La violencia de género no puede entrar a ningún proceso de mediación, negociación o conciliación, los responsables deben ser enjuiciados y penalizados con rigor, advierten organizaciones de mujeres chihuahuenses a legisladores, funcionarios y a grupos de la sociedad civil, ahora que está en puerta una reforma federal al sistema de justicia penal.
Así lo dirán también a Louise Arboure, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, durante la visita que hará a México a partir de este lunes.
En Chihuahua, estado emblemático por los casos de feminicidio en Ciudad Juárez, una de cada 5 mujeres es agredida por su pareja, física, psicológica, sexual o económicamente, según encuestas de la Secretaría de Salud (SS) y el Instituto Nacional de las Mujeres.
Para la SS, la violencia de género es un problema que incumbe a la sociedad: por el impacto que tiene sobre la salud y el desarrollo del estado y del país, y porque una mínima conciencia de justicia lo demanda.
Además, porque está vinculada a la violencia social. Muchos estudios demuestran que un número importante de delincuentes ha vivido en familias violentas y que la agresión se reproduce de generación en generación.
El Instituto Chihuahuense de la Mujer atendió 8 mil mujeres víctimas de violencia en la entidad en 2007, en promedio 22 casos diarios. Luisa Camberos, su directora, dice que se trata de violencia física, psicológica, sexual y económica.
Lucha Castro y Alma Gómez, del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CDHM), se entrevistarán con Arboure y le entregarán un informe sobre los casos de feminicidio que continúan sin solución en la entidad.
JUSTICIA ¿ALTERNATIVA?
Las organizaciones chihuahuenses quieren compartir con las mujeres mexicanas su experiencia de cómo manejo la violencia de género un sistema de justicia penal donde interviene la mediación, la negociación y la conciliación.
Cuando la reforma penal empezó a operar aquí, la Procuraduría local enviaba a las mujeres que denunciaban violencia de sus parejas al Centro de Justicia Alternativa (CJA), donde utilizan técnicas de mediación, negociación y conciliación.
Las mujeres y sus parejas firmaban un convenio donde se comprometían a vivir «en paz». Ellos hacían el firme compromiso de no agredirlas más y de acudir a grupos de autoayuda en caso de padecer alcoholismo o adicciones. Pero más tardaban en firmar que en ser maltratadas otra vez por sus parejas.
El CDHM detectó la falla e intentó convencer a los responsables del sistema penal del error, pero fue hasta que hicieron presión mediática que sacaron la violencia de género del CJA.
TRATAMIENTO ESPECIAL
Abogadas y psicólogas del CDHM explican que la violencia de género es un problema de trascendencia social y requiere tratamiento especial. Afecta el comportamiento, relaciones humanas y rendimiento escolar de hijas e hijos.
La violencia de género termina muchas veces en divorcio y deja a mujeres solas que se encargan de sus hijas e hijos en condiciones económicas adversas porque generalmente los esposos se niegan a sostener el hogar, indican.
Rossina Uranga, psicoterapeuta especializada en el tema, afirma que la mediación, negociación y conciliación, lejos de resolver este problema, lo empeoran. Un principio básico de la justicia alternativa es la equidad: que las partes estén en igualdad de condiciones para poder negociar y llegar a acuerdos que los beneficien.
Pero una mujer que acaba de ser agredida, que tiene miedo a su pareja, ha estado sometida durante mucho tiempo, tiene baja autoestima e inseguridad, no acude a la conciliación en condiciones de equidad, puntualiza. Al contrario, lo más seguro es que aceptará lo que el esposo proponga porque teme contradecirlo.
El problema es que, aunque se comprometan a no agredir más a sus esposas, las vuelven a golpear porque no cambian su estructura mental, explica. Lo más grave es que a veces las agreden con más fuerza porque se sienten protegidos por la autoridad al comprobar que no serán procesados.
Peor aún, ellas difícilmente se atreven a ir otra vez ante las autoridades porque pierden la confianza. No están dispuestas a que las manden otra vez a conciliar, prefieren aguantarse y resolver ellas mismas su problema, advierte. El sistema judicial tampoco atiende bien el problema: muchos jueces no entienden su trascendencia social.
Pero gracias a que varias instancias atienden ya la violencia de género, muchas mujeres que han sido violadas, hostigadas, golpeadas, agredidas psicológicamente, reprimidas y sometidas por sus parejas o por otros hombres, están exigiendo justicia, que diriman bien sus casos, con justicia y transparencia, sin favorecer a los agresores.
Decidieron salir a la calle a protestar porque sienten que las autoridades judiciales minimizan sus denuncias, no las benefician, sino las perjudican con sus fallos. Las atendió el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Rodolfo Acosta Muñoz, quien se comprometió a revisar cada caso y a instruir a los jueces para que sean más sensibles a la hora de resolver los procesos.
Las mujeres piden la creación de un tribunal especializado que atienda la violencia de género, pues consideran que los jueces, incluyendo los del nuevo sistema de justicia penal, no tienen la capacitación ni la sensibilidad necesaria para dirimir sus casos.
Hablan de casos donde denunciaron violencia psicológica y, como no tenían moretones y otras lesiones, los jueces desestimaron que fuera agresión, aunque hay leyes específicas que tipifican este delito. También de casos donde los jueces dan preferencia a los hombres en la custodia de hijas e hijos y que acusan a las mujeres de omisión de cuidado, sin hacer la mínima investigación.
Prueba de que los jueces no atienden la violencia de género, como indican tratados internacionales, son 12 casos de violación que atiende el CDHM: en 10 han salido libres los agresores.
08/DV/GG
