Problemas de tierras y saqueo de los recursos naturales, enfrentan las comunidades indígenas oaxaqueñas, denunció el coordinador del área de Derechos Indígenas de la Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez, Aldo González.
En entrevista con Cimacnoticias, apuntó que el gobierno federal «maicea» a los pueblos indígenas con programas como Alianza para el Campo y Oportunidades, los inmovilizan, lo que ocasiona que la gente emigre y se debilita así la estructura y las instituciones comunitarias.
Sin embargo, advirtió que lo más grave es la desinformación entre los pueblos y comunidades indígenas, el avance del capitalismo que pone en riesgo la propiedad de la sabiduría ancestral y el avance «silencioso» del gobierno federal que pone estos recursos en la «mesa de las empresas trasnacionales».
González explicó que el gobierno mexicano a través del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulares de Solares (Procede) favorece la privatización de la tierra comunal y ejidal, implementa mecanismos satelitales que propician el saqueo de información y, ambos instrumentos, hacen que las comunidades pierdan el control sobre su patrimonio y los bienes naturales.
Con preocupación informó que ante la pobreza extrema que viven las comunidades oaxaqueñas y con los certificados de propiedad lo que hace la gente es vender las parcelas, de manera prioritaria a caciques locales, como ha sucedido en el estado de Veracruz y ahora en Oaxaca.
Dijo que el gobierno federal vende a los pueblos y comunidades servicios ambientales, como los llamados planes de ordenamiento territorial con sistemas complicados que no permiten que la gente los entienda, son documentos para técnicos y geógrafos que van a parar al Banco Mundial.
Este, apuntó González, es un sistema sofisticado de saqueo de la información sobre la flora y fauna, del conocimiento tradicional que la gente tiene del uso de plantas y es «la llave de entrada para la privatización de la sabiduría de los pueblos y comunidades indígenas».
Advirtió que la Cámara de Diputados podría aprobar, luego de que el Senado ya las pasó, la Ley de Recursos Genéticos y la Ley de Propiedad Industrial, lo que implicará que personas ajenas puedan patentar el conocimiento de una comunidad, pero no serán los verdaderos propietarios de ese conocimiento.
El activista por los derechos de los pueblos indígenas recordó que después de no aprobar, en 2001, las propuestas de la Cocopa, los legisladores mexicanos han hecho leyes que no protegen a los pueblos indígenas, pero que dan acceso a terceros para el aprovechamiento de los recursos.
El problema es grave, señaló con preocupación el integrante de Unosjo, ya que entre las comunidades indígenas hay mucha desinformación; en tanto los gobiernos estatales y federales le abren la puerta al capitalismo salvaje, «debemos impedir que los legisladores federales aprueben estas leyes, el gran problema es que los representantes populares pocas veces escuchan a la gente».
Ya lo vivimos antes, ejemplificó, cuando solicitamos a los diputados federales que no aprobaran la ley en materia de biodiversidad, «que no lo hicieran, les pedimos, como sucedió con Huberto Aldaz, del PAN, quien está visto que a pesar de que se dice indígena mixe se hizo cómplice de la ofensiva contra los pueblos indígenas».
Por otro lado, el dirigente de Unosjo, señaló que el ex titular de la Semarnat, Alberto Cárdenas, fue premiado con la precandidatura del PAN en busca de la presidencia de México, «pues hizo bien su trabajo, lo hizo en silencio, al asumir las condiciones que demandan las empresas trasnacionales y exponer los recursos naturales como si fueran una mercancía.
2005/SJ/GM
