Ante la iniciativa priista para que el Congreso de Quintana Roo apruebe la reforma que implica la criminalización de la interrupción legal del embarazo (ILE), más de 280 Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que conforma la Red Nacional, defensoras de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, así como feministas de todo el país, pronunciaron hoy su desacuerdo ante dicha modificación que vulnera los derechos de las mujeres.
En un acto simbólico este día por la mañana las OSC y feministas clausuraron la Casa de Gobierno del estado de Quintana Roo en la Ciudad de México, debido a la iniciativa presentada el pasado 8 de abril por la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Laura Lynn Fernández Piña.
Dicha iniciativa modifica el párrafo primero del Artículo 13 de la Constitución Política del estado de Quintana Roo, que actualmente considera que el Estado debe de garantizar la igualdad jurídica respecto de sus habitantes sin distinción de origen, sexo, condición o actividad social.
Modificada la Ley, reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida de todo ser humano, al sustentar expresamente que desde el momento de la concepción entra bajo la protección de la Ley y es sujeto de derecho para todos los efectos legales correspondientes hasta su muerte, salvo excepciones que establezca la ley.
Ante esto, las OSC sostuvieron que se está estableciendo una protección incondicionada de la vida en gestación, en perjuicio de los derechos fundamentales de las mujeres, a las que se les pretende atribuir el carácter de delincuentes, aunque se les perdona la imposición de la pena en los supuestos previstos en la legislación penal.
Por lo anterior, denunciaron se contraviene la Constitución Federal, ya que conforme a la interpretación sistemática de ésta es necesario que se reconozca los supuestos en los que las mujeres tendrán el derechos de interrumpir el embarazo y a recibir la prestación de servicios médicos que salvaguarden sus vidas, su salud e integridad corporal.
DESACUERDO CIUDADANO
Durante la manifestación, la activista y feminista Martha Juárez dio a conocer que la última encuesta publicada hace apenas unos días sobre Participación Política y Ciudadana, donde el 62 por ciento de las y los mexicanos están en desacuerdo que los gobernantes se entrometan en la decisión de un aborto, pues sostienen es una decisión de las mujeres.
Por otro lado, las OSC entregaron a Miriam Moreno, quien se identifico como la directora de Información y Relaciones Públicas de la casa de Gobierno de Quintana Roo, un exhorto dirigida a las y los diputados del estado donde exponen las implicaciones que tiene la modificación de ley para las mujeres del estado.
En entrevista para Cimacnoticias Blanca Rico, coordinadora y vocera del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), señaló que es claro que el avance y aprobación de estas reformas en siete estados de la República son una negociación entre los Partidos Acción Nacional y el Revolucionario Institucional con una ingerencia clara de la jerarquía eclesiástica, que obviamente decide impulsar estas reformas, ante la despenalización del aborto en el Distrito Federal.
Para Rico, desde la primera aprobación de modificaciones a la Constitución de Sonora, hace seis meses, las OSC y feministas no pueden seguir pensando que todas las iniciativas presentadas en los congresos y las siete reformas aprobadas son aisladas. Existe, dijo, existe una clara negociación a nivel de las cúpulas de los partidos, en la cual, nuevamente los derechos de las mujeres están sirviendo como moneda de cambio para los partidos políticos.
Por otro lado, Rico destacó que se está tratando de convencer a las y los legisladores para que vean las implicaciones de las decisiones que están tomando los Congresos estatales, y éstas afectan directamente la salud de las mujeres, en mortalidad y morbilidad materna y su derecho a decidir.
«Nuestra labor por ahora esta en compartir argumentos con las diputadas y diputados de los estados, pero lamentablemente la clase política de nuestro país responde a intereses que no necesariamente son intereses de la ciudadanía», manifestó.
Para la feminista, sin duda hace falta una Campaña Nacional en Defensa de los Derechos de las Mujeres, pero desafortunadamente se requieren de muchos recursos con los que no cuentan, pero dijo se están creando estrategias con las cuales puedan hacer valer los derechos de las mujeres.
«Los derechos de las mujeres existen y el estado mexicano no solo los ha reconocido a nivel nacional, sino internacionalmente» sostuvo.
Finalmente, Rico dijo que se está explorando la posibilidad de denunciar a nivel internacional, ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Además, iniciaron ya, con el caso de Baja California, las acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mismo que ya fue admitido por esta instancia y esta pendiente su discusión. Finalmente, señaló que existe la posibilidad de amparos que pueden promover mujeres por violación a sus derechos.
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