La Cámara de Diputados de Chile aprobó por amplia mayoría la distribución gratuita de la Píldora de Anticoncepción de Emergencia (PAE) en los servicios públicos de salud, en medio de los gritos a favor del movimiento de mujeres y en contra de las organizaciones conservadoras.
Un total de 73 votos a favor, 34 en contra de los sectores de derecha y dos abstenciones, fue el resultado de una larga y tensa sesión, en la que se discutió el proyecto de ley enviado por el gobierno para regular la entrega de información y distribución de los métodos anticonceptivos en general, incluyendo a la PAE.
Respecto de la próxima aprobación de la normativa en el Senado, Verónica Díaz, directora de las Católicas por el Derecho a Decidir, señaló: «Esperamos que en este país los derechos reproductivos de las mujeres se respeten, se defiendan y lleguemos a tener una ley que permita a las mujeres abortar de forma segura, legal y gratuita con consejería pre y post aborto y que esto parta con un cambio radical en temas de educación».
Sobre la posición detractora de la Iglesia Católica frente al tema, señaló que «Chile necesita y se merece una educación sexual real y concreta para todos los niños y niñas de colegios fiscales, católicos y de cualquier religión».
Fuera del Congreso, la colectiva feminista «Las Choras del Puerto» esperó el inicio de la sesión con una acción de arte en la que bailaron disfrazadas y se levantaron los vestidos para que pudiera leerse en sus calzones: «Nuestros derechos no se tranzan».
El proyecto de ley fue enviado al parlamento luego de que la Contraloría General de la República suspendiera la entrega del fármaco en el sistema público de salud, si bien éste continuaba vendiéndose en las farmacias; lo que a juicio del gobierno y las organizaciones de mujeres era una discriminación social evidente para las mujeres pobres.
La sesión parlamentaria fue interrumpida en varias oportunidades por los gritos de los detractores autodenominados «pro-vida», quienes junto a la Iglesia Católica aseguran que la pastilla es abortiva. Del lado contrario, mujeres apelaban al derecho a decidir e interpelaban a los diputados de derecha, enrostrándoles que hoy se dicen «pro-vida» mientras en tiempos de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) avalaron sistemáticamente los asesinatos.
Los 34 votos en contra salieron íntegramente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), vinculada al Opus Dei, una de las alas más reaccionarias de la Iglesia Católica, que incluso se niega al uso de anticonceptivos, y cuyos líderes estuvieron estrechamente ligados al dictador Pinochet.
El proyecto enviado por el Gobierno establece que «los organismos del Estado con competencia en la materia pondrán a disposición de la población los métodos anticonceptivos tanto hormonales como no hormonales; los métodos anticonceptivos de emergencia y de anticoncepción no hormonal, naturales y artificiales».
El Servicio Nacional de la Mujer señaló que este es un avance en la libertad de decidir de las personas, mientras que la Iglesia Católica criticó que se diera tal discusión en tiempos pre-electorales, refiriéndose a las elecciones presidenciales de diciembre.
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