El hecho de que el gobierno de México acepte que se cometieron excesos durante los operativos de Atenco en mayo pasado en donde 23 mujeres fueron violadas, no implica que esté asumiendo su responsabilidad por los mismos, consideró la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH).
Al presentar su informe preliminar sobre los hechos de Atenco, la CCIODH que estuvo de visita en México una semana, se dio a la tarea de visitar el pueblo de Atenco y entrevistar a los pobladores para conocer de primera mano lo que ocurrió la mañana del 3 y 4 de mayo.
En el informe, la Comisión manifestó su preocupación por la magnitud de estos hechos en los que constata, al igual que otros organismos de defensa de los derechos humanos mexicanos, lo han hecho, la tortura, abusos sexuales y violaciones contra mujeres, así como las detenciones ilegales y allanamientos de morada, injustificados, por parte de elementos policíacos.
Resaltó la importancia de lo sucedido toda vez que México ha pasado a formar parte del Consejo de Derechos Humanos en Naciones Unidas y adelantó que el caso será presentado a nivel internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos así como a los Relatores Especiales de Naciones Unidas.
Consideraron que el Estado asumirá su responsabilidad por lo acontecido en Atenco cuando identifique, sancione y procese a quienes participaron en el operativo y en este sentido pidieron la renuncia de Wilfrido Robledo Madrid, Comisario General de la Agencia Estatal de Seguridad; de David Pintado Espinos, responsable del operativo estatal y por parte del federal pidieron la renuncia de Alejandro Eduardo Martínez Aduna, y del Jefe del Estado Mayor de la PFP, Ardelio Vargas Fosado.
Al igual que el Colectivo por la Seguridad con Democracia y Derechos humanos, presentado esta semana y que está integrado por académicos, investigadores y sociedad civil, la CCIODH coincidió en que lo sucedido en Atenco es una muestra de las deficiencias e impunidad con la que actúa la fuerza policiaca en el país.
En el informe, la Comisión exige que se respete el principio de presunción de inocencia, por lo que solicita la libertad inmediata de las y los presos que aún se encuentran en huelga de hambre en el penal de Santiaguito y la Palma.
Entre las recomendaciones, la CCIODH pide la reparación moral, emocional, del daño comunitario, así como la legal, económica y social de las y los afectados.
Finalmente, establece como la principal medida reparadora para la comunidad de San Salvador Atenco que incluso, los mismos pobladores pidieron, es la atención justa y adecuada de las necesidades de la comunidad que tienen que ver con su calidad de vida.
El acceso a la vivienda, educación, salud, vialidad , obras y espacios públicos por citar algunos de los elementos más conocidos, son, sin duda alguna, el principal elemento reparador.
Las actividades de la Comisión durante la semana, incluyeron entrevistas con los pobladores y familiares de quienes permanecen en prisión, así como con diferentes funcionarios.
Entre quienes se encuentran la embajadora de España en México, María Cristina Barrios y Almazor y con Alejandro Carmona, director general de Prevención y Readaptación Social del Estado de México quien finalmente les permitió el acceso al penal el sábado para entrevistar a las y los detenidos.
Escucharon los testimonios de las propias mujeres detenidas, acerca de las violaciones y agresiones sexuales, además de que se les informó, que fueron auscultadas el pasado 1 de junio por un médico ginecólogo quien denunció infecciones graves como consecuencia de la violación, según lo refirió la propia CCIODH en un comunicado.
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