A más de cuatro meses de que grupos civiles demandaron investigar y emprender acciones urgentes contra la violencia feminicida en el estado de Colima, finalmente se emitieron 10 recomendaciones al gobierno de la entidad para detener este flagelo, y que de no acatarse derivarían en una Alerta de Violencia de Género (AVG).
Este fin de semana, la Comisión Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) difundieron el informe del Grupo de Trabajo (integrado por representantes de instancias de gobierno y de la academia) que indagó el clima de violencia de género denunciado por la sociedad civil.
A más tardar en 15 días hábiles el gobierno estatal debe informar si acata o no las recomendaciones. Si acata, tiene seis meses para cumplirlas y si no las acepta se declararía la AVG de manera inmediata para la entidad.
En diciembre de 2014, el Centro de Apoyo a la Mujer Griselda Álvarez y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Colima presentaron ante el Inmujeres una solicitud de investigación por violencia feminicida en la entidad.
La petición –acompañada de 12 mil firmas ciudadanas– se fundamentaba en que en Colima el feminicidio mantiene la misma tendencia en cifras desde hace tres años, ya que de enero a julio de 2012 se registraron 12 víctimas, mientras que en el mismo lapso de 2013 fueron 11, y de enero a julio de 2014 se reportó el mismo número de casos.
También indicaron que para 2010 Colima ocupaba el primer lugar nacional en egresos hospitalarios de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar en instituciones públicas; el 20.4 por ciento de las mujeres que trabajaban en la entidad habían sido víctimas de violencia laboral, y 87 por ciento fue víctima de discriminación.
Según el seguimiento hemerográfico realizado por Centro de Apoyo a la Mujer Griselda Álvarez, entre enero de 2003 a noviembre de 2013 se registraron 101 homicidios de mujeres.
Tras recibir la solicitud, Inmujeres y Conavim emitieron en enero pasado una convocatoria pública para seleccionar a las y los académicos que se integrarían al Grupo de Trabajo.
El equipo se reunió por primera vez el pasado 3 de febrero. Luego de cinco sesiones ordinarias y dos visitas a la entidad, finalmente el pasado 4 de marzo entregó el informe con las 10 recomendaciones.
En el documento de 104 páginas se señala que el gobierno de Colima –encabezado por el priista Mario Anguiano Moreno– informó que entre 2003 y 2014 un total de 105 mujeres fueron privadas de la vida, de los cuales 81 casos fueron homicidios y 24 fueron tipificados como feminicidio, según la reforma penal vigente desde el 27 agosto de 2011.
Con referencia al estado procesal de los casos, Colima señaló que de los 81 homicidios dolosos, 28 están “en trámite”, 12 cuentan con sentencia condenatoria, 12 están en reserva, 10 cuentan con auto de formal prisión, nueve fueron consignados, siete están en archivo, uno tiene orden de aprehensión, uno está pendiente de aprehensión, y uno más se encuentra con estado procesal “inexistente”.
Con respecto a los 24 casos de feminicidio, ocho cuentan con auto de formal prisión, siete están “en trámite”, tres tienen orden de aprehensión, dos están consignados, dos tienen sentencia condenatoria, uno está en reserva y uno sin sujeción a proceso.
Después de analizar la información de las organizaciones, la entregada por el gobierno local, así como diferentes fuentes de información y realizar entrevistas, el Grupo de Trabajo emitió 10 recomendaciones bastante similares a las formuladas por otro equipo al gobierno de Michoacán a principios de este mes. (Cimacnoticias 8 de abril 2015).
El Grupo de Trabajo concluyó que un número significativo de delitos cometidos en contra de mujeres no se han resuelto “lo que implica deficiencias en las investigaciones y consecuentemente, genera impunidad y perpetración de la violencia contra las mujeres”, por lo que llamó a tomar todas las medidas necesarias por parte de las autoridades para resolver los casos y agotar las líneas de investigación.
Al señalar que en muy pocos casos de homicidios dolosos de mujeres y feminicidio se ha otorgado reparación integral del daño, el grupo propuso al gobierno local ejecutar sentencias condenatorias de reparación integral.
Parte de las recomendaciones es diseñar una estrategia educativa transversal en materia de Derechos Humanos y perspectiva de género; realizar un diagnóstico de las necesidades de sensibilización, capacitación y profesionalización de las y los servidores públicos, para diseñar capacitaciones adecuadas procurando que los agentes del Ministerio Público sepan cómo pedir órdenes de protección, así como integrar expedientes desde la perspectiva de género.
El gobierno de Colima también debe diseñar un modelo único de atención integral para mujeres víctimas de violencia, etiquetar más presupuesto con perspectiva de género, y diseñar e implementar campañas para erradicar la violencia contra las mujeres.
Las recomendaciones también comprenden la creación y adopción de los protocolos y procedimientos institucionales necesarios, a nivel estatal y municipal, para la tramitación de las órdenes de protección, integrar adecuadamente el banco estatal de datos de violencia contra las mujeres, y hacer diversas reformas al Código Penal estatal.
Colima es la cuarta administración local en recibir recomendaciones contra la violencia de género; previamente habían sido emitidas observaciones para los estados de Guanajuato, Morelos y Michoacán.
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