Estados Unidos negó que en su país se violenten los derechos humanos de inmigrantes indocumentadas e indocumentados, principalmente de niñas y niños, tanto en el momento de su detención como en sus centros de retención.
Su elaborada defensa, que no respondió puntualmente a la parte acusadora, tampoco convenció a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y este órgano de la Organización de los Estados Americanos, se comprometió a verificar el «trato humano» que afirma ese gobierno brinda a todo inmigrante sin papeles.
Florentín Meléndez, presidente de la CIDH, expresó su particular interés en la realización de esa verificación, la cual sostuvo, incluirá a todo inmigrante sin documentos. Al mismo tiempo dijo sentirse complacido por la posición del Departamento de Estado de los Estados Unidos, dado que aceptó que la CIDH realice visitas a los centros de retención de inmigrantes,
Meléndez también informó que se les ha solicitado a los denunciantes (peticionarios) información específica, a fin de corroborar sus denuncias de violación de derechos humanos internacionales.
El título de la sesión realizada el viernes pasado fue Situación de los derechos humanos de los trabajadores migratorios, niños refugiados y otros grupos vulnerables en los Estados Unidos.
Christopher Nugent, de la firma internacional Holland Knight LLP y pro bono, abogado de Women?s Comission for Refugee and Children, denunció que en este país se violenta la ley internacional de derechos humanos y expuso que anualmente cruzan alrededor de ocho mil menores de edad, sin acompañante, la frontera, y adicionalmente unos 80 mil niñas y niños mexicanos son arrestados y repatriados a México.
La mayoría de las niñas y niños inmigrantes indocumentados buscan asilo y protección en este país, agregó Nugent, dada la persecución de que son objeto en sus países por parte de grupos paramilitares, cosa que ocurre principalmente en América Central.
Destacó también que el sistema migratorio estadounidense aterroriza y traumatiza a estos menores de edad al momento de su detención, ya que sufren abusos físicos y psicológicos por parte del Department of Homeland Security Customs and Border Proteccion.
Nugent hizo énfasis en la situación que prevalece en la frontera sur americana donde se les niega el derecho a contar con un abogado, servicio medico y educativo e incluso alimentario.
Por su parte Michelle Brane de Women?s Comission for Refugee and Children destacó el trato inhumano que se les brinda a las y los migrantes en los centros de detención, comparando a éstos como centros penitenciarios, y los graves problemas de salud que enfrentan en su período de detención.
Kerri Sherlock de Rights Working Group hizo énfasis en el abuso físico y sexual, y sobre la salud de los internos. Se les proporcionan sedantes a la población migrante al momento de sus traslados.
Los peticionarios de la audiencia afirmaron que las y los detenidos en esos centros carecen de representación legal y que había hasta 325 lugares de detención administrados por empresas privadas.
Indicaron que en esos centros se les imponía un sistema de administración similar al de cárceles para delincuentes comunes, con disciplina, celdas y hasta uniformes para las y los detenidos e informaron de tres casos de deceso por falta de atención medica.
Como contraparte a las denuncias, el gobierno de los Estados Unidos se defendió. Esto lo hizo a través de un representante, Gary Mead, de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), y que administra esos centros, que a su vez dependen del departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).
Gary Mead, dijo que mujeres, hombres, niñas y niños detenidos por violaciones de las leyes de inmigración, reciben el mejor trato humano posible y que nosotros buscamos resolver sus casos también con la mayor celeridad posible.
Sin embargo, Gary Mead tuvo que admitir que 66 personas murieron en poder de ICE en los últimos cuatro anos. Pero destacó que si ese número se colocaba «en el contexto de que más de un millón de personas han pasado por nuestra custodia en ese periodo, es muy bajo para cualquier propósito.
Mead fue uno de los representantes del gobierno de Washington que se presentaron ante la CIDH para responder acusaciones de grupos civiles sobre violaciones a los derechos de las y los inmigrantes, documentados o no, que pasan por alguno de los 40 centros de detención en el país.
Además agregaron los representantes del gobierno estadounidense que anualmente se invierten cien millones de dólares para los servicios de salud de la población indocumentada. Por lo que se proporciona el servicio hasta dental.
Otros integrantes de la CIDH manifestaron que tal pareciera estaban frente a dos diferentes países, por lo que conminaron a los Estados Unidos a responder de manera particular las denuncias de los peticionarios, pues la exposición era generalizada.
A ambas partes las instaron a abundar más sobre sus exposiciones. Y lo más importante de la audiencia es que la CIDH tomó cartas en el asunto y verificará que en los Estados Unidos se respeten los derechos humanos de las y los inmigrantes indocumentados, como el gobierno de este país afirma que lleva a cabo en todos los procesos, tanto el de la detención, retención y repatriación.
07/ML/CV
