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Código Penal estatal criminaliza a las veracruzanas: expertas

Por Angélica Jocelyn Soto Espinosa
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Académicas, juristas y activistas consideraron inconstitucional el Código Penal (CP) del estado de Veracruz, toda vez que penaliza con “reeducación” a las mujeres que abortan, y porque entre sus causales para el aborto legal no contempla la salud de las mujeres.
 
Hoy se realizaron las jornadas de análisis “Veracruz. La ley que criminaliza a la mujeres”, organizadas por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en el contexto de la iniciativa de reforma al artículo cuarto de la Constitución de Veracruz, para “proteger la vida desde la concepción y hasta la muerte natural”.
 
En paralelo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó un proyecto que presentó el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, para declarar inconstitucionales dos artículos del Código Penal Federal (CPF), por considerar que niegan el derecho al aborto legal cuando la salud de la mujer corre peligro.
 
En las jornadas, especialistas coincidieron en que el tipo penal que castiga el aborto en Veracruz se basa en el precepto de que “la naturaleza de las mujeres es ser madres, que no tienen capacidad de pensar por sí mismas, y que existe una sola moral”.
 
El abogado Javier Cruz Angulo explicó que los artículos 149 y 150 del CP estatal castigan a las mujeres que abortan con un plan de “reeducación”, lo que demuestra que según el Legislativo, ellas están incapacitadas para decidir sobre la maternidad y necesitan ser “reeducadas”.
 
El litigante precisó que al respecto, la SCJN rechazó en 2015 analizar un amparo sobre la supuesta inconstitucionalidad de tales artículos, y que aborda el caso de una mujer que fue acusada de aborto por los médicos que la atendieron, y que fue diagnosticada en un primer momento con un cuadro de gastritis.
 
Angulo detalló que este es el segundo amparo que llega a la Corte sobre el caso Veracruz. Abundó que en el primero –de 2011– la SCJN determinó que existían todos los elementos para ser discutido, pero la mujer que presentó el recurso fue “presionada por grupos Provida para que se desistiera”.
 
El abogado advirtió que no es posible que ante dos amparos que impugnaban los mismos artículos del CP de Veracruz y tenían una misma argumentación, la SCJN haya dado dos respuestas diferentes, por lo que se interpuso un nuevo recurso para que se revise esta decisión.
 
De acuerdo con Angulo, el CP estatal contraviene la Constitución federal al no establecer un plazo de la pena, que es “reeducar” a la mujer, así que este castigo podría imponerse de por vida y además viola el derecho de las mujeres a la privacidad e intimidad, y “en realidad no protege a nadie”, expresó.
 
La también experta en Derecho Geraldina González de la Vega criticó que el CP local se opone al derecho al libre desarrollo de la personalidad de las mujeres y a la dignidad, lo que viola el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
 
Además, dijo, ya hay tesis en otros países que podrían ser retomados en México para argumentar la despenalización del aborto; no obstante, acotó, es importante que la SCJN discuta proyectos como el que presentó hoy el ministro Arturo Zaldívar, a fin de contar con precedentes para no criminalizar la interrupción del embarazo en todo el país.
 
Rebeca Ramos Duarte, abogada del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), observó que Veracruz es uno de los pocos estados que no considera la salud, ni la economía de las mujeres como causales para el aborto legal, lo que también es inconstitucional, apuntó.
 
La iniciativa de reforma constitucional del gobernador saliente de esa entidad, Javier Duarte –la cual está pendiente de discutirse en segunda vuelta en el Congreso local–, sólo vendría a empeorar el panorama en uno de los estados con mayor razón de muerte materna, alertó la defensora de los derechos reproductivos.
 
Recordó que grupos civiles de Veracruz ya solicitaron una Alerta de Violencia de Género por “agravio comparado”, a fin de que se reconozca que las leyes locales son dispares respecto a lo que marca la Constitución federal, y que violentan los Derechos Humanos de las mujeres.
 
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