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Chile: leyes deficientes e insuficientes para proteger derechos de las mujeres

Por Tamara Vidaurrázaga Aránguiz
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“El Estado violenta cuando no permite interrumpir el embarazo de una niña producto de una violación”, señaló Gloria Leal, directora Ejecutiva de la Fundación Instituto de la Mujer, al referirse a los embarazados forzados de niñas ante la prohibición total del aborto en el país.
 
Esa es una violencia institucional que atenta contra los acuerdos internacionales firmados y ratificados por Chile en el marco de la entrega del Primer Informe Sombra de Chile para el seguimiento que realiza la Organización de Estados Americanos (OEA) de la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la mujer “Belém do Pará”.
 
Este fue uno de los temas a los que se refirieron 11 organizaciones feministas y de mujeres: la Agrupación Lésbica Rompiendo el Silencio, Litigación Estructural para América del Sur (Leasur), Fundación Margen de Apoyo y Promoción de la Mujer, el Observatorio contra el Acoso Callejero (OCAC), el Colectivo contra la Violencia Gineco-Obstétrica, la ONG Raíces, la Red contra la Violencia hacia las Mujeres, Corporación humanas, Corporación MILES Chile, y la Casa de Memoria José Domingo Cañas; coordinadas por la Fundación Instituto de la Mujer en el informe señalado.
 
El texto fue enviado al Mecanismo de Seguimiento para la Implementación de esta Convención MESECVI, que fue firmada en Chile en 1994, ratificada en 1996 y que además ha sido ratificada por 32 de los 34 países miembros de la OEA; sin embargo, no es cumplida fielmente por Chile.
 
LEY, DEFICIENTE E INSUFICIENTE
 
“La actual ley chilena contra la violencia intrafamiliar en su Artículo 1 plantea que la ley tiene como objeto prevenir, sancionar, erradicar y otorgar protección a la víctima, pero desde un enfoque familiarista, deficiencia que -aún a 11 años de la Ley de Violencia Intrafamiliar- no incorpora los distintos tipos de violencia que vivimos las mujeres, ni a la diversidad de mujeres, y mucho menos los distintos espacios donde se vive, puesto que solo se refiere al mundo del hogar”, señaló a SEMlac la Directora Ejecutiva del Instituto de la Mujer.
 
Leal Suazo agregó que “falta incorporar el espacio público como la calle, los medios de transportes, el trabajo, e incluso la violencia ejercida por los medios de comunicación que cada día naturalizan la violencia con sus prácticas y publicidad sexista”.
 
El informe denuncia múltiples violencias que no son enfrentadas eficientemente por parte del Estado y hace referencia a las mujeres privadas de libertad, a las lesbianas, trabajadoras sexuales, niñas, las estudiantes, mujeres mapuche, entre otras. Entiende la violencia contra las mujeres y niñas como una cuestión que sucede en los ámbitos público y privado y en sus distintas formas, complejidad no contemplada en la legislación chilena.
 
Herminda González, presidenta de la Fundación Margen, indicó a SEMlac que “para nosotras es muy importante participar de este Primer Informe Sombra de la Convención Belém do Pará, pues nos da la posibilidad de denunciar todos los abusos y la violencia institucional que vivimos las trabajadoras sexuales; para que se nos reconozca que somos mujeres, que existimos en este territorio y que no tenemos que ser violentadas”.
 
Añadió que es relevante “contar al mundo la represión policial que vivimos el día a día con las compañeras, cuando los policías abusan de su autoridad y se llevan a compañeras a las comisarías y las hacen desnudarse, o en los servicios de salud pública, donde las compañeras son atendidas para su control de salud sexual siendo mal atendidas”.
 
 LEYES IGNORAN TIPOS DE VIOLENCIA
 
Además de la criminalización de los abortos en Chile, el informe denuncia la inexistencia de legislación respecto de la violencia gineco-obstétrica o el acoso callejero; así como de regulaciones actuales para la criminalización de la protesta social con abusos por parte de la fuerza pública, de la que han sido víctimas estudiantes y mujeres e infancia mapuche, expuestas a torturas por parte de la policía, como desnudos forzados y humillaciones en las comisarías.
 
La sociedad conyugal contempla que el varón, por defecto, es el administrador de todos los bienes del matrimonio, incluidos los que la mujer herede; y dentro de la ley de violencia intrafamiliar no está contemplada la que viven las lesbianas por parte de parejas mujeres, denunciaron.
 
Tampoco existen estadísticas respecto de los femicidios/feminicidios totales, puesto que solo se contabilizan los que caben en la ley, o sea, aquellos íntimos y perpetrados a mujeres mayores de edad; ni se lleva conteo de femicidios/feminicidios frustrados, cuestión relevante si se quiere comprender la magnitud que alcanza la violencia extrema en el país.
 
Para Gloria Leal, “Chile sigue en deuda con las mujeres, los poderes del Estado legislan leyes, pero estas carecen de presupuesto adecuado para cubrir todas las necesidades de las mujeres que viven violencia, no existen programas de reparación, incluso el Estado no protege a los hijos e hijas de las mujeres asesinadas y muchas veces le entrega la tuición al padre femicida/feminicida.
 
“O cuando no hay una familia detrás, niñas y niños llegan a desprotección de SENAME”, dijo y señaló que lo que se requiere es “una política pública integral que contemple prevención, atención, protección y reparación, pero con recursos estables y programas realmente adecuados para las mujeres, y que el Estado les asegure a vivir una vida libre de violencia.
 
“Cuando el Estado no entrega lo necesario está violando los derechos humanos de las mujeres y las niñas de este país”, indicó.
 
16/TVA/GGQ

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