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Concierto de autoridades para perjudicar a Lydia: ministro Góngora

Por Lourdes Godínez Leal

El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Genaro Góngora Pimentel reconoció que Lydia Cacho fue víctima de tortura psicológica durante su detención y traslado de Cancún a Puebla, en diciembre de 2005, y sostuvo que las llamadas telefónicas entre el empresario Kamel Nacif y el gobernador de Puebla, Mario Marín, sí deben considerarse como prueba en la indagatoria.

Al retomar el día de hoy la discusión del caso de la periodista Lydia Cacho Ribeiro en el máximo tribunal de justicia del país, luego de que el 20 de agosto de este año se fijaran los lineamientos que regirán las investigaciones que emprenda la Corte, Góngora Pimentel argumentó que “los indicios recabados por la comisión investigadora sustentan plenamente las conclusiones del dictamen” emitido por el ministro encargado de la indagatoria, Juan Silva Meza, sobre la violación grave de garantías.

Góngora Pimentel avaló la conclusión del dictamen emitido el 26 de junio de este año por el ministro Silva Meza, mismo que fue pospuesto hasta determinar los lineamientos que debería seguir la investigación, en el sentido de que sí “hubo concierto de autoridades con el objetivo de perjudicar a la periodista Lydia Cacho en el que tuvo injerencia de manera directa el gobernador del estado de Puebla”.

En tanto, el ministro encargado de la investigación Juan Silva Meza expuso que, como se indicó en los lineamientos, se enviaron copias certificadas del informe preliminar a los órganos que solicitaron el ejercicio de la facultad de investigación: Congreso de la Unión, y las autoridades vinculadas directamente con los hechos.

El ministro explicó “que se pusieron a disposición de las autoridades todos los expedientes que derivaron de la investigación” y se les permitió la consulta integral de todo el material probatorio, incluida la reproducción de diversos videos con declaraciones de personas que participaron en la investigación.

“Se dieron todas las facilidades para que se informaran del asunto y pudieran estar en aptitud para formular nuevamente sus alegaciones y aportar la documentación que consideraran oportuna para sustentarla”, alegó Silva Meza.

Recordó que la SCJN decidió ejercer su facultad de investigación y por la presunta violación grave a las garantías individuales de Cacho y que la comisión encargada de ejercer esta indagatoria, encabezada por él, utilizó todo medio de prueba para realizarla.

Silva Meza cuestionó que las llamadas telefónicas y las cintas de audio (audiocasetes) “hayan sido descartados como líneas de investigación”, ya que sostuvo que una hipótesis consiste en un hecho no inobjetable sino sujeto a prueba, como en el caso que tuvo el contenido de la grabación.

No obstante, el ministro dejó muy claro que la información recabada recientemente a partir de los lineamientos por los involucrados “no tiene el mérito de variar las conclusiones del informe preliminar, ya que no tienen fuerza en su contenido para desvirtuar la vehemencia de los indicios que del causal probatorio se desprende”.

COMPETENCIAS

Al igual que en su informe preliminar, el Ministro sostuvo que en cuanto a las competencias para intervenir en el caso de la periodista Lydia Cacho, el Congreso de la Unión deberá ser la instancia que determine la situación de Marín, el llamado gober precioso.

A las legislaturas locales de Puebla y Quintana Roo compete decidir qué pasará con el magistrado presidente del Tribunal de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Puebla, así como a los procuradores de Justicia de Puebla y Quintana Roo.

Mientras el Tribunal Superior de Justicia de Puebla será el responsable de decidir sobre la conducta de los funcionarios judiciales, en particular de la jueza quinto de lo penal de Puebla.

Sobre la pederastia, pornografía y explotación sexual infantil, el ministro Silva Meza puntualizó que corresponderá a las instituciones dependientes de la Procuraduría General de la República “investigar, perseguir y combatir con toda la fuerza del Estado cualquier acto de esta naturaleza”.

La discusión del caso de la periodista continuará mañana en la SCJN.

07/LGL/GG/CV

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