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Con claroscuros, incluyen visión de género en el PND

Por la Redacción
mujeres21cesarmartinez

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 publicado hoy en el Diario Oficial de la Federación (DOF), incluye la perspectiva de género como una estrategia transversal para las acciones de gobierno y las políticas públicas.
 
El documento detalla las cinco metas nacionales a seguir durante los próximos cinco años. Según lo publicado, su objetivo principal es “llevar a México a su máximo potencial”, y para ello establece cinco metas y tres estrategias transversales: “perspectiva de género”, “gobierno cercano y moderno” y “democratizar la productividad”.
 
El pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, adelantó que –por primera vez– se incluiría la perspectiva de género en el PND.
 
El PND se basa en los acuerdos del Pacto por México y se divide en cinco temas: “México en paz”, “México incluyente”, “México próspero”, “México con educación de calidad para todos”, y “México como un actor con responsabilidad global”. En cada rubro hay estrategias a favor de las mujeres.
 
De acuerdo con el documento, un objetivo de la actual administración es garantizar el respeto y protección de los Derechos Humanos (DH), para lo cual sensibilizará a los servidores públicos, promoverá protocolos de respeto a los DH en las Fuerzas Armadas y policías, y fortalecerá los mecanismos de protección de personas defensoras.
 
Ante las críticas de la sociedad civil sobre el uso excesivo de la fuerza de los cuerpos policiacos, la militarización de la seguridad pública y la fallida estrategia de seguridad de la anterior administración, el gobierno federal ofreció más cursos de sensibilización y de respeto a los DH.
 
Asimismo se comprometió a cumplir las recomendaciones y sentencias de organismos internacionales en materia de DH.
 
Cabe recordar que la administración de Felipe Calderón heredó cinco sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), tres de las cuales tienen que ver con los derechos de las mujeres. 
 
México fue condenado por la CoIDH por su responsabilidad en tres asesinatos de mujeres cometidos en el llamado Campo Algodonero de Ciudad Juárez, Chihuahua, en 2001, y por la violación sexual de las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo, agredidas por militares en Guerrero, en 2002.
 
SE LES OLVIDA EL FEMINICIDIO
 
En el tema de “México en paz”, el PND establece una procuración de justicia efectiva enmarcada en el objetivo de garantizar un sistema de justicia penal, eficaz, expedita, imparcial y transparente. 
 
El documento no hace mención al feminicidio, pese a que distintas organizaciones de varios estados han denunciado el incremento en el número de casos, y que en lo que va del año se ha solicitado la declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) por violencia feminicida en Hidalgo, Morelos y Guanajuato.
 
El PND únicamente establece “promover la armonización de protocolos de investigación policial de homicidios de mujeres”, los cuales –cabe acotar– sólo han sido creados en el DF, Colima y recientemente Oaxaca.
 
En el documento se califica como “específicamente grave” la violencia contra las mujeres, y se plantea la necesidad de mejorar  los programas destinados a prevenir, atender, sancionar y erradicar este flagelo.
 
Según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh), 6 de cada 10 mujeres son víctimas de violencia familiar.
 
También se menciona la necesidad de prevenir las formas de violencia contra niñas, niños y adolescentes, que debido a la falta de registro adecuado se invisibilizan, tales como el maltrato, la violencia sexual, la trata y la explotación.
 
Recientemente, la Red Internacional por los Derechos de la Infancia en México (Redim) y la Coalición Regional Contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés) denunciaron la falta de claridad en las cifras en el número de niñas y jóvenes desaparecidas, y cuyos casos podrían estar vinculados a la trata de personas con fines de explotación sexual.
 
Entre las líneas de acción destacan la implementación de medidas especiales orientadas a la erradicación de la violencia de género en distintos niveles de gobierno, así como la coordinación entre los diversos órdenes.
 
También se establecen al menos tres líneas de acción para combatir la trata de mujeres, en las que se establece la tipificación del delito de trata, la realización de campañas de sensibilización en la materia, así como la capacitación a las y los funcionarios sobre “causas, consecuencia e incidencia de la trata de mujeres y las diferentes formas de explotación”.
 
