Con 11 declaratorias de la Alerta de Violencia de Género (AVG) en todo México y 11 solicitudes del mecanismo en proceso, es necesario realizar modificaciones al reglamento, sancionar a quien incumpla su aplicación y generar un diagnóstico para conocer su impacto, señalaron personas expertas en el tema.
Durante el foro “Contexto y seguimientos de las Alertas de Violencia de Género desde la sociedad civil, la academia y el Estado”, organizado por la Red Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) y la Universidad del Claustro de Sor Juana, se reunieron académicas especialistas y organizaciones civiles para dialogar sobre los retos y desafíos que enfrentan al pedir que se active el mecanismo de emergencia para prevenir y atender la violencia feminicida.
En lo que va del año la Secretaría de Gobernación (Segob) declaró la AVG en ocho municipios de Guerrero, cinco de Colima, tres localidades de Quintana Roo, seis de San Luis Potosí y cinco de Sinaloa, y negó el mecanismo para el estado de Puebla.
En su participación, la coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) María de la Luz Estrada, hizo un llamado a defender la correcta aplicación de la AVG, por ser un mecanismo relevante en un contexto de violencia en el que 2 mil mujeres han sido asesinadas en todo el país en los dos últimos años, y donde sólo 25 por ciento de estos casos se han calificado como feminicidio, de acuerdo con los registros del observatorio.
Luz Estrada planteó que se necesitan hacer modificaciones al reglamento -que tuvo su última modificación en 2013- entre aquellas consideró que la AVG debe decretarse a nivel estatal y no municipal como actualmente sucede; también agregar al proceso un paso final para que los estados elaboren indicadores de los resultados que ha dado la implementación de la AVG.
La especialista continuó “que se asegure que el Grupo de Trabajo encargado de investigar y determinar la procedencia de la Alerta sea imparcial en el dictamen con base en los resultados que se considere de las investigaciones”, además de incluir en la normativa la participación de las organizaciones civiles peticionarias en el proceso, más allá de ser únicamente las que tramitan la solicitud, y asegurarse que tengan un presupuesto para vigilar el proceso.
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El director general adjunto de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Francisco Javier Esquinca Cuevas, reconoció que el mecanismo de la AVG “no ha tenido los resultados y avances suficientes porque los niveles de violencia rebasan a la misma institución”, argumentó.
Enfatizó que la efectividad de la implementación de la AVG depende de la “voluntad política” de cada gobierno estatal, por lo que está más allá de sus capacidades como institución pública “imponer una manera de pensar al Estado”, y agregó que por ello se han gastado grandes cantidades en la capacitación y sensibilización de funcionarios públicos.
Luz Estrada replicó y pidió a Conavim, sancionar a los funcionarios públicos que no cumplan con las obligaciones que adquieren las entidades al decretar la Alerta o a quienes no respeten los procesos establecidos, pues esta instancia dependiente de la Segob, es la responsable de asegurar el pleno funcionamiento del mecanismo.
Ejemplificó que hace unos días se cumplieron dos años de la AVG en el Edomex. “Yo podría decir que no ha funcionado. En esos dos años tenemos registrados 626 asesinatos de mujeres”, y calificó como una simulación de los gobiernos locales al momento de atender la Alerta.
De acuerdo con Javier Esquinca, actualmente Conavim se encuentra trabajando en un diagnóstico para conocer el impacto del instrumento, además de estar en diálogo con organizaciones civiles para presentar las reformas que se necesitan hacer al reglamento de la AVG.
Otros de los estados donde está decretada la Alerta es el Estado de México, Chiapas, Nuevo León, Michoacán y Veracruz, que tiene un segundo proceso por agravio comparado.
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