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Con «bono esperanza» Bolivia intenta reducir mortalidad infantil

Por Redaccion

El bono madre-niño, que comenzará a distribuirse por el gobierno de Evo Morales y lleva el nombre de la teniente coronela Juana Azurduy –un símbolo de lucha de la mujer boliviana por su total emancipación–, espera reducir considerablemente la mortalidad infantil en Bolivia.

Así lo informa un texto de Mario Hubert, en el Especial de Prensa Latina, Mujeres del Tercer Milenio, quien agrega que el viceministro de Salud, Jonathan Marquina, en declaraciones exclusivas a Prensa Latina, explicó que el registro de gestantes y niñas y niños menores de dos años se realizará a partir del 11 de mayo en hospitales y postas (consultorios) médicas, ubicadas en los nueve departamentos del país.

En esos lugares tendremos equipos de trabajo que implementarán un sistema informatizado para controlar el programa, precisó.

Según Marquina, las beneficiadas deberán presentar una prueba de embarazo y el certificado de nacimiento, en el caso de las y los menores de edad.

Esa ayuda económica fue aprobada a principios de abril por el presidente Evo Morales, quien promulgó un Decreto Supremo al respecto.

Marquina aclaró que el incentivo económico contará de varias fases. Primero garantizará a las mujeres encintas atención médica durante el proceso prenatal. Luego las apoyará en el parto, y finalmente recibirán cada dos meses 125 bolivianos (18 dólares) para la alimentación de la criatura.

RAÍCES DE ESE BENEFICIO

Según explicó el ministro de Salud, Ramiro Tapia, en Bolivia la pobreza es un fenómeno complejo, con múltiples causas y manifestaciones, y se ha comprobado que las desventajas de las niñas y niños pertenecientes a hogares pobres en materia educativa, nutricional y de salud inciden negativamente en
sus posibilidades futuras.

Para combatir ese flagelo, afirmó, se promulgó el llamado Plan Nacional de Desarrollo. En esa estrategia, la cartera de salud ejecuta el Programa de Protección Social para la Madre y el Niño, orientado a otorgar beneficios a las madres gestantes y niñas y niños menores de dos años.

Por eso se destinan cuantiosos recursos para mejorar la calidad de la alimentación de la familia y contribuir a la disminución de la desnutrición crónica, especialmente de las poblaciones que viven en los municipios más pobres.

Con base en estas orientaciones se diseñó el Programa de Protección Social para la Madre y el Niño, por un equipo multidisciplinario que trabajó en los diversos aspectos.

En Bolivia, esa política de protección social tiene como ámbito la promoción de acciones sostenibles para incorporar a las personas, familias y comunidades en condiciones de vulnerabilidad, agregó Tapia.

Los Programas a los que hacemos referencia, dijo, ponen énfasis en la corresponsabilidad de las personas, de las familias, de las comunidades y en el papel protagónico de la mujer.

Estos mecanismos incentivan la demanda por los servicios estatales, por lo tanto precisan de una estrecha coordinación con el Ejecutivo y las autoridades locales, acotó.

El titular destacó que Bolivia adopta además experiencias de otros países como Cuba, con el programa del Médico de la Familia o el plan Barrio Adentro, de Venezuela, y la creación de establecimientos para la venta de alimentos y otros bienes de primera necesidad a precios inferiores a los del mercado.

Bolivia también instrumentó otras estrategias en este frente, afirmó, como el Programa Aguayo en Santiago de Callapa, orientado a promover el parto seguro, pero sin todos los resultados esperados.

VIVIR BIEN

De acuerdo con el ministro, el bono madre niño y el programa integral de atención a la mujer embarazada se sustentan en la filosofía aimara del Vivir Bien.

Esa cosmovisión indígena, agregó, debe comprenderse como el acceso y disfrute de los bienes materiales y de la realización efectiva, subjetiva, intelectual y espiritual, en armonía con la naturaleza y en comunidad con los seres humanos.

Por eso el Plan entraña un significado integral y un enfoque que conlleva políticas y acciones dentro de todos y cada uno de los sectores y entre éstos para aportar el objetivo final, satisfacer necesidades históricamente relegadas, aseguró.

Durante este proceso, adelantó, se pretende mejorar y ampliar las
opciones, condiciones y capacidades humanas desde el respeto a la diferencia, sin homogeneizar a las comunidades, a los pueblos y a los individuos sino, más bien, fortaleciendo su cohesión a través de la heterogeneidad.

Dijo Tapia que, en Bolivia, el 77 por ciento de la población se encuentra excluida de los servicios de salud, con fuerte incidencia en regiones del altiplano y valles rurales. Las barreras de exclusión son la económica, la geográfica, la cultural y la social.

Igualmente, el 7.5 por ciento de los niños muere antes de los cinco años, principalmente por enfermedades infecciosas prevenibles y/o curables; el 26.5 por ciento de los sobrevivientes tiene desnutrición crónica y, la mayoría de ellos, secuelas irreversibles en su capacidad intelectual y desarrollo.

Por otra parte, se sabe que el 67 por ciento de los menores de tres años tiene anemia y el 19 por ciento déficit de vitamina A, mientras el 44 por ciento de los niños nacidos de madres sin educación son desnutridos, lo cual prueba una relación directa entre educación y desnutrición.

Por otro lado, el país presenta una mortalidad materna de 320 por 100 mil nacidos vivos (ENDSA 2003), una de las más altas de Suramérica.

La dispersión de vectores domiciliarios cubre, aproximadamente, el 60 por ciento del territorio, ocupando casi toda la superficie de los departamentos de Tarija, Chuquisaca, Cochabamba, Santa Cruz y, parcialmente, Potosí y La Paz, representando un 80 por ciento el riesgo de transmisión vectorial.

La tuberculosis es un problema grave: la notificación procedente de los servicios de salud públicos muestra una incidencia de casos pulmonares positivos 67.3 por 100 mil.

Más alarmante aún es el escenario si observamos los indicadores que resultan de la comparación realizada en el PND entre los 80 municipios de menor consumo con relación a los 80 municipios de mayor consumo, los cuales muestran valores críticos para los primeros, donde podemos observar que 97 de cada mil niños nacen muertos y sólo el 37 por ciento de los sobrevivientes llega al octavo grado.

Muchas escuelas carecen de servicios básicos, agua potable, recolección de basura y en general, necesidades insatisfechas que no fueron resueltas para la población indigente y marginal.

La población en extrema pobreza de estos 80 municipios de menor consumo es del 92.83 por ciento y entre los problemas más graves que la afectan está la prevalencia de desnutrición global en menores de dos años, que alcanza niveles alarmantes.

Tapia afirmó cómo ante este panorama es vital que el Ejecutivo implemente políticas estructurales, las cuales contribuyan a la solución de los problemas, atacando las causas y no adoptar solamente medidas paliativas, asistenciales, paternalistas, dispersas y de corta duración.

El bono Juana Azurduy y programas como Desnutrición Cero, son apenas una parte de la estrategia nacional denominada Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática para Vivir Bien, remarcó.

El Plan para atender a la madre y al niño, precisó, cuenta con el financiamiento del Banco Mundial para la Primera Etapa de ejecución, es decir, los cinco primeros años en 52 municipios priorizados, finaliza el texto de Prensa Latina.

09/LA/GG

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