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Cobros en clínicas públicas afectan más a indígenas embarazadas

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Los centros de salud de las comunidades indígenas y rurales del estado de Oaxaca violan el principio de gratuidad en la atención médica. Jaltepec de Candayoc, comunidad perteneciente al municipio de San Juan Cotzocón, en la zona mixe, es sólo un ejemplo.
 
Debido a las carencias y desabasto, el comité de salud de la comunidad tiene establecido un pago de 10 pesos en cada cita para poder solventar los gastos del centro de salud.
 
Esther Francisco, es integrante de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddeser) y promotora de derechos sexuales y reproductivos en comunidades indígenas del estado.
 
Explicó que el cobro es generalizado, pero resulta más lesivo para las mujeres embarazadas porque tienen que ir periódicamente a citas y requieren de estudios que también son costeados por las pacientes.
 
Jaltepec de Candayoc es una de las cuatro agencias que conforman el municipio de San Juan Cotzocón, ubicado a 10 horas de la capital del estado.
 
La principal actividad de las mujeres es el corte de café y siembra de maíz, actividades por la que perciben ingresos de 11 y 3.50 pesos por kilo, respectivamente. Como actividad temporal, las mujeres van al día en sus gastos, apenas suficientes para comer.
 
Pagar un servicio que tendría que garantizar el gobierno como gratuito les reduce aún más el adelgazado ingreso, pues además de las citas, las mujeres tienen pagar en clínicas particulares exámenes de laboratorio y ultrasonidos.
 
Incluso, cuando no son recibidas en los hospitales, pagan atención particular. “Las mujeres embarazadas requieren de atención porque se complica alguna cosa y van a (la localidad de) María Lombardo –a media hora de camino–, pero el traslado es solventado por ellas mismas”, refirió.
 
Un estudio sobre la calidad de la atención materna en el primer nivel de salud, es decir en las clínicas de los Servicios de Salud de Oaxaca, revela que no se otorga el servicio de laboratorio y exámenes de diagnóstico “que son parte intrínseca de una buena calidad de la atención prenatal”, enfatizó Paola Sesia, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) Oaxaca.
 
Las mujeres son referidas a otros lugares para los exámenes de laboratorio y eso implica costos directos e indirectos, expuso.
 
“En muchos casos son referidas a la atención privada; en muchos otros son enviadas fuera de sus localidades y eso implica costos directos e indirectos. El hecho de que implique costos refiere que se está violando el derecho a la gratuidad de la atención que tendría que ser garantizada”, advirtió.
 
La también integrante del Comité Promotor por una Maternidad Segura en México (CPMSM) subrayó que quienes no logran cubrir esos costos son las mujeres más pobres y las indígenas.
 
No contar con los estudios, dijo, implica que no van a recibir una atención adecuada, de calidad y que no se van a poder detectar riesgos. “Eso es una violación al derecho a la no discriminación”, sostuvo Sesia.
 
En la atención durante el parto, expuso, la mayoría de las mujeres se atienden en una institución de salud. Datos de 2011 de la Secretaría de Salud federal establecen que el 85.5 por ciento de las oaxaqueñas atienden sus partos en instancias de salud.
 
“Las mujeres sí llegan a los servicios de salud y sí se atienden. El problema es la calidad de la atención en el momento en que las mujeres están en esos establecimientos”, apuntó la especialista.
 
Precisó que lo anterior no es un problema exclusivo de Oaxaca: “Es un problema en la calidad de la atención obstétrica que estamos viendo a nivel nacional, y que es urgente que el sistema de salud en su conjunto tome cartas en el asunto para mejorar el desempeño”.
 
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