Jessica Lenahan «inicia una mini-revolución en los Estados Unidos», afirmó su abogada Caroline Bettinger-López, luego de la confirmación por parte del Tribunal Internacional de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), de aceptar escuchar su caso, y se espera que entre los siguientes seis o doce meses determine la forma en que los Estados Unidos violentó los derechos humanos de esta mujer.
Cimacnoticias adelantó la atracción del caso por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en julio del presente año.
Ms. Magazine y Rocky Mountain News informan que Lenahan expresó, tras conocer la noticia el pasado viernes, «he esperado justicia por la muerte de mis tres hijos por más de tres años, finalmente tengo la esperanza de que un cuerpo oficial diga que lo que pasó estuvo mal».
En tanto Bettinger-López indicó que el caso de Lenahan «abre una nueva posibilidad para que los casos de violencia doméstica sean escuchados y considerados como violatorios de los derechos humanos».
ANTECEDENTES DEL CASO
En julio de 2007 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) atrajo el caso de Jessica Lenahan, víctima de violencia familiar, y cuestionó la ineficaz respuesta del sistema judicial de Estados Unidos ante la «epidemia» de maltratos, golpes y homicidios que sufren las mujeres en ese país.
Tan sólo en 2005, 9 millones de mujeres fueron víctimas de la violencia doméstica en Estados Unidos. El de Jessica se convirtió en el primer caso individual de violencia doméstica en la Nación Americana en ser abordado por organismo internacional de derechos humanos, informó Women eNews.
El caso de Jessica, conocido como el crimen de Castle Rock, tuvo su punto álgido en Colorado, en junio de 1999, cuando su ex esposo Simon González mató a las hijas de ambos: Rebecca, de diez años, Katheryn, de ocho, y Leslie, de siete años, después de haberlas secuestrado.
Jessica había requerido una orden de restricción en contra de González, para que permaneciera lejos de ella y de sus hijas, pero no le fue otorgada y él tenía permitido pasar tiempo alternado de fines de semana con sus hijas y una cena durante la semana.
La ley de Colorado establece el arresto policiaco de quién viole cualquier orden de restricción, pero los oficiales «no respondieron a las innumerables y repetidas solicitudes de arrestar a González».
Después de descubrir que sus hijas no estaban en su casa, Lenahan buscó ayuda y llamó a la policía a las 18:00 horas del 22 de junio de 1999. Dijo a la policía que su ex esposo tenía a sus hijas. Las evidencias revelaron que González mató a sus hijas horas antes de que arribara a la estación de policía, pues fueron encontradas muertas a las 3:20 de la mañana.
Lenahan sostiene que la policía debió de haber intervenido para evitar los asesinatos. Por eso, en el año 2000 demandó al Departamento de Policía de Castle Rock por 30 millones de dólares y demandó también a tres de sus oficiales, alegando que ellos violaron su derecho de proceder con relación a esa orden de restricción.
La Corte del Distrito desechó su caso, pero en la apelación el Circuito Décimo sostuvo que, por mandato, la ley de Colorado da la provisión de arrestar, aún en su propiedad, al acusado.
Pero cuando la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos revisó el caso, argumentó que la decisión de Circuito Décimo «pudo poner en bancarrota al gobierno municipal».
En junio 5 del 2005, de acuerdo con una decisión de 7 a 2 escrita por el juez Antonio Scalia, la Suprema Corte de Justicia del país sostuvo que los derechos de Lenahan no habían sido violados, porque ella no tenía un derecho personal sobre la policía para hacer cumplir la orden de restricción.
RUMBO A LA CIDH
«Nosotros solicitamos al sistema judicial de Estados Unidos ser escuchados antes de que la Comisión Interamericana diera a Jessica la oportunidad de exponer su historia, pero eso nos fue negado», dijo la abogada Caroline Bettinger-López, parte del equipo legal que representa a Lenahan.
Bettinger-López dijo que las y los abogados pedirán a la CIDH cargos contra el gobierno de Estados Unidos por violación de los derechos humanos de Jessica y por la violación de derechos que sufren otras mujeres.
«Queremos que la Comisión considere la epidemia de violencia doméstica en el país y la inadecuada respuesta del gobierno a esto», dijo la abogada.
Y concluyó, «esperamos que la Comisión escuche y determine no sólo investigar el caso de Jessica y falle a su favor, sino que también actúe diligentemente en la prevención de estos actos en los Estados Unidos e investigue la violencia doméstica, proteja y compense a las víctimas y a sus hijas e hijos, y que las respuestas sean inmediatas cuando estén en peligro».
07/LPB/ML/CV
