En los dos primeros meses del año, la oficina de Inspección del Ministerio de Trabajo de Guatemala ha recibido 255 denuncias contra maquilas, casi 50 más que en el mismo período del año pasado. Muchas de las denuncias son por despedir a mujeres embarazadas o en período de lactancia.
Algunas empresas almacenan en su expediente numerosas quejas, pero las sanciones, que nunca son superiores a los cinco mil quetzales (unos 621 dólares), no suponen para los propietarios ningún impedimento para continuar con los malos tratos.
«Me dijeron que me iban a despedir si le hablaba mal de la empresa al inspector, y tuve que decirles que estaba todo normal», cuenta Yolanda Martínez, quien durante los tres años que trabajó en la empresa Gallery tuvo que soportar amenazas, acoso sexual y presiones por parte de sus superiores, informa el boletín electrónico Tertulia, de Guatemala.
Días después de la visita del inspector, la empresa cerró. Ella y otras 800 personas fueron a la calle sin indemnización. Yolanda se quedó de la noche a la mañana sin nada. Está embarazada, es madre soltera y tiene siete hijos. «No es justo, después de haber aguantado tanto. Deben pagar por lo que han hecho, deben darnos lo que es nuestro», declaró.
La necesidad de mantener su empleo hace que muchas trabajadoras industriales soporten condiciones inhumanas e indignas. «Uno siempre llora, se le humilla, y sólo dicen que la puerta está abierta para quien se quiera ir».
Por todo nos llamaban la atención. Controlaban el tiempo para ir al baño. Casi ni nos dejaban beber agua, y por faltar un día que necesitaba para ir al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), me quitaron 200 quetzales (moneda guatemalteca) del sueldo (casi 25 dólares, unos 260 pesos mexicanos). Ahora estamos en la calle y sin nada», relata Lorena Simón, otra de las trabajadoras.
En muchos de los casos las mujeres son obligadas a trabajar más de 10 horas al día, los siete días de la semana, por apenas 700 quetzales quincenales (87 dólares, unos 890 pesos mexicanos, aproximadamente)
«Hay unas 86 empresas que reinciden en cometer faltas contra sus empleados, pero con la actual situación existe gran impunidad, y ellos prefieren pagar multas», indica Floridalma Contreras, del Área de la Mujer del Centro para la Acción legal en Derechos Humanos (CALDH). Esta organización ofrece apoyo a decenas de trabajadoras y prepara un programa para capacitar a los supervisores de las maquilas.
Carla Caballeros, gerente de la comisión de Vestuario y Textiles de Guatemala (VESTEX), opina que no se puede generalizar y que las empresas pertenecientes a ese gremio se ajustan a un código de conducta. «Estamos de acuerdo con que se deben hacer cumplir la ley y el Código de Trabajo, pero la justicia es lenta en estos casos», aseguró.
A pesar del cúmulo de denuncias, la tendencia actual del Ministerio de Trabajo es tratar de conciliar antes de llegar a las sanciones, para evitar que los empresarios «se sientan molestos». «Si somos muy estrictos con las empresas, eso podría dar cierta inseguridad al inversionista y afectar al trabajador», indicó Edgar Sánchez, subinspector de trabajo.
En esta situación, el CALDH, la Asociación de Mujeres en Solidaridad (AMES), y el Centro de Estudios y Apoyo al Desarrollo Local han constituido la Instancia Coordinadora de la Maquila. Estas organizaciones brindan apoyo a cientos de mujeres cuyos derechos son violados día a día.
«En lo que va del año hemos recibido más de cien denuncias. Les obligan a trabajar horas extra que muchas veces no les pagan, aguantan malos tratos y no lo denuncian, porque creen que no servirá de nada», indica Floridalma Contreras, de CALDH. Esta organización, además de asesorar y apoyar a mujeres, cuenta con un programa de formación a lideresas, que ha servido para que muchas aprendan a defender sus derechos.
«Antes yo era ignorante y decía a todo que sí. Ahora sé que no tengo que aguantar, que tengo derechos y me tienen que respetar», dice María Pérez, una de las participantes en el programa.
2004/BJ/SM
