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Cocinan agenda de cara al Parlamento de Mujeres

Por Rafael Maya

Como preámbulo al Parlamento de Mujeres de México (PMM) a celebrarse en marzo próximo, senadoras y diputadas federales y estatales realizaron el Primer Encuentro Nacional de Legisladoras con el fin de coordinar una agenda de reformas legales que plasmen en constituciones y códigos los derechos femeninos.

El Encuentro Nacional de Legisladoras, que se llevó a cabo la semana pasada en la Cámara de Diputados, se suma a una serie de esfuerzos impulsados por mujeres de la esfera política para conjuntar acciones y asumir compromisos comunes, todo ello en aras de modificar las legislaciones federal y estatal en beneficio de las mexicanas.

Ese evento se realizó justo cuando la probable candidatura presidencial de la esposa del presidente Vicente Fox, Marta Sahagún, ocupa los principales espacios de los «grandes» medios informativos, los cuales lejos de resaltar el quehacer legislativo a favor de las mujeres, destacan –como algo negativo– la «injerencia» femenina en el ámbito político, espacio tradicional del dominio masculino.

Participantes de la reunión como la ex presidenta de la Cámara de Diputados, Beatriz Paredes, minimizaron ante las y los reporteros la posible candidatura de Sahagún al considerarla como un elemento «distractor» de los temas políticos y sociales de verdadero interés para el país.

De las seis mesas de trabajo en que se dividió el Encuentro Nacional de Legisladoras emanaron diversos acuerdos que, aunque reiterativos, dejaron en claro la impostergable necesidad de que las leyes federales y estatales se armonicen para ampliar y garantizar los derechos de las mexicanas en rubros como violencia intrafamiliar, participación política y presupuestos con equidad de género.

Las más de 100 legisladoras de todo el país que se congregaron, refrendaron una vez más –y lo demostraron– que las mujeres deben y pueden llegar a consensos a favor de sus derechos, más allá de intereses ideológicos y partidistas.

A esa iniciativa se sumaron el presidente de la Cámara Baja, el panista Juan de Dios Castro, y el coordinador legislativo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Emilio Chuayffet.

DE REUNIONES Y PACTOS FEMENINOS

Así, de ese Primer Encuentro Nacional de Legisladoras surgieron propuestas para estipular en los códigos penales estatales a la violencia doméstica como un delito, a partir de lo convenido en la Ley Federal Contra la Violencia Intrafamiliar (aprobada en 1997) y lo que señalan los convenios internacionales firmados por México.

Además, surgió la propuesta de eliminar artículos retrógrados de códigos civiles de algunos estados que obligan a las mujeres a pedir permiso a sus maridos para ir a trabajar, entre otras medidas.

Las diputadas federales y locales, así como las senadoras también se propusieron homologar las leyes electorales de las entidades, para que de una vez por todas se garantice a las mujeres al menos 30 por ciento de las candidaturas a cargos de elección popular.

Entre otros temas, el encuentro resolvió un plan de acción para modificar la propia Constitución Mexicana y las de los estados para que los presupuestos públicos y las leyes de Ingresos se diseñen y apliquen tomando en cuenta las inequidades entre los sexos, y de ese modo se reduzca la brecha de desigualdades existente entre mujeres y hombres.

Ahora resta que esa coordinación del Poder Legislativo Federal y estatal a favor de las mujeres se plasme en las leyes respectivas, y mejor aún, que se vea reflejada en la vida cotidiana de millones de mexicanas que padecen el flagelo de la discriminación.

La sexta versión del PMM, evento que se realiza desde 1998 y que se celebrará en marzo en la Cámara Baja, será la continuación (ahora con la participación directa de la sociedad civil) de esos esfuerzos por garantizar a las mujeres una ciudadanía plena de derechos.

Cabe recordar que las actuales diputadas federales priistas, panitas y perredistas firmaron en agosto pasado, previo inicio de la actual Legislatura, un pacto por la ciudadanía plena de las mexicanas, en el que se comprometieron ante el electorado a reformar la legislación para alcanzar la equidad de género.

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