Tras conocer la noticia de que el proceso penal por homicidio culposo contra cinco directivos y empleados de Minera México se sobreseyó al depositar 10 millones de pesos como reparación del daño, Elvira Martínez Espinosa afirma que desconoce de qué justicia estaban hablando las autoridades.
En entrevista con Cimacnoticias, la viuda de Jorge Vladimir Muñoz Delgado, una de las víctimas de la explosión en la mina Pasta de Conchos, pidió al gobernador Humberto Moreira «que dé la cara, que explique por qué terminó esto así, que hable, que dé su opinión sobre la justicia que prometió a las familias y viudas».
Elvira, la única viuda que se negó a recibir la «ayuda humanitaria» por 750 mil pesos de la empresa Industrial Minera México y quien ha solicitado se le retire la concesión de la mina 8 en Pasta de Conchos, se mostró decepcionada por el trabajo de las autoridades, quienes «seguramente tenían planeado que terminara así el proceso penal contra los funcionarios».
Ella y una veintena de viudas ?de esta ciudad, Muzquiz, Sabines, Rosita, Aguijita- podrían poner un amparo contra la determinación que este martes 17 de abril dio a conocer Sergio Tamez Moreno, juez de primera instancia en materia penal. Sin embargo, añadió, la determinación se tomará en los próximos días.
Explicó que conocieron de esta situación desde el 9 de abril, cuando se reunieron con el fiscal para conocer cómo iban las cosas. Fue entonces cuando nos dijo que se iban a hacer los depósitos, pero no entendíamos qué significaba aquello.
«Decíamos, bueno, lo están poniendo para ver quiénes caen, porque quien lo cobre se deslinda de la investigación y que el juicio procedería para las que no quisiéramos recoger este dinero y sin embargo dicen que no es así».
Elvira Martínez habla de que a raíz de la explosión del 19 de febrero de 2006, el gobernador Moreira se comprometió a meter a la cárcel a los responsables de la tragedia en la que perdieron la vida 65 mineros.
Ahora estamos enojadas porque no es posible que el juicio haya terminado así, con una reparación del daño cuando sabemos que ningún dinero alcanzaría para pagarlo, dice.
Teníamos la esperanza y la confianza de que los cinco funcionarios inculpados fueran sentenciados al menos por cuatro o cinco años, de todos modos no pisarían la cárcel pues tienen suficiente efectivo para pagar pero, de acuerdo con los abogados, todo salió mal por la forma en que se realizaron desde un principio las averiguaciones.
Madre de tres menores de edad, Elvira sostiene que ahora saben que fue el Ministerio Público (MP) quien solicitó la reparación del daño, pero en realidad ella y otras viudas no lo solicitaron, fue una determinación unilateral, forzada por la forma en que actuó siempre la autoridad, hermética y sin darnos acceso al expediente.
Entonces, sostiene, una saca conclusiones, por ejemplo, la reparación del daño solicitada por el MP les favorece porque no habría sentencia. Y la otra fue que por culpa del MP se pararon los trabajos de rescate de 63 cuerpos que aún permanecen atrapados en la mina.
Explica que el error consistió en que el MP solicitó a la empresa un reporte de seguridad, que tenía que pedir realmente la Secretaría del Trabajo, que era la encargada de determinar si estaban bien o mal las cosas, ese fue el pretexto para que detuvieran desde el 4 de abril el rescate.
VIUDAS DESINFORMADAS
De acuerdo con Elvira Martínez, desde este martes y hoy algunas de las viudas empezaron a cobrar la reparación del daño, misma que asciende por cada persona a 182 mil pesos.
Sin embargo, las señoras no saben que al cobrar la reparación del daño renuncian a los otros derecho, como el triple sueldo que venían recibiendo y quizá hasta de reclamar el cuerpo de sus esposos, pues la empresa ya no tiene ninguna obligación con las familias.
Estoy decepcionada, moleta, pero no vencida, dice Elvira, quien sostiene que con este tipo de resoluciones que favorecen siempre a los empresarios difícilmente se podría pensar en un cambio real a la política laboral que se práctica en las minas de la zona carbonífera coahuilense.
Las promesas de justicia de Moreira, pienso, son ahora mentiras. Ahora sólo resta esperar a que el gobernador nos dé la cara, puntualiza la viuda de Jorge Vladimir, cuya fotografía permanece iluminada y rodeada de flores al final de un pequeño pasillo, desde donde lo mira Elvira en silencio.
Este martes 17 de abril, el juez de primera instancia en materia penal, Sergio Tamez Moreno, dio a conocer que de acuerdo al Artículo 155 del Código Penal el proceso queda sobreseído por haber la reparación del daño, no ser un delito culposo ni grave y no haber ofendidos a menores de 12 años.
Con la suspensión del proceso penal queda cerrado el caso en contra de Rubén Escudero, gerente general de IMMSA; Sergio Rico Pérez, superintendente; Fermín González Bermea, superintendente de Operaciones; Antonio Campos González, supervisor de seguridad, y Emilio Rodríguez Díaz, ingeniero de seguridad.
07/SJ/GG
