El Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres denunció que el programa social «La Gran Misión Hijos de Venezuela», que da incentivos económicos a las adolescentes embarazadas, es una política asistencialista que sólo agrava la vulnerabilidad de este grupo poblacional y atenta contra sus derechos reproductivos.
El Observatorio criticó que este programa ?implementado en el país sudamericano apenas el pasado 12 de diciembre? otorgue un apoyo económico por cada hijo menor de edad a las madres jóvenes, lo que incentiva a las adolescentes a embarazarse.
En un comunicado, la organización venezolana señaló que el impacto de esta decisión se puede entender como un «estímulo» a un grave problema social, y además sostuvo que la ayuda es «discontinua e insuficiente».
De acuerdo con el Observatorio, Venezuela tiene la más alta tasa de embarazo en adolescentes en América Latina, ya que del total de nacimientos registrados en 2009 en la región el 23.4 por ciento correspondió a este país.
La agrupación acusó que el Estado venezolano ?encabezado por Hugo Chávez? ha sido omiso en el cumplimiento de acuerdos internacionales y regionales, según los cuales está obligado a diseñar y ejecutar estrategias nacionales y locales, para prevenir los embarazos en adolescentes.
«Dicha dádiva, que por lo demás no resuelve la debilidad económica de ese grupo de venezolanas, contribuirá a incrementar la población en situación de riesgo, que demanda atención y requiere programas especiales que les permitan ejercer los derechos que le consagran la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela», abundó el Observatorio.
La organización hizo un llamado para cumplir con la Ley del Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia y la Ley Orgánica para la Protección del Niño y Adolescente, pues advirtió que en los últimos 10 años se ha incrementado el porcentaje de nacimientos en madres adolescentes.
«Resulta altamente preocupante frente a la situación demográfica actual, caracterizada por la presencia del mayor número de adolescentes en la vida del país. Este segmento poblacional está representado por 8.8 millones de personas entre 10 y 24 años, quienes prontamente iniciarán su actividad reproductiva y laboral», abundó.
«Lo que se requiere es la promulgación de políticas y programas a favor de los derechos de las y los adolescentes en materia de educación, salud, recreación, empleo que se fundamenten en el reconocimiento de que el sano desarrollo de las y los adolescentes es un derecho humano que incluye el derecho a la salud sexual y reproductiva», concluyó el Observatorio.
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