El caso de Amalia, la joven embarazada originaria de León, Nicaragua, que fue obligada por el Ministerio de Salud a continuar con su embarazo, pese a que fue diagnosticada con cáncer, tuvo un desenlace que ya se predecía: el pasado sábado presentó un parto prematuro y el feto nació muerto.
La muerte del feto – tan pequeño que cabía en la palma de la mano- ocurrió a causa de las ocho sesiones de quimioterapia que recibió, destacó en entrevista con Cimacnoticias, Mayte Ochoa, integrante del Grupo Estratégico por la Despenalización del Aborto Terapéutico en Nicaragua.
Amalia, a sus 27 años de edad, fue diagnosticada con un cáncer que se propagó por sus pulmones, cerebro y senos, sin embargo las autoridades de salud de aquel país, decidieron tratarle la enfermedad y no interrumpir la gestación, con el argumento de que la ley no permite el aborto.
Alrededor de las tres de la madrugada del sábado pasado, Amalia presentó síntomas de parto prematuro, y parió sola en su casa. Horas más tarde llegaron los servicios de salud, quienes la atendieron y la hospitalizaron, dijo Mayte Ochoa, quien mencionó que la joven ya se encuentra estable y recibe atención médica.
La también activista destacó que Amalia es una mujer de bajos recursos económicos que obtuvo atención médica de «vanguardia» gracias a la denuncia pública del caso y debido a la persistencia de las autoridades por «demostrar lo indemostrable»: que una mujer debe continuar con un embarazo, aunque éste ponga en riesgo su vida.
En marzo pasado, los médicos concluyeron que Amalia debía someterse a quimioterapias pero sin abortar.
Ello ocurrió luego de que el 26 de febrero organizaciones de la sociedad civil, como el Grupo Feminista de León, el Grupo Estratégico para la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ipas Centroamérica y Women´s World Wide, pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgar medidas cautelares para salvaguardar su vida y su salud.
Las organizaciones no lograron que Amalia tuviera el derecho de interrumpir su embarazo, pero sí de que se le proporcionara un tratamiento adecuado para el cáncer. El tratamiento fue de los más avanzados, a ella se le cuidaba mucho, incluso las autoridades de salud la llevaban de su casa al hospital, todo con el objetivo de demostrar que el sistema de salud es eficiente y que el aborto terapéutico no es necesario.
Sin embargo no es así, señaló Mayte Ochoa. Precisó que el único fin era reafirmar que el aborto terapéutico dejó de ser un derecho desde el 26 de octubre de 2006, cuando la Asamblea Legislativa Nacional derogó la ley que permitía este procedimiento cuando corría peligro la vida de la mujer.
Ante la penalización del aborto bajo cualquier circunstancia, en 2007, el Grupo Estratégico para la Despenalización del Aborto Terapéutico interpuso una acción de inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia, un proceso que aún no tiene respuesta.
La activista nicaragüense dijo que con este hecho no termina la denuncia contra el Estado, a quien no le importa la salud de las mujeres, pues las somete a tortura cuando las obliga a continuar con un embarazo no deseado, sin darles ninguna opción, ni garantizar su derecho a decidir.
Reiteró que seguirán trabajando para evidenciar que el gobierno sólo actúa bajo presión de organizaciones nacionales e internacionales, lo cual es una prueba de que sigue siendo negligente, pues en el caso de Amalia, aún no se sabe qué nivel de retroceso ha tenido su cáncer, porque los médicos no podían hacerle una tomografía, por el embarazo.
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