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Comandanta Nestora Salgado, a un paso de la libertad

Por Anayeli García Martínez
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Durante 10 meses Nestora Salgado García caminó a lado de la población indígena y comandó la Policía Comunitaria (PC) de Olinalá, un poblado enclavado en La Montaña guerrerense, donde como muchas otras mujeres ejerció su derecho a defender los derechos de las demás personas.
 
En menos de un año, la activista trabajó por la seguridad de su pueblo, bajó el número de secuestros, el robo de ganado y los asesinatos, y además implantó un sistema de reeducación para quienes delinquieran, un trabajo que le valió ser aprehendida y encarcelada arbitrariamente. 
 
Después de pasar dos años y medio en prisión, finalmente este viernes 18 de marzo la ex comandanta podría ser liberada tras el fallo de los juzgados de Tlapa, Huamuxtitlán y Ayutla, todos en Guerrero, en caso de que no encuentren pruebas para condenarla a prisión por los supuestos delitos de robo de armas, secuestro y homicidio.
 
Líder en una policía integrada en su mayoría por varones, Nestora apostó por la autoorganización para que sus hijas y nietos no vivieran en medio de la violencia y, así como otras mujeres guerrerenses, se dedicó a la defensa de los Derechos Humanos (DH), como ella misma ha contado en sus cartas escritas desde el encierro.
 
Su lucha se hizo visible el 27 de octubre de 2012 cuando Olinalá atendió el llamado de repicar las campanas de su iglesia, para convocar a una asamblea en la plaza pública. Aquel día, la gente conmocionada se preguntó qué hacer ante el reciente asesinato de un joven de la comunidad.

Clara en sus ideales, la activista tomó el micrófono y dio respuestas; su primer llamado fue a la unidad. Esa fecha nació el Concejo Social Olinalteco que organizaría la PC, de la que luego ella fue electa coordinadora. Así se hizo comandanta. 
 
Nestora surgió como líder en Guerrero, estado cuna de organizaciones magisteriales, campesinas y guerrilleras, y donde los pueblos indígenas, que congregan a unas 600 mil personas, se han volcado en una defensa permanente de sus derechos.
 
Semillero de dirigentes comunitarias, en Guerrero se han desarrollado las luchas de mujeres que defienden su tierra y territorio, que denuncian los abusos militares, que promueven los derechos sexuales y reproductivos, o que simplemente pugnan por condiciones de vida digna para los pueblos indígenas. 

Allí están Felicitas Martínez Solano, quien dirigiera la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), y Obtilia Eugenio Manuel, presidenta de la Organización del Pueblo Indígena Tlapaneco (OPIM).
 
También están Matilde Pérez Romero, integrante del Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, en Chilapa de Álvarez; Hermelinda Tiburcio Cayetano, integrante de Kinal Antzetik –grupo defensor de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres–; y Silvia Castillo Salgado, directora del Instituto Guerrerense de Derechos Humanos.
 
Aunque cada una trabaja desde diversas temáticas, cualquiera podría correr la misma suerte de Nestora. Y como muestra, las amenazas que han vivido.  
 
Obtilia Eugenio recibió medidas de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2005, y desde abril de 2009 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) ante las amenazas de muerte por denunciar violaciones sexuales de parte de militares.
 
Otras defensoras han corrido con peor suerte. Eva Alarcón Ortiz, coordinadora de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESP) fue desaparecida el 8 de diciembre de 2011, y desde entonces nada se sabe de su paradero.
 
Casos igual de impunes son los asesinatos de Rocío Mesino Mesino, dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), ultimada en 2013. Desde entonces su hermana Norma, quien decidió continuar su activismo, tiene medidas de protección ante las amenazas que enfrenta.
 
Con su hija de apenas tres años de edad, Nestora emigró a Estados Unidos cuando tenía 19. En Washington trabajó de pastelera, mesera y en labores de limpieza. Más de 10 años después regresó a su estado natal, una entidad ya marcada por la militarización y el crimen organizado. 

Para ella no era normal la inseguridad y mucho menos la pobreza tan cerca de su pueblo, y es que Cochoapa el Grande y Metlatónoc son los dos municipios guerrerenses con mayor pobreza extrema en México, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). 
 
Con todo y que sólo estudió la secundaria, la capacidad de Nestora para proponer soluciones la hizo una líder nata hasta que la tarde del miércoles 21 de agosto de 2013 fue detenida sin orden de aprehensión por un megaoperativo de la Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional, acusada de secuestrar a los reos que delinquieron en su comunidad.
 
Desde entonces, Nestora ha visto pasar tres administraciones estatales: la del entonces gobernador que renunció, Ángel Aguirre; la del gobernador interino, Rogelio Ortega; y ahora la del mandatario local electo, Héctor Astudillo, mientras que las policías comunitarias siguieron trabajando por las comunidades indígenas.
 
Ingresada primero en un penal de máxima seguridad en Tepic, capital de Nayarit, y luego en la Torre Médica del reclusorio de Tepepan, al sur de la Ciudad de México, Nestora podría regresar nuevamente a Olinalá para seguir defendiendo a su gente.
 
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