El largo camino que deben transitar las mujeres y la niñez, para que algunos hombres cumplan con su deber de entregar la pensión alimentaria, resulta tan doloroso, que muchas veces la impotencia las hace desistir.
Dicha situación se complica por la negligencia de las autoridades judiciales que acumulan expedientes en los juzgados y donde a veces hasta el Ministerio Publico no puede resolver.
Un caso es el de Ramona Esther Rodríguez Rodríguez, enfermera auxiliar quien desde 2001 interpuso una demanda en contra de su esposo, Daniel Augusto Peralta Espinales.
El esposo fue sentenciado el 2005 por el juzgado de distrito de lo civil de Esteli, (al norte del país), para pagar mensualmente 800 córdobas, unos 36 dólares, correspondiente a las tres cuartas partes del salario mínimo existente en el país.
Peralta Espinales debió depositar ese dinero en el concepto de alimentos provisionales a favor de su hija menor Esther Peralta, en las oficinas del Ministerio de la Familia, jamás cumplió.
Ante ello, Ramona Esther, interpuso una denuncia en el Ministerio Publico para hacer cumplir las sentencias judiciales por el delito de Omisión Deliberada para Prestar Alimentos.
A pesar de que la ley 623 de responsabilidad Paterna y Materna en su V considerado dice: que es derecho de toda niña, niño y adolescente recibir alimentos de parte de su padre o madre y es deber del Estado garantizar los mecanismos expeditos, gratuito y de fácil acceso para lograr tal derecho, la fiscalía departamental de Esteli, emitió una resolución a favor del demandado por aparente falta de méritos, detallando que la señora no aportó las pruebas para demostrar que el denunciado percibía ingresos económicos.
El artículo 13 de la ley de alimentos143, establece que el derecho de alimentos es imprescriptible, irrenunciable e intransferible y que tendrán un derecho privilegiado y prioridad sobre cualquier otra obligación del alimentante.
Sin embargo, en 2008, la fiscal auxiliar Mayerling del Socorro Cardoza Mendoza, envió al archivo la denuncia, con lo que se demuestra que de nada sirven las leyes si las autoridades no las aplican.
En la actualidad, Ramona Esther tiene serios problemas de salud y sus ingresos como empleada del ministerio de salud no le alcanzan para cubrir los gastos de su hija, que este año finaliza la secundaria.
Además ha recibido amenazas de su ex esposo de vender la casa, donde ella y su hija habitan, para cubrir la deuda alimenticia que tiene si continúa con la demanda, con lo que ellas quedarían en la calle.
Lesbia Chavarría, es madre de un niño de 11 años de edad y demandó al abogado Mauricio Peralta, ex procurador de justicia en Esteli, como el presunto padre de su hijo.
El demandado, que se vale de su situación de poder, evade su responsabilidad, se niega a realizarse el examen de ADN que demostraría su vínculo familiar con el hijo de Lesbia.
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