La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó a las autoridades hondureñas, el pasado viernes 3 de julio, adoptar «todas las medidas necesarias para asegurar la vida e integridad personal de defensores de derechos humanos, periodistas, familiares del presidente Manuel Zelaya, y observadores internacionales presentes en Honduras».
Las medidas cautelares, indica un comunicado del organismo, son una medida preventiva para evitar daños irreparables y son concedidas por la CIDH ante situaciones que ponen en riesgo los derechos humanos de las personas, sin que sea necesario pronunciarse acerca del mérito del caso. El Estado está obligado a acatarlas.
Específicamente, la CIDH dispuso que las autoridades hondureñas de facto deben garantizar la vida y seguridad de 63 personas acerca de las cuales se considera que existe una situación de riesgo a su integridad, su libertad o su vida.
Entre los beneficiados hay líderes sociales, periodistas, sindicalistas y defensores de derechos humanos que se han manifestado en contra del golpe de Estado en Honduras. Cejil representa a 18 de ellos y ellas.
Las garantías solicitadas a las autoridades son especialmente necesarias respecto de las personas detenidas y/o con paradero desconocido. «La Comisión solicitó que se informe sobre su paradero y, en caso de detención arbitraria, que se disponga su inmediata libertad».
La CIDH también pidió información detallada acerca de la represión de manifestaciones pacíficas «como resultado de la cual habría personas desaparecidas, heridas, golpeadas, arrestadas y en las cuales se habría lanzado bombas lacrimógenas.»
Aunque la CIDH fijó un plazo máximo de 48 horas para recibir información de la implementación de las medidas, representantes del gobierno de facto no han contestado la orden internacional.
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