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Comité de la CEDAW debe indagar violencia en México

Por la Redacción

Feministas, activistas y comunicadoras solicitaron al Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), que haga una investigación especial sobre la violencia contra defensoras y periodistas en México.

Esta mañana en la sede de la ONU, en Nueva York, el grupo de expertas y expertos de la CEDAW sostuvo una reunión privada con representantes de organizaciones civiles, quienes pidieron una investigación para constatar el clima de zozobra en que viven informadoras y activistas.

La petición la hizo la defensora de Derechos Humanos (DH) Margarita Martínez, quien habló a nombre de la Red Nacional de Defensoras de México, Asociadas por lo Justo, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, y Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), entre otras agrupaciones.

De acuerdo con la información presentada por las organizaciones en la 52 sesión del Comité de la CEDAW, 13 mujeres periodistas han sido asesinadas de 2005 a 2012 y se tiene conocimiento de que más de 100 comunicadoras denunciaron algún tipo de violencia en el ejercicio de su labor.

“La violencia contra defensoras y periodistas aumenta la discriminación y pone en riesgo la democracia. La simulación del Estado mexicano arrebata la vida de mujeres cuyas luchas son fundamentales para la igualdad”, alertó Martínez, quien ha sido víctima de múltiples amenazas.

Desde 2009 Margarita ha recibido amenazas por su trabajo a favor de los derechos de las comunidades indígenas de Chiapas. En febrero de 2010 fue privada de su libertad y torturada, y hace unas semanas volvió a ser hostigada por desconocidos.

El Programa de Libertad de Expresión y Género de CIMAC indica que de 2002 a junio de 2012 se documentaron 115 casos de violencia contra mujeres periodistas en México, de los cuales 96 por ciento ocurrieron en los últimos seis años, y las más alarmantes en los últimos tres años.

Por ello afirma que ejercer el periodismo en nuestro país es hoy una actividad de alto riesgo y que en el caso de las mujeres se caracteriza por violencia física, psicológica, difamación, descalificación, cuestionamiento de su vida personal, justificación de la violencia, revictimización, y exposición de la vida privada en los medios.

Las organizaciones señalaron al Comité de la CEDAW que si bien reconocen la importancia de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el grado de impunidad en los casos y la colusión de las autoridades en los ataques, obstaculizan la protección efectiva de las mujeres.

Pusieron como ejemplo que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas, creada en 2006, no ha hecho justicia en ninguno de los casos, por lo que las defensoras y mujeres periodistas que cuentan con medidas cautelares siguen enfrentando riesgos a su vida e integridad.

Asimismo denunciaron casos de agresiones y amenazas contra las mujeres defensoras de los DH, y afirmaron que en los últimos dos años 11 defensoras fueron asesinadas. Precisaron que Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca y Veracruz son los estados más peligrosos para defensoras y mujeres periodistas.

Alertaron que 50 por ciento de los asesinatos de defensoras en México durante 2010 fueron en el estado Chihuahua, en la mayoría de los casos vinculadas a denuncias de casos feminicidio, trata, desaparición forzada y abusos de las fuerzas militares y policiacas.

Considerando este panorama de alto riesgo, las organizaciones pidieron que se exija al Estado mexicano que informe al Comité de la CEDAW el avance en las investigaciones de asesinatos y ataques contra comunicadoras y activistas, particularmente de las sanciones a los responsables.

Solicitaron además que se exhorte al Estado a garantizar que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas, los protocolos y mecanismos de protección a nivel nacional y local, garanticen un enfoque de género y no discriminen a las víctimas.

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