Los peticionarios legales que lograron que tres de los 8 casos de feminicidio del «Campo algodonero» llegaran a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), solicitaron el mes pasado a ésta una audiencia ante el pleno para que atraiga y conozca de los 8 casos, pues argumentaron que éstos no son aislados, sino la suma de violaciones a los derechos humanos de las mujeres.
Así lo dijo en entrevista para Cimacnoticias la abogada Karla Michel Salas, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), quien conjuntamente con el abogado David Peña fueron notificados el 21 de diciembre de 2007 por la CoIDH de la aceptación de los casos de Esmeralda Herrera Monreal, Claudia Ivete González y Laura Berenice Ramírez, cuyos cuerpos fueron encontrados en el Campo Algodonero.
Aunque el Sistema Interamericano sesionará en diciembre próximo en nuestro país y se esperaba que durante este año la Corte se pronunciara sobre el tema, será hasta el siguiente año, de acuerdo al pronóstico de Salas Ramírez, cuando la Corte profundice en el caso, ya que no acostumbra tratar casos del país donde sesiona.
La abogada precisó que cuando la CoIDH tiene en sus manos un caso y no hay un juez de la nacionalidad del país demandado, ésta otorga «el beneficio» al Estado en cuestión para que nombre un juez ad hoc.
Así sucedió en el caso de México, explicó Salas, país que designó a la jueza Verónica Martínez Solares, pero cuyo nombramiento fue rechazado por la CoIDH al considerar que no cumplía los requisitos que dicha institución solicitaba. Así, el Estado mexicano tendrá que decidir un nuevo nombramiento.
Lo anterior constituye, ha sostenido Salas Ramírez, una desventaja para las víctimas del Sistema Interamericano, ya que al nombrar jueces ad hoc, éstos litigan a favor de los Estados, lo que es contrario al objetivo de la víctima que es el acceso a la justicia.
No obstante dijo, es una práctica de la Corte y habrá que sujetarse a ella, por lo que reiteró que están en espera de este nombramiento y de que decida si acepta o no los 8 casos del Campo Algodonero.
La abogada dijo que a raíz de que el caso se empezó a mover en el Sistema Interamericano y logró llegar a la Corte, al Estado mexicano se ha dado a la tarea de «dividir» los 8 casos en apéndices «como si fueran hechos aislados», individuales, que no tienen relación entre sí.
La hipótesis que el Estado mexicano ha manejado (desde 2001), dijo la especialista en derecho internacional, es que existen 9 personas como probables responsables de los asesinatos de las mujeres del campo algodonero, situación que reforzó con la extradición, el pasado 31 de octubre, de José Francisco Granados de la Paz, de Estados Unidos a México, quien «confesó» haber cometido feminicidio contra 10 mujeres en Ciudad Juárez entre 1993 y 2006.
Para Michel Salas, si la Corte decidiera no conocer ni aceptar la totalidad de los casos del Campo Algodonero, abriría aún más la puerta para que el Estado mexicano continúe fabricando culpables y pruebas, pero lo más grave es que los familiares de las víctimas no tendrán el derecho a la verdad y a la reparación del daño.
08/LGL/GG
