Tipificar el feminicidio y la explotación sexual como delito; promover la creación de un Observatorio Nacional que asegure la eliminación de la violencia contra las mujeres; perfeccionar las leyes electorales a nivel federal y en los estados para asegurar el 50 por ciento de candidaturas tanto de mayoría relativa como de representación proporcional, son algunas de las conclusiones a las que llegaron las y los participantes del Congreso Internacional Camino a la Igualdad de Género: Propuestas.
Dividido en cinco mesas de trabajo, el Congreso Internacional organizado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE); el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y Fondo Desarrollo de las Naciones Unidas para las Mujeres (UNIFEM), se abocó durante dos días a conocer los avances y retrocesos de la Plataforma de Acción de Pekín y las Metas de Milenio, entre las que destacó la necesidad de armonizar las leyes nacionales con las internacionales, para poder cumplir con los objetivos de igualdad, desarrollo y paz para todas las mujeres.
En la mesa 1, Pobreza, Economía y Desarrollo, se resaltó la necesidad de garantizar el acceso y control, así como derechos de propiedad de las mujeres a los recursos naturales, materiales y sociales para mejorar su bienestar, su poder de negociación y autonomía económica.
Revisar los programas federales y estatales dirigidos a apoyar las iniciativas productivas y empresas sociales en manos de mujeres para incorporar la perspectiva de género; formular políticas económicas y comerciales con análisis de género; legislar en relación al trabajo informal y su contratación ya que afecta directamente a la población femenina, fueron otras de las propuestas.
En la mesa 2, Mecanismos de articipación en el ejercicio del poder y la adopción de decisiones, se recomendó a los partidos políticos exigir el cumplimiento de las cuotas de género e incrementarlas al 50 por ciento, e instar a reformar el sistema partidista en México para que las y los candidatos independientes puedan acceder a puestos de elección popular.
Al Legislativo se le recomendó la necesidad de modificar el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), en especial el artículo 175 para que exista la paridad e inclusión de los ayuntamientos municipales y que se considere la cuota del 30 por ciento para puestos de elección popular bajo el principio de mayoría relativa.
En la mesa 3, Violencia contra las mujeres y salud, se propuso que el combate a la violencia se aborde de manera estructural como eje transversal en todos los programas de gobierno; armonizar el código civil, penal, ley de asistencia y de salud con los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres, así como la eliminación de recursos paliativos en casos de violencia contra las mujeres.
Otro aspecto relevante fue la necesidad de diferenciar los indicadores que miden la violencia de la mujer con la violencia familiar; así como la importancia de la reparación del daño material y moral en los casos de violación; además de instar finalmente al Poder Judicial y a las procuradurías generales de Justicia a crear un sistema nacional de peritos certificados y elaborar una ruta crítica de la denuncia de violencia familiar e invitar al Legislativo a contemplar el sexoservicio en la legislación.
En la mesa 4, Educación, la niña y las y los jóvenes y los medios de comunicación, las y los participantes propusieron a nivel federal la revisión y reformulación del currículo de educación básica, media y superior, incorporando planes y programas que promuevan la perspectiva de género; anexar en el currículo escolar la formación sexual y modificar desde la educación básica los estereotipos, roles y patrones de conducta con el fin de que las relaciones dejen de ser sexistas.
Finalmente la mesa 5, Derechos Humanos y conflictos armados, se pronunció por revisar los Acuerdos de San Andrés y modificar lo que corresponda para garantizar mayor equidad en la zona de Chiapas y para las mujeres, y eliminar el fuero militar para que los soldados que violan mujeres, niñas y niños, enfrenten un juicio militar.
Asimismo, eliminar la esterilización forzada a mujeres indígenas y crear una instancia que vigile el cabal cumplimiento del castigo a militares en los casos de delitos del orden civil.
Finalmente, el representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores se comprometió a enviar las conclusiones de las cinco mesas de trabajo a los gobiernos de los estados, institutos de las mujeres, municipios, legisladoras y legisladores, así como tribunales estatales y del Distrito Federal para que los incluyan como iniciativas o como temas de discusión.
«Ojalá prosperen en iniciativas que nos lleven a armonizar los códigos penales en materia de derechos de las mujeres. La lucha no acaba aquí, la lucha empieza», destacó el ministro Ernesto Céspedes Oropeza.
2005/GV/GM
