«El Senado de la República, está obligado a escuchar, valorar y permitir la apertura de opiniones de la ciudadanía y no debe ser utilizado como protección del poder ni del gobierno, señaló el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Carlos Navarrete Ruiz, en medio de la discusión que se da sobre la posible ratificación, por este órgano legislativo, de Arturo Chávez Chávez como abogado de la nación.
Lo anterior, al recibir ayer por la noche en el recinto legislativo a poco más de 80 mujeres integrantes de la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres, encabezadas por las ex diputadas Marcela Lagarde y de los Ríos y Angélica de la Peña, quienes pidieron que el Senado no ratifique el nombramiento de Arturo Chávez Chávez como titular de la Procuraduría General de la República (PGR).
Marcela Lagarde y de los Ríos calificó la designación de Arturo Chávez Chávez como «inaceptable y lamentable», pues no reúne las características fundamentales para ser Procurador General de la República.
Aseguró que el trabajo de Chávez Chávez al frente de la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua fue pésimo en el tema del feminicidio, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones durante, «por lo que este día este grupo de mujeres venimos a ratificar lo que todas nuestras compañeras han venido denunciando en los últimos días, que Arturo Chávez no sea nombrado procurador, ya que es un funcionario negligente».
En presencia de los senadores Silvano Aureoles Conejo y José Guadarrama Márquez, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Lagarde y de los Ríos consideró que la simple propuesta de «esta persona para ocupar tan importante cargo es inaceptable, ya que no reúne las características fundamentales de un Procurador».
LEY QUE NO SE APLICA
De ser designado Arturo Chávez en el cargo, no podría dar cumplimiento eficaz a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, además de que ésta sería violentada, advirtió.
En este sentido, el senador perredista Carlos Navarrete Ruiz lamentó que la mencionada Ley sea sólo una norma que no se aplica, ya que no es un punto de referencia en el Estado de derecho. «Es una norma, pero no es un punto de referencia para mujeres y hombres que están al frente de instituciones públicas, es decir, está en las leyes, mas no en la vida cotidiana».
La ex diputada federal solicitó a las y los senadores tengan sensibilidad y recuerden los fundamentos bajo los cuales se aprobó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y enfatizó que «si no hubiese impunidad no existirían feminicidios».
Por su parte, la investigadora Estela Fernández señaló que durante el mandato de Chávez Chavez en la Procuraduría de Justicia de Chihuahua aumentó la impunidad, que no sólo se potenció en Juárez, si no en toda la república.
Durante su mandato, el funcionario responsabilizó a las mujeres de sus asesinatos o de la violencia contra ellas, descalificándolas por su vestimenta; también cuestionó su comportamiento, diciendo «seguramente cuando les pasó, no iban precisamente para la iglesia, las buenas están en casa».
Fue así como el feminicidio en Ciudad Juárez pasó «desapercibido para las autoridades. «Por un gobierno conservador que se dedicó a señalar a las víctimas y a perder un sin fin de pruebas para esclarecer los crímenes de mujeres en el estado. Si este hombre no pudo hacer justicia en Chihuahua como va a poder hacerla en la república mexicana», sentenció Fernández.
En tanto, el presidente del Senado informó a las integrantes de la Red de Investigadoras que no puede adelantar ni el sentido ni posición alguna de los grupos parlamentarios, porque serán ellos quienes lo hagan en Tribuna y explicó que, dada su responsabilidad como presidente de la cámara de senadores, no puede ni debe asumir la representación de los grupos parlamentarios porque no la tiene y debe cuidar que el debate se conduzca de manera libre y abierta.
En este sentido, Navarrete Ruiz auguró un debate intenso en el pleno sobre el tema, debido a las voces críticas y preocupadas que existen en todos los grupos parlamentarios a raíz de las opiniones de organizaciones de mujeres y de la sociedad civil que se oponen a la ratificación de Chávez Chávez; sin embargo, sólo será en la discusión cuando se conozca la posición de cada grupo, reiteró.
Agregó que desde el 8 de septiembre, día en que el Ejecutivo presentó su propuesta –turnada a las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos–, se dio total apertura para que organizaciones de mujeres y no gubernamentales interesadas en opinar, impugnar denunciar y testimoniar, acudieran a las comisiones y los grupos parlamentarios.
Afirmó que ningún tema que se discuta en el Senado debe estar al margen de las y los mexicanos interesados, y para ello este órgano legislativo ha abierto sus puertas, que «espero nunca más se cierren, ni que los temas que interesan a todas y todos los mexicanos se discutan en comisiones cerradas».
Ante la discusión que se daráhoy en el Senado sobre la resolución en relación a la ratificación de Chávez Chávez como Procurador General, la senadora Claudia Corichi García advirtió que frente al posible nombramiento se tendrá que hacer una vigilancia a fondo de su proceder.
Señaló, que «si, como parece, con los votos de las fracciones del Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Verde Ecologista de México, Arturo Chávez es ratificado sin condicionamientos, el nombramiento no puede ser un cheque en blanco, pues pone en riesgo la credibilidad pública en el sistema federal de procuración de justicia, en especial hacia las mujeres.
Puntualizó que desde el senado –y seguramente junto con decenas de organizaciones que trabajan contra la violencia de género– estarán vigilantes de la actuación del próximo procurador, que debe ser legal, eficaz, con sentido social y una particular marcada perspectiva de género.
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