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Complicidad e impunidad

Por Manuel Fuentes Muñiz*

Este 19 de febrero de 2008 se cumplen dos años de la explosión ocurrida a las dos quince de la madrugada en la mina Pasta de Conchos, concesionada a la trasnacional Industrial Minera México (IMM), que dejó atrapados bajo tierra a 65 mineros, y cuyas viudas y sus familiares han luchado desde entonces incansablemente por la entrega de sus restos.

Esa tragedia cimbró la tierra, pero también muchas conciencias que han puesto al descubierto las pésimas condiciones en que laboran en la actualidad los mineros de nuestro país.

La empresa IMM siempre dijo desconocer la causa de la explosión; le llamó “accidente”, “hecho fortuito”, sin embargo pronto afloró el origen de la tragedia: el abandono absoluto de medidas de seguridad. Se descubrió que empresas como éstas han permanecido cobijadas por la complicidad de la Secretaría del Trabajo (ST).

Esta institución, la ST, lejos de cumplir con su cometido, envileció su función. Los inspectores acudían muy pero muy esporádicamente y su trabajo era superficial e irresponsable. Los sobrevivientes acusaron a estos funcionarios de no meterse a la mina y que desde el escritorio, en una cómoda oficina, encerrados con la empresa, hacían sus “inspecciones”.

Recientemente se ha sancionado a empleados menores de la ST pero se ha exculpando al ex-titular de esa dependencia: Francisco Javier Salazar Sáenz, quien de acuerdo a la Ley Orgánica de la Federación, debía ordenar y vigilar el cumplimiento de las medidas de higiene y seguridad, actos que nunca realizó.

El sindicato minero ha sido cuestionado por las viudas y las familias de los mineros por no cumplir su función. La comisión de higiene y seguridad de IMM firmaba las actas como un protocolo más, sin hacer su trabajo de manera veraz. Napoleón Gómez Urrutia, líder del sindicato probó en carne propia la ira de las familias. Fue recibido con improperios reclamando su tardanza en la zona de la tragedia; un empellón lo hizo resbalar en el lodo y ensuciar su traje de casimir.

Este incidente fue aprovechado por la empresa IMM y la ST para castigar a Gómez Urrutia por la toma del Congreso del Trabajo y sus cuestionamientos a las reformas a la ley laboral llevando su destitución al papel: dos firmas bastaron para desconocerlo.

Se inició entonces una de las embestidas más viles contra los trabajadores mineros, sus organizaciones locales y sus derechos; decenas fueron despedidos, y desmantelados sus contratos colectivos de trabajo. Se impulsó un líder a modo que pronto cayó; se creó un sindicato paralelo y ahora defienden en huelgas heroicas la permanencia de su organización.

Sin embargo, las viudas y familiares de los mineros atrapados en la mina Pasta de Conchos no se explican por qué el sindicato minero firmó con IMM un convenio, apenas un mes antes de la tragedia, para recibir el equivalente del 4 por ciento del salario de cada uno de los trabajadores de General de Hulla que realizaban las mismas actividades de los sindicalizados pero con menos prestaciones, con el fin de aceptar su no sindicalización.

Salazar Saénz, ex-titular de la ST, también sufrió en carne propia la desaprobación de su actuación: fue perseguido por un familiar que le exigía una actitud consecuente con su cargo.

Desde su llegada a la zona después de la explosión, la misión de Salazar siempre fue estar al lado de la empresa IMM, actuando incluso como vocero de ésta. Después se atrevió a decir que tenía muchos testimonios de que los poceros (la gente que baja a los pozos a sacar carbón) se las truenan antes de bajar, por lo que propondrá exámenes médicos mínimos a los mineros antes de que comiencen a trabajar, para detectar presión (…), alguna droga, un alcohol.

El gobierno del estado de Coahuila tuvo en sus manos la investigación y su gobernador dijo que iba a castigar a los responsables no importando quién fuera; sin embargo el 16 de marzo de 2007 sólo consignó a 5 empleados menores de la empresa IMM excluyendo a los integrantes de su Consejo de Administración y funcionarios de la ST, que por sus omisiones en la prevención de riesgos existían elementos de responsabilidad por la muerte de los 65 mineros.

En la administración de Felipe Calderón las viudas y las familias se han encontrado con el engaño y complicidad constante. Javier Lozano, actual Secretario de Trabajo prometió a los familiares apoyarlos para el rescate de los mineros, sin embargo después recibieron el portazo y el engaño como respuesta.

A las viudas de los mineros les exigió, en todas las reuniones que tuvieron con él, que entraran solas, sin asesores. Lozano encargó un peritaje a modo a través del llamado Foro Consultivo, Científico y Tecnológico, y el 5 de octubre de 2007 concluyó un informe sobre la supuesta peligrosidad de entrar a la mina porque sus condiciones son “..sumamente riesgosas, inestables e inseguras..”.

No obstante el presidente de este Foro Científico, José Luis Fernández Zayas, ha cuestionado su propio informe.

He sido testigo de cómo este personaje ha manifestado a las familias que el rescate sí es posible. Ha dicho “..que en México existe la tecnología necesaria para entrar..” a la mina. Sin embargo, no es capaz de sostener esta afirmación de manera oficial. Apenas este jueves 14 de febrero ante medios de comunicación había reconocido estos hechos y al día siguiente, seguramente reprendido por la ST, ésta daba a conocer un boletín de prensa del Foro Científico contradiciéndose y reiterando la peligrosidad de las condiciones de la mina.

La imparcialidad e independencia de los integrantes del llamado Foro Científico ha caído por los suelos porque su función ha sido legitimar al gobierno federal para terminar con el reclamo de los familiares de los mineros, hecho que no será sencillo.

El gobierno federal tiene el compromiso de lograr una verdadera prevención en materia de riesgos de trabajo, pero también de entregar los restos de los mineros en Pasta de Conchos a quienes ahora lo demandan, y así cerrar este capitulo vergonzoso de la historia de nuestro país.

manfuentesm@yahoo.com.mx

*Abogado, especialista en temas de justicia, profesor en la Universidad Autónoma Metropolitana.

08/MF/CV

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