El Comité de expertas de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), condenó a Perú por violar los Derechos Humanos (DH) de una adolescente de 13 años, a quien le negó el aborto legal a pesar de que el embarazo se debió a una violación tumultuaria y ponía en riesgo su salud.
El Comité de la CEDAW determinó que el Estado peruano debe eliminar las restricciones al aborto para que casos como el de L.C. (las iniciales son un seudónimo para proteger la identidad de la víctima) no se repitan, informó en un comunicado la organización regional Centro de Derechos Reproductivos.
La decisión histórica del organismo de Naciones Unidas significa que Perú tendrá que revisar su legislación para establecer un mecanismo que asegure servicios de aborto legal en caso de que el embarazo sea producto de violación sexual, y cuando la salud o la vida de las mujeres estén en peligro.
En el país andino el aborto es legal en esas circunstancias, pero en los hechos no se cumple. Un claro ejemplo es el caso L.C., presentado ante el Comité de la CEDAW por las asociaciones Centro de Derechos Reproductivos y el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos.
L.C., de apenas 13 años, fue violada en repetidas ocasiones por diferentes hombres de su barrio durante cuatro años. Cuando descubrió que estaba embarazada se lanzó desde el techo de una casa, pero falló en el intento de suicidio.
Por la caída sufrió una lesión de columna que pudo haberse reparado con una cirugía, pero los médicos se negaron a intervenirla porque el procedimiento podía perjudicar su embarazo.
Posteriormente L.C. tuvo un aborto espontáneo y hasta entonces estuvieron dispuestos a operarla, pero el retraso perjudicó el resultado de la intervención y la adolescente quedó cuadripléjica.
«El caso de esta joven ilustra las consecuencias terribles de que los gobiernos le nieguen a las mujeres el acceso a la gama completa de servicios de salud reproductiva, a los que tienen derecho. Vamos a seguir presionando a Perú para que salvaguarde los derechos reproductivos de las mujeres no sólo en el papel, sino en su vida diaria», aseguró Nancy Northup, presidenta y directora Ejecutiva del Centro de Derechos Reproductivos.
La decisión de la ONU en este caso «deja claro que en materia de Derechos Humanos los Estados tienen la responsabilidad de disipar la creencia tan perjudicial de que se le debe dar prevalencia a la vida del feto por encima de la salud de las mujeres», indicó Mónica Arango, directora regional para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos.
Abundó que «obligar a una mujer a llevar a término un embarazo que pone en riesgo su salud física o mental es discriminación pura».
Las especialistas en el tema coincidieron en que la determinación de la ONU aclara que negar el acceso a servicios médicos esenciales, incluyendo el aborto, es una violación a los DH de las mujeres.
El Comité de la CEDAW estableció que Perú incurrió en violaciones al derecho a la salud sin discriminación, a la obligación de eliminar estereotipos de género y al derecho a acceder a reparaciones efectivas.
Además de la revisión de su ley en materia de aborto, el comité ordenó al Estado peruano que proporcione a L.C. medidas de reparación del daño que incluyan la indemnización adecuada y la rehabilitación correspondiente.
La reciente determinación de las expertas de la CEDAW refuerza la emitida por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas contra Perú en 2005, que tras analizar el caso de K.L., una adolescente de 17 años obligada a llevar a término la gestación de un feto con malformaciones que le impedirían sobrevivir al nacer, estableció que «negar el acceso a servicios de aborto legal viola los derechos humanos más básicos de las mujeres».
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