La Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI) aplaudió la intención del Gobierno de modificar la actual Ley del aborto anunciada por el PSOE en su última reunión ejecutiva, y pidió o una reunión con el Ministerio de Sanidad para trasladar sus propuestas.
ACAI mostró su preocupación por la seguridad de los profesionales ante el «acoso de las administraciones» que lleva a la asociación a inquietarse ante la posibilidad de que obliguen a declarar a las mujeres, tal y como está ocurriendo en Barcelona, según afirmaron a AmecoPress fuentes de ACAI.
La Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo lamenta la «inseguridad jurídica» en la que se encuentran tanto las mujeres como el personal profesional y critica que para comprobar que se ha llevado a cabo de forma correcta el supuesto de riesgo psicológico para la madre «ahora te piden los test psicológicos», cuando facilitar su contenido podría vulnerar el derecho a la intimidad de las mujeres.
Respecto a las inspecciones que está realizando la Consejería de Sanidad en Madrid, ACAI ha manifestado que «son extraordinarias», porque antes realizaban una o dos al año y ahora hacen una por semana, e incluso se ha dado el caso de querer entrar en una intervención para comprobar cómo la hacen las y los profesionales acreditados.
ACAI no descarta elaborar un protocolo de actuación, que trasladaría al Ministerio de Sanidad, para desarrollar el supuesto de la Ley actual que permite la interrupción voluntaria del embarazo en caso de que exista riesgo psicológico o físico para la madre, pues la norma no especifica los términos en que se puede llevar a la práctica y surgen «ambigüedades de las que se deriva todo lo que está pasando».
Piden al Gobierno que modifique la normativa actual y abogan por una ley de plazos que «haga realmente efectivo» el derecho al aborto, según la cual las mujeres serían libres de decidir si quieren abortar en un tiempo determinado si necesidad de exámenes psicológicos ni psiquiátricos.
ALARMA SOCIAL
Por otro lado, la Coordinadora Feminista reunió ayer a asociaciones de mujeres, los sindicatos mayoritarios (CCOO y UGT), profesionales de la salud sexual y reproductiva, y de planificación familiar para unificar posturas y definir estrategias de actuación contra la alarma social generada por el acoso a las clínicas autorizadas para la interrupción voluntaria del embarazo.
El sindicato Comisiones Obreras (CCOO), por su parte, reclama al Gobierno central que modifique la actual Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo asegurando a las mujeres el ejercicio de este derecho dentro de la sanidad pública y que promueva medidas de educación sexual entre la juventud para prevenir embarazos no deseados.
El sindicato denuncia la «alarma social» creada en la ciudadanía por las actuaciones policiales realizadas en las clínicas autorizadas para el embarazo de Madrid y Barcelona, que a su juicio responden a una campaña de «intoxicación y desacreditación, con acusaciones vertidas y no debidamente contrastadas y probadas».
CCOO considera que «grupos conservadores ultraderechistas» están detrás de las amenazas y agresiones que están sufriendo los profesionales de las clínicas, y pide a la Delegación del Gobierno y las fuerzas de seguridad del Estado que garanticen la seguridad de las mujeres y de las profesionales, el derecho a su intimidad y a la protección de sus datos clínicos.
A la reunión de grupos feministas también asistió Teresa Nevado, presidenta de la Agrupación de Madrid del Forum de Política Feminista. Para ella, la cuestión fundamental es la reforma de la Ley del aborto que debía cambiarse por una ley de plazos que despenalice el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.
En su opinión, los últimos acontecimientos sucedidos en Madrid y Barcelona han puesto de manifiesto que hay una «inseguridad jurídica» que afecta a la profesión y también a las mujeres que, además de enfrentarse al duro trance de abortar, pueden ser juzgadas por acogerse a un derecho.
«Este asunto ha estallado en un momento político complicado y no se consideraría igual si no estuviéramos ante un periodo electoral», afirmó. Para Nevado, el feminismo no puede dejar que los grupos antiabortistas ejerzan una presión como la que están haciendo a las personas que trabajan en las clínicas y la «Delegación del Gobierno no debería permitir que, cuando una mujer va a abortar, encima tenga que aguantar manifestaciones e insultos en la puerta del centro».
La Coordinadora de Política Feminista ha convocado una rueda de prensa para informar a la opinión pública de su posición ante la «alarma social e inseguridad para mujeres y profesionales creada en relación a la interrupción voluntaria de embarazo» que tendrá lugar hoy 20 de diciembre en la sede de Madrid.
07/TGE/GG
