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CNDH debe investigar transgresión de garantías en feminicidio

Por Anayeli García Martínez
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Organizaciones civiles solicitaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que investigue la violación sexual, tortura y ejecución cometidas contra las víctimas del feminicidio y homicidio ocurridos el pasado 31 de julio en la colonia Narvarte, en esta ciudad.
 
En conferencia de prensa, Sergio Méndez Silva, integrante del colectivo Justicia Pro Persona, explicó que desde el 10 de junio de 2011 cuando se publicó la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos (DH), la CNDH adquirió la facultad de investigar graves violaciones a las garantías fundamentales, algo que anteriormente podía hacer la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
 
Méndez Silva subrayó que el asesinato de la activista Nadia Vera Pérez, el reportero gráfico Rubén Espinosa Becerril, así como de Yessenia Quiroz Alfaro, Mile Virginia Martín y Olivia Alejandra Negrete Avilés, se debe considerar una “masacre”, porque fue el asesinato cruel y brutal de más de tres personas, caracterizado por el empoderamiento de los victimarios, y debido a que se cometió con armas de fuego con silenciador, por lo que no se puede tomar como un asesinato ni un multihomicidio. 
 
Ante ello, dijo que Justicia Pro Persona junto con otros grupos civiles solicitaron el pasado 6 de agosto a la CNDH que intervenga y abra una investigación, sobre todo tomando en cuenta que el organismo no ha ejercido esta facultad y se ha negado a investigar acontecimientos de esta naturaleza.
 
La queja quedó asentada en el expediente 2015/5821-Q, radicado en la Quinta Visitaduría General de la CNDH, encargada del  Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos y encabezada por Edgar Corzo Sosa, la cual fue admitida aunque aún falta saber si procede o no.
 
Sergio Méndez Silva aseguró que a la luz de los estándares internacionales, los casos de la colonia Narvarte constituyen violaciones graves a los DH, pues hay indicios de tortura, ejecuciones y violencia sexual.
 
En ese sentido, el abogado lamentó que el organismo presidido por Raúl González Pérez no haya realizado su tarea constitucional, y consideró que ello se debe a que la línea de investigación debería ser la probable participación del gobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte, y tomar en cuenta el activismo social y la libertad de expresión de Nadia Vera y Rubén Espinosa.
 
“Si la CNDH investiga por violación grave, necesariamente debe tener como línea de investigación privilegiada al gobernador de Veracruz y las amenazas a periodistas”, demandó el activista.
 
Asimismo en la queja asentaron que la masacre de la colonia Narvarte está enmarcada en un contexto de violencia grave, sistemática y generalizada en contra de las y los periodistas y activistas en Veracruz, lo que agudiza el riesgo de quienes se encuentran en esa entidad.
 
Por lo pronto, informó Méndez Silva, las organizaciones defensoras ya solicitaron una reunión con el titular de la CNDH, para exponerle sus argumentos de por qué abrir una investigación, tal como en su momento lo hizo la SCJN en casos como los operativos policiacos de Atenco en 2006, el conflicto social en Oaxaca entre 2006 y 2007, así como la matanza de Aguas Blancas, Guerrero, en 1995. Dijo que aún no hay fecha para ese eventual encuentro.
 
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