Cierre simbólico de la Procuraduría de Justicia de Guanajuato

Interrupción Legal del Embarazo en México
    Impidió aborto legal a joven violada
Cierre simbólico de la Procuraduría de Justicia de Guanajuato
Por: Silvia Magally
cimac | México, DF.- 24/03/2003

Integrantes de más de 10 organizaciones de mujeres clausurarán simbólicamente el próximo miércoles las oficinas de la Procuraduría de Justicia General de Guanajuato (PJEG) para protestar por la negación del derecho al aborto legal por violación a una joven con deficiencia mental, anunciaron hoy grupos civiles.

Respecto al caso de Sandra de 30 años, quien fuera violada en noviembre pasado por su empleador, Malú Micher, integrante de la organización no gubernamental Milenio Feminista, dijo que ningún servidor público puede ignorar la ley ni la lucha de las mujeres guanajuatenses para que las víctimas de violación tengan derecho a la interrupción de su embarazo.

Sostuvo que tanto la agente del Ministerio Público, María del Rocío Mayo Valadéz, como el procurador Miguel Valadéz Reyes no pueden imponer su ideología personal ante las obligaciones de sus cargos, de otra manera, señaló, "que trabajen en la iglesia".

Calificó como grave la negativa de las autoridades a ejercer el recurso del aborto legal por violación, sobre todo por tratarse de una persona con discapacidad mental a quien dijo, se están violentano todos sus derechos.

Aseveró que el procurador se equivocó al responder tardíamente y vía epistolar a la madre de la víctima, Martha Macías, que la única ayuda que se le podría proporcionar a Sandra era psicológica, haciendo caso omiso a la solicitud del aborto que se hizo ante la Agencia tres del Ministerio Público, especializada en Delitos Sexuales.

QUE SE CUMPLA LA LEY

Cuestionó la posición del procurador respecto al caso de Sandra, y reconoció que el funcionario no se distingue por aplicar su ideología personal, por lo que lo llamó a rectificar el camino y ceñirse a la ley.

No obstante, poco puede hacerse ya, pues la joven abusada sexualmente por Ernesto Martínez, de 35 años de edad, presenta cinco meses de embarazo, gracias a la falta de intervención oportuna de las autoridades involucradas, ya que la denuncia fue presentada cuando tenía tres meses de gestación lo que hacía posible el aborto.

Por su parte Angeles López de la misma organización, explicó que desde hace 50 años, el Código Penal del estado contempla la interrupción del embarazo en caso de violación, sin embargo, no existe reglamentación que permita hacerla efectiva.

Acusó a las autoridades guanajuatenses de ser insensibles y ciegos ante los problemas de las mujeres.

Luego se pronunció porque la Secretaría de Salud estatal garantice el acceso a las mujeres al aborto legal para evitar que éstos sigan ocurriendo en el terreno de la clandestinidad provocando la muerte de las mujeres guanajuatesnes.

Igualmente criticó la postura de Mayo Valadéz, quien argumentó que en Guanajuato el aborto está prohibido, desestimando lo establecido en la legislación a nivel nacional.

Verónica Díaz de la misma organización, informó que la denuncia fue presentada el pasado tres de febrero con algunos meses de retraso, ya que no se había percatado de la situación de Sandra, quien era trabajadora doméstica en casa de Ernesto Martínez.

Advirtió la gravedad del caso ya que la joven, junto con su madre, fueron intimidadas por Mayo Valadéz a fin de impedir el aborto de la joven ultrajada.

SM/MEL







       
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