El acceso a la conocida «píldora del día después», un anticonceptivo de uso común, quedó prácticamente prohibido en Chile tras una gestión de la derecha política, que ha desatado una fuerte polémica nacional, informa el especial Mujer, de Prensa Latina.
Un grupo de parlamentarios de oposición hizo una presentación «humanitaria», que el Tribunal Constitucional (TC) –la máxima e inapelable instancia jurídica del país– aceptó por una votación 3 a 2.
La decisión, que afecta esencialmente a mujeres jóvenes y de bajos recursos, volvió a dividir al país, provocando pronunciamientos de todos los sectores y amenazando con convertirse en tema de los venideros comicios municipales.
Aunque las pantallas de televisión han sido escenario de los más encendidos argumentos a favor y en contra del libre acceso al anticonceptivo, también el debate que continúa cobrando fuerza, ya salió a las calles.
Una de las manifestaciones más grandes desde el alejamiento del poder del dictador Augusto Pinochet, hace casi 20 años, se efectuó frente al palacio de La Moneda contra la medida, pero también hubo actos –aunque menores– aplaudiendo la prohibición.
Mireya Baltra, quien fue colaboradora del presidente Salvador Allende (1970-1973), escribió un artículo subrayando que el Tribunal Constitucional es el «hijo putativo de la Constitución de Pinochet», actualmente en vigencia.
Planteó que «si el TC es inapelable, las mujeres chilenas nos transformaremos en el movimiento democrático y trasgresor para vetar con nuestras acciones leyes y normativas que pretenden atarnos a los tiempos negros y lejanos de la edad media».
Tras acusar de «nuevos inquisidores» a los 36 diputados que formularon la propuesta, Baltra alertó: «Si los señores diputados y las señoras diputadas tienen fuero (parlamentario), se los arrancaremos con nuestro voto en las próximas elecciones».
Aunque la medida técnicamente no impide que la píldora pueda comercializarse en farmacias privadas en los municipios, sí prohíbe su venta en consultorios del sistema público de salud, adonde acude la mayoría de la población.
Según el abogado del TC, Francisco Zúñiga, el fallo consta de 276 páginas contra la entrega gratuita de la píldora en centros de salud, acogiendo argumentos de que contiene sustancias «abortivas» (levonorgestrel), lo cual niegan otros científicos.
Tanto la presidenta Michelle Bachelet, como la ministra de Salud María Soledad Barría, disgustadas por el fallo del TC, no obstante, se manifestaron resignadas a acatarlo.
Pero la presidenta del Partido Humanista, Marlén Cabrera, sostuvo que la medida es «absolutamente discriminatoria, puesto que afecta principalmente a las mujeres más pobres, a las pobladoras, a las jefas de hogar, que son las principales usuarias de los consultorios en nuestro país».
Esta verdadera aberración –agregó– sólo es posible en el marco de una Constitución heredada de la dictadura.
Aquí, sentenció, la discusión ya no pasa por si la pastilla es o no abortiva, sino por un fallo repudiable que representa una discriminación hacia las mujeres, quienes hoy se sienten desamparadas y no entienden este retroceso abismal de las políticas públicas de salud.
La diputada socialista Denise Pascal, por su parte, señaló que «hay que seguir trabajando para que las mujeres podamos elegir».
Al rechazo a la medida se sumaron dirigentes de los partidos políticos progresistas del país, así como artistas y otras personalidades y el disgusto llevó a un grupo de 60 mujeres religiosas a renunciar a la Iglesia Católica debido al fallo del TC.
Otro grupo de mujeres realizó un paro de una hora la semana pasada en protesta por «la negación de suministrar a las mujeres más pobres de nuestro país la píldora del día después».
Asimismo, una pareja de chilenos subió un video al «YouTube», que concitó miles de visitas en pocas horas: una pareja de actores desnudos sobre una alfombra nota que se ha roto el preservativo. La escena finaliza con un llamado a marchar por una anticoncepción libre e informada.
Gloria Maira, a nombre del Movimiento Por la Defensa de la Anticoncepción, dijo que el fallo es «ilegítimo, autoritario y castigador» porque no le hemos dado a nadie derecho a decidir sobre nuestro cuerpo.
El tema no estaba previsto en las campañas electorales que preparan todas las fuerzas para las venideras elecciones municipales, antesala de los comicios generales del próximo año.
Sin embargo, todo indica que electores y electoras demandarán a los candidatos claros pronunciamientos sobre la «píldora del día después», finaliza el Especial Mujer, de Prensa Latina.
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