Si el presidente Vicente Fox quiere cumplir con su promesa de establecer plenamente en México un Estado de derecho que combata la impunidad y respete los derechos humanos, tiene que reformar a fondo al Ejército y a los sistemas de impartición de justicia.
Así lo declaró el general brigadier José Francisco Gallardo, quien ayer recuperó su libertad tras una resolución del Ejecutivo que le redujo la pena de cárcel a ocho años, mismos que ya cumplió luego de que en 1993 fue procesado por los delitos de malversación de fondos, enriquecimiento ilícito, destrucción de archivos militares, entre otros.
«Dejo al criterio del presidente Fox la posibilidad de juzgar al procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, por las responsabilidades que pudiera tener por mi encarcelamiento», advirtió Gallardo, al referirse a las recomendaciones pendientes que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo al gobierno federal en 1996.
El titular de la PGR fue procurador militar durante el proceso contra el general Gallardo en 1993.
La resolución de la instancia de la Organización de Estados Americanos, además de exigir la liberación del general brigadier, pide el cese de la campaña de hostigamiento en su contra, la debida investigación y castigo de los responsables «por su injusta encarcelación», y la reparación del daño.
Tras informar ayer que este viernes enviaría un parte informativo al secretario de la Defensa, Ricardo Clemente Vega García, para anunciar que se pondría «a disposición del alto mando militar», Gallardo dijo que la Secretaría de Gobernación fungirá como intermediaria en los contactos entre el general excarcelado y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
En conferencia de prensa, el militar y Adriana Carmona, directora de Defensa de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), aseguraron que la inminente visita a México de la relatora especial para Asuntos de la Mujer de la CIDH, Martha Altolaguirre, no fue un factor de presión para que Vicente Fox ordenara la liberación de Gallardo.
«Lo que consideramos que tuvo mayor efecto para la decisión presidencial es la audiencia del próximo 19 de febrero de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en San José de Costa Rica, en la que se analizarán las medidas del gobierno federal para garantizar la vida e integridad del general», explicó Carmona.
A pregunta expresa de cimacnoticias, anunció que la CMDPDH y el general Gallardo intentarán entrevistarse con Altolaguirre, para dar seguimiento al caso del militar y coadyuvar para que el gobierno de Fox cumpla con el resto de las recomendaciones de la CIDH.
La CMDPDH y Cristian Rojas, director de la sección México de Amnistía Internacional, manifestaron su satisfacción por la determinación presidencial para liberar a Gallardo, pero coincidieron en que la medida es insuficiente porque el gobierno federal se resiste a cumplir el resto de las resoluciones de la CIDH.
«El caso del general Gallardo ofrece a las autoridades mexicanas la oportunidad ideal de revisar y reformar el papel y funcionalidad de la justicia militar y su relación con los tribunales civiles de manera que México cumpla con las obligaciones internacionales de derechos humanos», advirtió Rojas.
Por su parte, Adriana Carmona dijo que «sólo atendiendo las recomendaciones de organismos internacionales en el marco de una política nacional de respeto a los derechos humanos, podremos hablar de una verdadera democracia y Estado de derecho en nuestro país».
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