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Chihuahua: autoridades piden a mujeres que perdonen al agresor

Con el ánimo de que no se colapsen las salas de audiencias y juicios orales, en el Centro de Justicia Alternativa de Chihuahua, dependiente del Poder Judicial, incitan a las mujeres que sufren algún tipo de violencia para que otorguen el perdón a su agresor.

El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres presentó dos casos concretos en el que el hombre agresor, pareja o cónyuge solo se comprometió a cambiar, como una solución ante la violencia que padecen las mujeres.

A pesar de que la violencia contra las mujeres se persigue de oficio, los funcionarios de la Procuraduría de Justicia del estado promueven la conciliación que generalmente favorece al presunto agresor, denunciaron las defensoras Luz María Castro y Adriana Carmona en el foro que realizó en días pasados el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).

El Centro de Justicia Alternativa se instituyó a través del decreto, publicado del 9 de diciembre de 2006, que creó la Ley de Justicia Penal Alternativa del Estado de Chihuahua, que tiene como fin, según su Artículo 1, regular los medios alternos de resolución de conflictos en materia penal, tales como la mediación, negociación, conciliación, entre otras, cuando esos conflictos hayan lesionado bienes jurídicos sobre los cuales puedan las personas disponer libremente, sin afectar el orden público.

El primer caso es el de una mujer llamada Miriam, quien llegó a denunciar al Centro de Justicia Alternativa que su esposo William le pegaba. Ella es empleada y él materialista.

Una vez que la convencieron de llegar a un acuerdo con él, éste se comprometió a acudir a Alcohólicos Anónimos y a someterse a una terapia familiar, también a aportar lo que pudiera al hogar. Pero nadie dio seguimiento a ese caso. Se trataba de dos delitos, violencia familiar e incumplimiento de la obligación familiar.

La directora del Centro de Justicia Alternativa, Karelli Villanueva, indicó que se le dio solución mediante el acuerdo porque se trataba de doble violencia, ya que el hombre estaba a punto de perder un pie y la esposa le había retirado el servicio de Seguro Social. Se trata de dos víctimas, dijo Villanueva, pues el señor necesitaba el servicio médico y ella lo dio de baja del Seguro Social.

El acuerdo fue que la mujer violentada le devolvería el Servicio Social y le permitiría quedarse en casa, a cambio de que él le diera manutención cuando pudiera.

Las abogadas Castro y Carmona se inconformaron, argumentando que el hombre es alcohólico, lo cual exacerbaba la agresión física contra la mujer.

El segundo caso ocurrió a Wendy, quien sufría de parte de José, su cónyuge, violencia física y psicológica, además recibía amenazas de muerte por parte de él, razones por las cuales lo demandó. Un tercer delito, además de la violencia familiar y amenazas, era incumplimiento de obligación familiar.

José reconoció las amenazas que hizo a su pareja, así como que cometió errores. Incitaron a la víctima a otorgarle el perdón y su único castigo fue comprometerse a cambiar totalmente.

El expediente del caso señalaba que ella era mecánica y él se dedicaba al hogar, lo que demuestra -dijo la abogada Carmona- la poca seriedad con la que se elaboró.

Ante la inconformidad de Carmona por la solución del caso, Karelli Villanueva dijo Wendy es una mujer de 22 años, guapa; a ella la llevó Adriana Carmona al Centro de Justicia Alternativa, si no confían en las autoridades entonces que no lleven a las víctimas al centro.

Recordó la funcionaria que ella fue capacitada en Inglaterra y que los agentes del Ministerio Público también están capacitados. Pero, argumentó, por más que hayamos estudiado, no podemos entender lo que ellas sufren si no hemos sufrido violencia.

En respuesta, las abogadas Castro y Carmona reiteraron que más allá de la capacitación, la cual no ponen en duda, se trata de un problema en que las autoridades imponen el otorgamiento del perdón a la víctima, por lo que resulta más fácil que un robo simple llegue a una audiencia oral que un caso de violencia familiar.

Señaló Adriana Carmona que la Secretaría de Seguridad Pública ha informado que es imposible brindar protección a las mujeres que están sufriendo violencia familiar porque no hay presupuesto para ello.

En ese sentido, propuso que se invierta en ello, porque se trata de problemas graves donde está en riesgo la vida.

Claudia Gabriela Salas Rodríguez, directora general de Planeación del Inmujeres, indicó que en ese sentido se trata de construir un lenguaje en común, porque hay diversidad de criterios, es necesario unificar conceptos y la elaboración de protocolos y manuales de procedimientos de instituciones, para lo cual realizan dichos foros.

07/PMO/GG

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