida de las mujeres y las niñas.

El Observatorio de violencia social y género, trabajará en 22 municipios, muchos de ellos de zonas de alta marginación y pobreza, en donde se agrava la violencia social y de género, tales como: Cintalapa, Huixtla, Tonalá. Chenalhó, Chilón, Frontera Comalapa, Frontera Hidalgo, Larrainzar, Ocosingo, Ocotepec, Oxchuc, San Cristóbal de las Casas, Tapachula, Chamula, Las Margaritas, Chiapa de Corzo, Tumbalá, Palenque, La Concordia, Comitán de Domínguez, Tuxtla Gutiérrez, Villaflores.

RED DE INFORMANTES

Asimismo, se informó que el proyecto crea al mismo tiempo una red de informantes para poder contar con información confiable, toda vez que están involucrados como participantes todas las instituciones públicas y privadas que se quieran comprometer con respecto a la violencia de género para lograr tener un panorama claro.

Se trata de evaluar las medidas prácticas del Gobierno del estado para contribuir al diseño de mecanismos de colaboración y vinculación multidisciplinaria con la finalidad de incidir en el mejoramiento de la calidad de la prevención y atención a quienes han sido víctimas o posibles víctimas de cualquiera de estos tipos de violencia.

El Observatorio podrá elaborarán diagnósticos institucionales que permitirán emitir recomendaciones tanto para la atención como para la recopilación de datos,e incidir en la mejora de los servicios de prevención, atención protección y persecución.

De igual manera impulsará la construcción de índices de violencia social y de género, en algunos municipios seleccionados del Estado con mayor índice de exclusión social o violencia social, lo que permitirá contar con propuestas integrales y transversales de actuación desde el marco de los derechos humanos y la perspectiva de género, a través delComité Técnico.

Objetivos, metas y acciones planteados en el proyecto constituyen una primera etapa para sentar las bases de un observatorio de violencia social, comunitaria y familiar, que pretendemos tenga continuidad.

BASES DEL OBSERVATORIO

La base teórica y conceptual del proyecto está sustentada en los instrumentos internacionales ratificados por Méxicoy en la legislación federal y local, a partir del principio de la debida diligencia, que parten sustancialmente del reconocimiento de los derechos humanos de las víctimas.

El Observatorio de Violencia Social y de Género permitirá al Gobierno de Chiapas conocer las zonas o municipios en los que se deben instrumentar medidas temporales e integrales para disminuir la incidencia en estos tipos de violencia, así como evaluar su efectividad, por ello se anuncio que antes del 15 de diciembre se contará con un avance de los resultados.

TRES TESTIMONIOS

Tres casos de denuncia por violencia se expusieron durante la presentación del Observatorio: primero fue María Elsa, originaria de Comitán, quien denuncio el difícil proceso por lo que pasó con sus hijos, al intentar separarse de su marido, cuando descubrió que él le era infiel.

Llorosa contó su historia ante el auditorio: el engaño, el abandono de su marido y la responsabilidad asumida solo por ella, que produjo, entre otras cosas, que uno de sus hijos abandonara una temporada la escuela por falta de dinero. Durante el duro trance, no tuvo apoyo de ninguna de las instituciones que hoy acudieron a la presentación del Observatorio de violencia social y género.

Olga Lidia Gómez Velasco, originaria de San Cristóbal de las Casas, aún busca justicia por el asesinato y violación sexual de su hija Laura, estudiante del séptimo semestre de derecho en la Unach, cometido el 13 de enero del 2007.

Acusó a funcionarios públicos de la fiscalía Indígena de San Cristóbal, hoy prófugos de la justicia. ¡Justicia!, ¿justicia!, ¡justicia!, clamaba esta tarde.

Martha Crespo, dirigente del INAPAM en Chiapas, habló en nombre de Claudia, de 84 años, quien cada sábado acude cantar al programa de radio “Hilos de plata”, pero cuya historia está llena de violencia: cuando tenía 12 años, su madre la entregó a su padrastro, quien la llevó a la montaña, lejos de todos, la amarró, la golpeó y abusó sexualmente.

La dirigente del Inapan dijo: “pasaron 71 años para que Claudia contara esa historia de su vida”, pero son muchas las que guardan aún silencio, por ellas estas reuniones y proyectos deben seguir adelante.

Por su parte, Blanca Ruth Esponda, coordinadora ejecutiva del Gabinete del Gobernador, agradeció a la agrupación “Defensoras Populares” por la puesta en marcha del Observatorio, porque “Chiapas no se salva, debido, a la cultura que son tradiciones que se tiene eliminar con el esfuerzo de todas aquellas personas comprometidas a favor de las causas sociales, para intentar un cambio social y cultural”.

Destacó el trabajo del gobierno a favor de las mujeres, en especial la creación de los comités para combatir, sancionar y erradicar la tortura, así como para brindar asistencia a personas víctimas de trata, acciones conjuntas que lleva a cabo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Y recordó que en Chiapas se creó el Consejo Estatal para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, y estar en condiciones de apoyar a las organizaciones de la sociedad civil.

09/CR/GG

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