En abril pasado, mediante el informe “Órdenes de protección en México: Mujeres víctimas de violencia y falta de acceso a la justicia”, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) evidenció que del total de mujeres que acudieron a denunciar violencia de género entre enero de 2011 y junio de 2012, sólo al 7 por ciento le fue otorgada una orden de protección.
 
En respuesta, el PND busca “acelerar la aplicación cabal de las órdenes de protección para las mujeres que se enfrentan a riesgos”.
 
FALTA DE CLARIDAD
 
En el capítulo de “México incluyente”, el Ejecutivo estableció en el PND la estrategia  de promover una nueva política de medios, y para ello –aseveró– promoverá la regulación de los contenidos de campañas publicitarias públicas y privadas, a fin de propiciar el pleno respeto de las libertades y derechos de las personas.
 
También se estipula que los medios informativos se usarán para eliminar la discriminación y confrontación social y para incluir a las comunidades indígenas; además se sancionarán las transmisiones que no cumplan con las disposiciones de la Ley Federal de Radio y Televisión y sus respectivos reglamentos.
 
En materia de salud, Daniela Díaz Echeverría, investigadora de Fundar Centro de Análisis e Investigación, consideró positivo el hecho de que en el PND se mencione de forma explícita que se deben “controlar las enfermedades (sic) de transmisión sexual, y promover una salud sexual y reproductiva satisfactoria y responsable”.
 
Sin embargo, aseveró que habría sido más relevante si se hubiese separado en la redacción la salud sexual y reproductiva de las infecciones de transmisión sexual (ITS), dado que el tema es mucho más amplio y de esta forma se le da una connotación negativa, en lugar de abordarlo desde una perspectiva de DH que implique un gozo en el ejercicio de este derecho.
 
Asimismo, Díaz Echeverría señaló que otro indicador importante del PND es el que menciona la tasa de fecundidad en adolescentes, ya que al reconocer esta problemática, de forma implícita se admite que ha existido una resistencia para reconocerlos como sujetos de derecho, desde la educación sexual hasta la distribución de métodos anticonceptivos.
 
Otro elemento que destacó la investigadora es que se hable de la interculturalidad en salud, que es un tema en el que la Coalición por la Salud de las Mujeres ha puesto mucho énfasis en que se garantice la articulación de estos derechos sexuales y reproductivos en la población más vulnerable, como son las adolescentes y las mujeres indígenas.
 
Por último, Díaz sostuvo que si bien es un paso positivo el hecho de que la salud sexual y reproductiva esté presente en el PND, falta ver cómo se construye el Sistema Nacional de Salud, ya que no queda claro en la redacción cómo se construirá e incluirán los elementos de accesibilidad, disponibilidad, aceptabilidad y calidad en los servicios de salud.
 
Por esta razón, la investigadora instó a que las organizaciones civiles se mantengan atentas para que los planes sectoriales estén enmarcados en un proceso de transparencia, participación ciudadana, DH y rendición de cuentas, para que los avances del PND se concreten en políticas públicas que garanticen los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
 
En el tema de migración, el PND reconoce en el apartado de “México con responsabilidad global” que se debe abordar este fenómeno desde la perspectiva de género, dado que el 46 por ciento de la población migrante son mujeres, quienes además enfrentan condiciones de mayor vulnerabilidad.
 
En este sentido, el PND menciona la necesidad de capacitar al personal migratorio sobre las causas, consecuencias e incidencia de la trata de personas y las diferentes formas de explotación a la que son sometidas las mujeres durante su trayecto en la ruta migratoria, así como en la atención que deben otorgar a las víctimas de estos delitos.
 
Asimismo, de forma más general, aborda temas como la separación familiar por las deportaciones y el impulso de acciones para la prevención y promoción de la salud de la comunidad migrante, que afecta la vida de las mujeres que emigran, tanto mexicanas como extranjeras.
 
De igual forma, el PND admite que se violan los DH de la población migrante, principalmente de la procedente de Centroamérica, por lo que refiere que es fundamental un nuevo modelo de gestión y ordenamiento fronterizo, así como de protección de los DH de las y los migrantes y sus familias.
 
Sin embargo, las líneas de acción de esta estrategia no están muy definidas, ya que se tratan de forma aislada en diversos apartados y no de forma integral.
 
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