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Coludidos, gobierno y CNDH en desaparición forzada

Por María de la Luz González

Diana Martínez Dueñas lleva más de cuatro años exigiendo justicia para ella y su familia sin recibir respuesta, sin que ninguna autoridad le diga dónde está su hermano Alejandro Martínez Dueñas, desaparecido el 30 de junio de 2001 por agentes de la entonces Policía Judicial Federal (PJF) y policías estatales en la ciudad de Colima.

La de Alejandro es la primera desaparición forzada registrada en el sexenio de Vicente Fox: ocurrió a solo seis meses de su toma de posesión y en plena restructuración de la PJF que, a los pocos meses, se transformó en la actual Agencia Federal de Investigación (AFI).

Desde la desaparición de su hermano, esta mujer, un ama de casa y madre de tres hijos, emprendió su propia investigación. Sola, sin ayuda de nadie, reunió pruebas, testigos, y logró documentar la intervención de los agentes federales en la detención ilegal de Alejandro y de su amigo José de Jesús González Medina.

Las investigaciones oficiales, tanto de la Procuraduría General de la República como de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se basan, prácticamente en 100 por ciento, en las pistas y evidencia reunidos por Diana. Sin embargo, no ha logrado que se castigue a los responsables y que los jóvenes sean presentados.

En su búsqueda de justicia ha acudido a Fox, al entonces secretario de Gobernación, Santiago Creel, al ex procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, y a la CNDH, y ha denunciado en todos los foros posibles la red de complicidades que protege a los secuestradores de Alejandro y Jesús.

Después de tocar todas las puertas, de sufrir el acoso e intimidaciones de los que han sido víctimas tanto ella como su familia, asegura estar decepcionada del “gobierno del cambio”, del sistema de procuración de justicia y de la propia CNDH, a cuyo titular, José Luis Soberanes, acusa de estar coludido con el gobierno federal para encubrir a los responsables de la desaparición de Alejandro.

Y es que, pese a todas las pruebas aportadas por Diana, el organismo consideró que no había evidencia suficiente para establecer que Alejandro había sido víctima de desaparición forzada y así lo estableció en la recomendación 09/2005, que emitió sobre el caso el pasado 16 de mayo.

Diana afirma que la CNDH omitió mencionar en su recomendación que el 16 de marzo de 2004 personal de la Cruz Roja en Colima confirmó a visitadores del organismo que en los días en los que desaparecieron Alejandro y Jesús, un agente de la PGR, al que identificaron por el apellido de Requena, lo llevó a la institución, golpeado y esposado junto con otro joven.

“El personal de la Cruz Roja manifestó ante la CNDH que es común que los agentes de las corporaciones policiacas lleven a personas en ese estado. El agente Requena solicitó un certificado médico en el cual se hiciera constar que dichas personas (Alejandro y el otro joven) no tenían lesiones, aunque se presentaron esposadas y golpeadas”, explica Diana.

La CNDH omitió también un elemento indispensable en todo caso de desaparición forzada, que es la de exigir la presentación con vida de las personas desaparecidas, en este caso de Alejandro y Jesús.

Por ese motivo, afirma, la recomendación de la CNDH está incompleta y carece de elementos suficientes para lograr una actuación plena, total y expedita de las autoridades correspondientes, a fin de lograr que se presenten informes contundentes y se finquen responsabilidades a los culpables.

Denuncia también que ni la PGR ni las autoridades del gobierno de Colima han realizado acción alguna para localizar y presentar con vida a los dos jóvenes, “situación que pone en entredicho la efectividad y ética de dichas instituciones”.

Por el contrario, acusa, la PGR se ha dedicado a obstaculizar tanto las investigaciones oficiales como las gestiones que realiza la familia Martínez Dueñas, “y se ha dedicado a intimidarnos a mí y a mi familia, integrando un expediente con información de actividades, domicilios, teléfonos y copias de identificaciones personales de todos nosotros”.

Ante la falta de respuesta del Estado mexicano y lo que considera complicidad de la CNDH, Diana ha decidido recurrir a las instancias internacionales y ya solicitó la intervención en su caso de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Louise Arbour, y de organismos como Amnistía Internacional.

05/LG/GM

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