La actuación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en el caso de la señora Ernestina Ascencio, de 73 años, presuntamente violada por militares en Zongolica, Veracruz, en febrero de este año, lo que le habría causado la muerte, desencadenó las críticas de organismos civiles contra el organismo y su titular, José Luis Soberanes, por considerar que «encubrió al Ejército» al negar la violación sexual.
Desde entonces, los organismos estatales de Derechos Humanos señalaron haber perdido la confianza en las autoridades federales y estatales y enfatizaron la pérdida de credibilidad de la CNDH al querer mantener, según sus propias palabras, «incólume y a toda costa, el prestigio de las fuerzas armadas».
«La CNDH no ha cumplido con la tarea para la que fue creada y está muy lejos de lograrlo, al no proteger los derechos humanos de la sociedad civil», afirmó Ricardo Lueve, del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad.
El trabajo de la CNDH se está quedando sólo en cierto nivel; la Comisión debe nombrar también en su recomendación a los responsables intelectuales de las violaciones graves a los derechos humanos, dijo Miguel Concha Malo, del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria.
«Pareciera que la CNDH no quiere hacer estas recomendaciones severas porque no quiere ir a la causa de estos hechos, que son las violaciones sexuales contra mujeres, lo que sigue dando pie a que se cometan nuevos delitos de esta naturaleza y por ende, a la impunidad», señala en entrevista Edgar Cortéz, secretario ejecutivo de la Red Todos los Derechos para todas y todos.
Y agrega, «una Comisión para los Derechos Humanos no tiene efectividad si no genera una verdadera protección a éstos».
El defensor de derechos humanos, quien ha dado seguimiento a las violaciones contra mujeres por militares en el caso de las indígenas tlapanecas, en Guerrero, y tzeltales de Chiapas, dejó en claro que Soberanes no se «atreve» a emitir recomendaciones severas contra la Secretaría de la Defensa Nacional porque «quiere congraciarse con el gobierno en turno al no cuestionarle el eje central de su política».
Detalla Edgar Cortéz que el Ombudsman nacional «da pie a la impunidad» con recomendaciones que no han llegado al fondo del problema al no exigir mecanismos que permitan sancionar a los militares que incurren en estos delitos (violaciones sexuales) y modificaciones o reformas a las leyes que se tengan que reformar.
SIN EXCUSAS
No tiene excusas la CNDH, insiste Cortéz, ni justificación que valga para no exigir recomendaciones para adecuar la legislación conforme a los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
«Estos casos deberían servir para empujar precisamente estas adecuaciones» y termina (la CNDH) recomendando superficialmente y no atendiendo el fondo del problema, dice.
En su opinión, la CNDH tiene todas las facultades para exigir que el Ejército deje de hacer labores de seguridad pública (pero) termina siendo «una comisión que avala una política que está yendo en contra de los derechos humanos» de las y los mexicanos.
EL DOBLE DISCURSO
En las recomendaciones hechas recientemente por la CNDH sobre los últimos casos registrados de violaciones sexuales de militares contra 14 mujeres de Castaños, Coahuila, y contra cuatro menores de edad (3 de 17 años y una de 16) en 3 municipios de Michoacán, la CNDH reconoce «los excesos» en que han incurrido los soldados.
Si bien la violencia sexual de que son objeto las mujeres por la milicia y fuerzas policiacas no es una novedad, con la política de «seguridad nacional» impuesta por el panista Felipe Calderón se ha acentuado esta situación que incluso la misma CNDH lo reconoce:
«De la investigación realizada por esta Comisión Nacional, se lograron recabar diversas evidencias de las que se advierten violaciones a los derechos humanos: uso excesivo de la fuerza pública y de las armas de fuego, violación al derecho a la vida y a la integridad física? irregular integración de la averiguación previa, violación a los derechos de legalidad y seguridad jurídica y ejercicio indebido de la función pública».
No obstante, en el «otro discurso», la CNDH, «apuesta» a una «retirada del Ejército» a largo plazo al sostener que «un Ejército débil y vacilante sólo conviene al narcotráfico y a quienes buscan imponer cambios políticos por medio de la violencia».
Pese a que la CNDH señaló también la existencia de «una guerra de baja intensidad» –en la que las mujeres representan el botín– enfatizó que no exigirá, por considerarlo «una irresponsabilidad», de manera «inmediata», que los militares regresen a sus cuarteles y «confió en la buena voluntad» de la Sedena para acatar dichas recomendaciones y que investigue y sancione a sus presuntos militares violadores.
MUJERES, BOTÍN DE GUERRA
En su oportunidad, el General brigadier, José Francisco Gallardo quien propuso la figura del ombudsman militar y conoce las entrañas del Ejército mexicano, sostuvo para Cimacnoticias «que, con base en la preparación castrense, el personal de infantería sabe que las poblaciones indígenas basan su autonomía en la comunidad social, por lo que cuando llegan a un lugar donde se presume que hay delincuencia, lo hacen para romper el tejido social, atacando a sus mujeres para sembrar el terror y desestabilizar a sus pobladores».
Pero Soberanes Fernández insiste en darle «el voto de confianza a la Sedena» y subraya «queremos creer que se trata de acciones individuales y no de una actitud deliberada y sistemática».
Por eso, para las organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos, la actuación de la CNDH pese a sus «recomendaciones» ha dejado mucho que desear.
07/LG/GG/CV
