La protesta internacional de organizaciones sociales, civiles y gremiales por la violación sexual y a los derechos humanos de un numeroso grupo de mujeres a manos de la policía militarizada de México, en los sucesos de San Salvador Atenco, los días 3 y 4 de mayo pasados, ha rebasado todas las expectativas.
Periodistas de 15 países asistentes al VII Encuentro Iberoamericano de Género y Comunicación, clausurado el 19 de mayo en La Habana, Cuba, suscribieron un mensaje de denuncia sobre esas violaciones a los derechos humanos.
Procedentes de Honduras, Bolivia, Venezuela, España, República Dominicana, Chile, Portugal, Argentina, Angola, Cuba, Costa Rica y México, las y los asistentes reclamaron se investiguen en profundidad los abusos sexuales y maltratos a estas mujeres y se tomen las medidas para procesar y condenar a los responsables.
Modaira Rubio, de Venezuela, recordó que durante las guerras a todo lo largo de la segunda mitad del siglo XX las mujeres fueron víctimas y utilizadas como botín de guerra; Pamela Espinoza Asencio, de Chile, relató cómo los niveles de impunidad por violencia contra las mujeres han roto todas las fronteras.
Ambas recordaron que en México, desde hace 13 años, existe una alarma internacional por el caso de las mujeres asesinadas en ciudad Juárez, y todavía ninguna recomendación internacional es tomada en cuenta.
Ahora se sabe que en un sólo quinquenio han sido asesinadas más de seis mil mujeres sólo en la tercera parte del territorio nacional y las autoridades mexicanas se resisten a poner en práctica medidas preventivas y cautelares, menos aún acciones de justicia.
De la misma manera, las periodistas mexicanas recordaron que la violencia institucional en México se agravó en la última década. Es así que, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), está radicada la denuncia de tres indígenas tzeltales violadas por integrantes del Ejército Mexicano, durante la crisis de 1994 en Chiapas, sin que hasta ahora el gobierno mexicano haya siquiera investigado a los culpables.
Los hechos de San Salvador Atenco incluyeron detenciones arbitrarias, tortura, cateos ilegales en casas habitación, golpes, amenazas, abuso sexual y violaciones.
Durante más de cuatro horas, en el trayecto de esa comunidad enclavada en el lecho del lago de Texcoco, numerosas mujeres denunciaron que fueron abusadas, toqueteadas, obligadas a realizar sexo oral y finalmente penetradas tumultuariamente, como revelan los testimonios que circulan en el país y en las 23 denuncias hechas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
DE SAN SALVADOR ATENCO…
Hace cinco años que, en San Salvador Atenco, actúa políticamente el Frente Popular por la Defensa de la Tierra, calificado por las autoridades mexicanas como un grupo de presión que ha transgredido la ley.
El 3 de mayo, integrantes de este Frente bloquearon una carretera de alta circulación, como acción de protesta porque las autoridades impidieron a un grupo de campesinos vender flores en un mercado del municipio de Texcoco, a menos de 15 kilómetros de San Andrés Atenco.
La protesta campesina originó un enfrentamiento con la policía, en el que resultó baleado y asesinado un joven de 14 años.
La madrugada del día 4 de mayo, la policía decidió arrestar al grupo dirigente del Frente Popular y eso originó una acción policial, en al cual participaron 3.000 integrantes de la Policía Federal Preventiva (PPF), y la policía preventiva del Estado de México, una de las 32 entidades de la República con gobierno autónomo.
La acción produjo la detención de más de 200 personas, entre ellas 49 mujeres, algunas que pasaban por la calle o fueron buscadas en su casa, sin justificación.
El Estado de México se ha caracterizado por ser una de las entidades de la República signadas por la violencia institucional y la reacción social. Ahí suceden el 25 por ciento de los homicidios contra mujeres de todo el país y viven más de 15 millones de habitantes, de diferentes etnias, del campo y la ciudad, en más de 100 municipios.
Las autoridades responsables han desestimado la denuncia de las mujeres abusadas, han pedido «pruebas» y han manifestado que deben hacerse denuncias individuales. Ante ello, más de mil mujeres de todo el país reaccionaron inmediatamente solicitando, en una misiva, la solidaridad internacional.
Las reacción nacional e internacional de protesta señala que este abuso es violatorio de todos los tratados internacionales que contemplan los derechos humanos de las mujeres y la protección de personas bajo custodia.
A esta cadena de denuncias iniciada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se sumaron esta semana periodistas de toda América y España; el Comité de América Latina y el Caribe por la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), Amnistía Internacional, la Red contra la Violencia de España, la red de corresponsales de SEMlac y las redes de periodistas de género de Centroamérica, América del Norte e Internacional.
Algunos analistas de la prensa mexicana han considerado que estos hechos son semejantes a la situación de ilegalidad que persistía en los años 60, cuando México era gobernado por un partido político único y no existían las libertades democráticas, ni los acuerdos internacionales de promoción de los derechos de las mujeres, ni la libertad para elegir a los gobiernos.
06/SLL/MR
