Un grupo de paramilitares habría asesinado a Ingrid Yahira Sinisterra, de 16 años de edad, en la ciudad de Buenaventura, Departamento de Valle del Cauca, Colombia, de acuerdo con denuncias recibidas por el Secretariado Internacional de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT).
Antenna Internacional, organización miembro de la Red SOS-Tortura, así como fuentes calificadas como confiables por la OMCT, informaron asimismo sobre la desaparición forzada de dos jóvenes, cuyos nombres y edades no han sido informados, y de las torturas infligidas a otra joven, cuyo nombre y edad tampoco han sido informados.
Los hechos habrían ocurrido el 24 de agosto de 2007, hacia las 15:00 horas, cuando la niña Ingrid Yahaira Sinisterra, estudiante de décimo grado de bachillerato, salió del colegio en compañía de una compañera de estudio y se fue caminando por el Barrio de nombre Bajo Firme.
Al llegar a la calle conocida con el nombre de Ramiro, Ingrid y su compañera fueron abordadas por paramilitares, quienes las obligaron a trasladarse a la calle conocida con el nombre de La Guarapera del Barrio Lleras.
Según las denuncias, los paramilitares golpearon en varias ocasiones a la compañera de Ingrid exigiéndole que dijera los nombres de las mujeres de los guerrilleros, y luego de golpearla la dejaron ir.
Según las denuncias, momentos después los paramilitares se dirigieron hacia el Barrio Muro Yusti, situado en la Comuna 2 y de allí sacaron por la fuerza a dos jóvenes para llevárselas con ellos, y hasta el momento en que la OMCT emitió el comunicado nada se sabía sobre su paradero ni sobre su integridad personal.
Se ha informado además que las familias de estas últimas dos jóvenes han recibido amenazas de muerte con el fin de que éstos dejen de buscarlas.
Posteriormente, en horas de la noche del mismo 24 de agosto, algunos familiares de Ingrid fueron informados de su muerte ocurrida en el Barrio Lleras. Ante ello, varios de ellos se dirigieron a la calle La Guarapera a reclamar a los paramilitares que les entregaran el cuerpo sin vida de Ingrid.
Según las denuncias, los paramilitares respondieron: «esto es para que aprendan a ser novias de guerrilleros, el cadáver va a permanecer toda la noche amarrado a un poste de la energía. Vengan mañana y se la pueden llevar».
El cadáver de Ingrid Yahaira habría sido expuesto en público en la calle, como medida de «escarmiento» para la sociedad.
El 25 de agosto de 2007 por la mañana, los familiares de Ingrid regresaron a La Guarapera para insistir ante los paramilitares que les entregaran el cadáver, pero al llegar al lugar se encontraron con la información de que al cadáver de Ingrid le habían abierto el vientre, le habían sacado los órganos y lo habían arrojado al mar.
Rápidamente, el mismo día, los familiares lograron rescatar del mar el cadáver, el cual presentaba heridas de cuchillo por todo el cuerpo, y el 27 de agosto de 2007 le dieron sepultura.
Las informaciones señalan que, anteriormente, el 8 de agosto de 2007, también en el Barrio Lleras, fue desaparecido y según las denuncias presuntamente habría sido asesinado, el señor Alex Mauricio Asprilla Bonilla, de 22 años de edad.
Por otra parte, el 29 de agosto de 2007, en el Barrio Punta del Este aparecieron letreros escritos en papel pegados en varias paredes, donde se leía: «guarde a sus hijos buenos que por los malos venimos nosotros. LAS AGUILAS». Ese día aparecieron en Buenaventura otros tres cadáveres, cuyos nombres y mayores datos no se han informado.
PARAMILITARES CONTRA LAS MUJERES
Tal como lo señala la señora Radhika Coomaraswamy, Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, en su Informe sobre Colombia de 2001, estos hechos hacen parte de una política sistemática de los grupos paramilitares en contra de los derechos fundamentales de las mujeres.
«Además de la violación y del secuestro de mujeres y muchachas, que practican todos los grupos armados, los paramilitares han empezado a practicar otras formas de dominio en las regiones que están en su poder.
«Imponen límites territoriales a la libertad de circulación y toques de queda; si se quebrantan estos últimos se viola y mata a las mujeres. Imponen regímenes rigurosos de comportamiento social, que entrañan restricciones en lo que pueden o no pueden ponerse las mujeres, y castigos por mala conducta.
«Alparecer, la policía no interviene y la población local no tiene ningún recurso ante la justicia», señala el Informe de la Relatora.
LLAMADO AL ESTADO COLOMBIANO
La OMCT condena estos nuevos hechos de extrema violencia y vuelve a recordar que el Estado Colombiano, de acuerdo con los principios constitucionales y con los tratados y Convenios Internacionales, tiene el deber jurídico de prevenir las violaciones de los derechos humanos, dice el comunicado.
Asimismo, está obligado a tomar las medidas necesarias para investigar, identificar, juzgar y sancionar a los responsables por su acción u omisión, y/o tomar las medidas correctivas de carácter administrativo y/o político que impidan que estos crímenes se sigan perpetrando.
Por ello diversas organizaciones que trabajan a favor de los derechos humanos, ciudadanas y ciudadanos, están escribiendo a las autoridades Colombianas, urgiéndolas a tomar inmediatamente todas las medidas apropiadas para localizar el paradero de las dos jóvenes desaparecidas del Barrio Muro Yusti y para garantizar su seguridad y su integridad física y psicológica, así como la de todos los miembros de sus respectivas familias.
Asimismo atomar inmediatamente todas las medidas apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de todos los miembros de la familia de la niña Ingrid.
Llevar a cabo una investigación independiente, exhaustiva, completa, e imparcial en torno al asesinato de Ingrid, a las torturas infligidas a su compañera, y a la retención y posterior desaparición de otras dos jóvenes.
Y en general a todas las violaciones de derechos humanos arriba mencionadas, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial y aplicarles las sanciones penales, y/o administrativas previstas por la ley.
Otorgar una adecuada reparación a todos los miembros de la familia de la niña Ingrid y de las demás jóvenes víctimas denunciadas en el presente llamado.
También, a dar inmediato cumplimiento a las recomendaciones dadas por los organismos internacionales y regionales de derechos humanos, incluyendo la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.
Y, de manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país, y en particular en éste caso en el municipio de Buenaventura, en donde, según las denuncias, actúan los paramilitares en total impunidad.
Todo ello, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por Colombia, en particular la Convención Contra la Tortura, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.
07/GG
