En Colombia, los números quedan detrás de la cruda realidad. Las escandalosas cifras de embarazos juveniles nos obligan a preguntarnos qué pasa
Podríamos empezar por el conflicto armado, la guerra o los fuegos cruzados que en formas perversas se manejan desde los altos cargos de uno u otro bando; ellos consideran y los demás cumplen. Hoy deciden que unos se entregan y otros negocian, otros son extraditados, y la gran mayoría ve cómo deciden una reelección del presidente Álvaro Uribe, quien ha dado gabelas a los paramilitares, promotores de cientos de masacres.
¿Y que tiene que ver esto con los embarazos juveniles? En Bogotá, capital con unos seis millones de habitantes, 122 mil 863 mujeres entre los 10 y los 19 años dieron a luz en el 2000, según publicó el diario El tiempo el 16 de octubre; no obstante, uno de cada cuatro embarazos en el país termina en aborto, de acuerdo con datos actualizados..
Es evidente que la mayoría de los esfuerzos se van para la guerra (el dinero del Plan Colombia está administrado por empresas privadas); basta con ver lo que denominan sistema de salud. ¿Sistema? La mayoría de hospitales públicos está siendo cerrada por las administraciones locales, las regionales o la nacional; entonces, la atención a los derechos reproductivos y sexuales, ¿dónde queda, señores y señoras del gobierno colombiano?
¿Adónde van las y los jóvenes, la adolescencia necesitada de información, educación y atención que el Estado está obligado a proporcionar a toda la ciudadanía?
No es suficiente la escasa educación sexual, ni el acceso a métodos anticonceptivos o la concienciación sobre la importancia de prevenir la violencia sexual en la sociedad. Los resultados hablan.
Quizá digan que es importante «acabar la guerra» para luego tomar las medidas necesarias. Podría ser cierto si no se dejaran las tierras a quienes han sido los victimarios, y si no existiera el desplazamiento para tres millones de colombianos y colombianas; podría ser cierto si hablásemos de la verdad y efectivamente se aplicase justicia, no una ley que beneficia a quienes expropiaron a millones de campesinos.
En Colombia, la juventud de los barrios populares, los que han estado y están en la guerra, sienten que la vida se vive al día, como en realidad es, pero no sin proyectos, sin esperanzas de futuro, porque según ellas y ellos, como ya escribió Alonso Salazar, «no nacimos para semilla». La esperanza se cifra en una hija, un hijo, para proyectar la vida. «Es mejor tenerlos joven porque después uno no sabe…», dice una joven de un barrio de la ciudad de Pereira.
En el caso de los embarazos indeseados y de las mujeres que quieren interrumpirlo, ellas actúan en la ilegalidad si tenemos en cuenta que Colombia se encuentra entre el 0.4 por ciento de países en el mundo que penaliza el aborto y no acepta ningún supuesto, ni siquiera la violación o el peligro para la vida de la madre o el feto, tal como aparece en la demanda que meses atrás presentó la abogada Mónica Roa ante el Tribunal Constitucional.
Amnistía Internacional publicó este año cómo el cuerpo de las mujeres en Colombia, al igual que en otras tantas guerras, ha sido convertido en un campo de batalla. El Derecho Penal Internacional «reconoce que obligar a la mujer a llevar al enemigo en su vientre es una clara violación a su dignidad», decía la abogada Roa en una conferencia en la Universidad Central de Bogotá.
El panorama que parece tan desesperanzador toma el color del optimismo con batallas como las que libran Mónica Roa, las mujeres de la Ruta Pacífica o las vendedoras de flores en la Plaza de Palo Quemado, en la capital, que con su día a día dicen: ¡Aquí seguimos!
*Periodista
05/FC/YT
