Violaciones sexuales, detenciones ilegales, extorsiones y maltrato han sufrido varias mujeres que han sido privadas de su libertad en comisarías, por parte de agentes policiales, detalla la investigación llevada a cabo por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG).
«Ellas son agredidas y violadas no sólo por los delincuentes de la calle, sino también por agentes de la policía que utilizan la violencia sexual como la principal forma de tortura, según revela un estudio efectuado por una institución ligada a la justicia», revela el estudio.
Estos abusos son cometidos generalmente en el momento de la aprehensión, durante el traslado o mientras las mujeres permanecen detenidas en las comisarías, difunde el portal de Argen Press.
Lucía Morán, coordinadora de programas del ICCPG, indicó que las trabajadoras sexuales que se mantienen en las calles son las más vulnerables a sufrir este tipo de atropellos por parte de los policías.
«Entrevistamos a trabajadoras sexuales, quienes señalaron que a menudo son extorsionadas por los policías. Les piden dinero, joyas o favores sexuales a cambio de no llevarlas detenidas», comentó.
El ICCPG efectúo un monitoreo en juicios con casos de mujeres, entrevistó a fiscales, jueces y policías para llegar a la siguiente conclusión: «La violencia sexual es el problema más recurrente y es lo que menos denuncian las mujeres, por temor a represalias».
El estudio también reveló que las comisarías son utilizadas como cárceles. Cuatro de cinco mujeres que han sido detenidas por oficiales de la Policía Nacional Civil (PNC), fueron recluidas en una comisaría por más de seis horas, tiempo que fija la ley para llevarlas ante el juez.
Incluso, una mujer estuvo detenida por más de un mes en una comisaría, comentó una de las investigadoras del ICCPG.
DESCONOCEN PROBLEMA
Pero lo más preocupante para el instituto es que las autoridades de Gobernación desconocen el problema.
«Ellos señalan que van a depurar la policía, pero nunca han mencionado que están investigando los abusos contra mujeres», enfatizó Morán.
Arturo Soto y Ángel Conte Cojulún, ministro y viceministro de Gobernación, respectivamente, manifestaron que desconocen el estudio; sin embargo, aseguraron que han recibido algunas denuncias de este tipo, pero todavía son investigadas.
«Sabemos que hay deficiencia en la policía, por la infiltración de delincuentes, y por eso lanzamos el programa ‘Cero tolerancia’ (…) Si no se depura la PNC, no se fortalece»‘, agregó Soto.
«Encontramos una policía débil y con un cierto nivel de corrupción. No aceptaremos delitos de ningún tipo, pues estamos buscando levantar la confianza de la ciudadanía en la institución», aseveró Cojulún.
El funcionario recomendó a la población que denuncie este tipo de abusos, para que sean investigados.
2004/GV/SM
